BLOG

En la Colombia que trata de consolidar la paz tras la firma de los acuerdos con las FARC, hace 11 meses, la violencia contra los líderes sociales, activistas y representantes de las comunidades campesinas aún no se ha detenido. La Defensoría del Pueblo calculó el pasado verano que, hasta julio, murieron 186 personas en un año y medio. Según la Fundación Paz y Reconciliación, desde el 24 de noviembre de 2016 se han registrado 89 asesinatos y 282 ataques. El presidente del Gobierno, Juan Manuel Santos, convocó ayer a una comisión de seguridad encargada de analizar esta emergencia.

Una de las últimas agresiones se produjo el martes en el municipio de Tumaco, en el suroeste del país, donde recrudece la guerra por el control de la coca. La víctima fue José Jair Cortés, del Consejo Comunitario del territorio de Alto Mira y Frontera, organización que había denunciado la muerte de siete personas durante una protesta cocalera el pasado 5 de octubre por la que fueron relevados más de 100 policías. Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo repudiaron el asesinato y exigieron esclarecer lo sucedido.

El asesinato de Cortés es un síntoma de la todavía precaria estabilidad del campo colombiano por dos razones. A la indefensión que sufren los líderes comunitarios frente a las bandas criminales y los restos de la insurgencia se añaden en este caso las circunstancias específicas del lugar donde ocurrió. Tumaco, en el departamento de Nariño, es uno de los territorios más inestables del país. En ese puerto del Pacífico existe una disputa entre 11 grupos ilegales. Entre ellos se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que acordó un alto al fuego con el Gobierno hasta enero, el cartel del Clan del Golfo y las Guerrillas unidas del Pacífico. Los otros departamentos más afectados son el Cauca, Antioquia y Caquetá, apunta Ariel Ávila, subdirector de la fundación, que subraya la complejidad de este fenómeno.

Uno cada cuatro días

“En Colombia matan a un líder social en promedio cada cuatro días”, afirma este analista. En su opinión, existe una “sistematicidad” de estos ataques, porque las víctimas coinciden con el perfil de representantes locales “que buscan la verdad, la memoria o la restitución de tierras, quieren participar en política o que denuncian economías ilegales”. No obstante, como ya destacaron el Ejecutivo y la Fiscalía hace meses, los agresores son de distinto tipo y las causas son múltiples. Además, el debate en torno a esta emergencia está marcado por lo que Ávila considera un “problema semántico”. “La izquierda y muchas fundaciones dicen este es un problema de paramilitares. No, es un poco más complejo”, opina.

Detrás existe un entramado de organizaciones criminales que actúan, sobre todo, en un contexto de disputa por el control del narcotráfico. Y hay una creciente tensión, sobre todo en algunos territorios como la costa del Pacífico,entre las comunidades cocaleras y el Estado, que se comprometió a erradicar 50.000 hectáreas de coca este año y tiene que lidiar con la presión de Estados Unidos. El vicepresidente de Colombia, el general Óscar Naranjo, se trasladó a principios de mes a Tumaco para tratar de abordar esta crisis.

Los cálculos de este goteo de ataques son complejos y, según el criterio utilizado, no siempre se trata de representantes comunitarios. Naciones Unidas cifró la pasada primavera, en su último informe, estos atentados en 127 e instó a las autoridades a “reconocer el asesinato de defensores de derechos humanos como una situación grave”.

Antes estas circunstancias, el Gobierno de Santos ha decidido redoblar la maquinaria activando al Consejo Nacional de Garantías de Seguridad “para analizar los hechos que han afectado a la seguridad de líderes sociales”. Esta comisión, creada a principios de 2017 durante la primera fase de aplicación de los acuerdos de paz, está integrada por los ministros de Defensa, Interior y Justicia, el fiscal general, el procurador, el defensor del pueblo, el comandante de las Fuerzas Armadas, el director de la Policía, tres expertos y dos defensores de los derechos humanos.

Su objetivo consiste en “el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables homicidios y masacres, que atenten contra defensores de los derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos”.

El País/Francesco Manetto