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A Miriam Rodríguez la mataron por ser madre. Esta semana, unos pistoleros entraron en su casa y acabaron con su vida. Fue en San Fernando, Tamaulipas, en el norte de México. Fue, quizá, un aviso a todos los que preguntan más de la cuenta. O protestan. O simplemente tratan de saber.

Miriam lideraba un grupo de familiares de personas desaparecidas en San Fernando. A su hija se la habían llevado en 2012. Dos años más tarde, sus restos aparecieron en una fosa clandestina. La madre inició una cruzada para saber quién había sido. Cuando lo descubrió, no paró hasta que las autoridades actuaron. Y funcionó. Los asesinos acabaron en la cárcel y Miriam se convirtió en un referente para todas las familias que se encontraban en una situación parecida.

Y eran muchas. De hecho, lo siguen siendo. En un país con 30.000 desaparecidos, Tamaulipas lidera la clasificación estatal con 5.500 casos. Las familias de San Fernando construyeron una red de protesta. Armados únicamente con el nombre de sus hijos e hijas, exigían que el Gobierno los buscara. Que atrapara a los culpables.

En marzo, uno de los responsables de la desaparición y la muerte de la hija de Miriam se escapó de la cárcel. Tras el asesinato de la activista, las otras familias vincularon ambos hechos. El Gobierno del Estado no tardó en negarlo. El procurador de justicia, Irving Barrios, dijo que las autoridades habían recapturado al prófugo. No podía ser, concluyó, que el asesino de la madre y la hija fuera la misma persona.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, escribió un tuit esta semana que aseguraba que Miriam no se convertiría en otra estadística. Pero parece que se equivoca. Miriam ya es una estadística: en diez años de guerra contra el narco en México, al menos 15 familiares de personas desaparecidas han sido asesinados en el país. Eso sin contar a los activistas que defienden el medio ambiente o los derechos de la comunidad LGBT.

La misma historia

Desde arriba se ve el jardín y la luz de algunas farolas. Es de noche. En la acera, junto a la calzada, se intuyen unos carteles. Un coche blanco se para, baja un hombre. Se acerca a la acera, saca una pistola y…

Marisela Escobedo llevaba varios días instalada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Los carteles eran suyos. En uno acusaba a los jueces que habían absuelto al asesino de su hija. En otro, al propio asesino, Sergio Barraza. Aquella noche, 16 de noviembre de 2010, un hombre se bajó de un carro blanco, se acercó y trató de matarla. Las imágenes de la cámara de seguridad muestran la escena desde lo alto. No se sabe si le dijo algo antes de disparar, si ella pudo identificarlo. Marisela trató de huir, cruzó la calle entre los coches y llegó la acera de enfrente. El asesino la alcanzó ahí. Un disparo en la cabeza.

Marisela se había convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia. En 2010, 306 mujeres fueron asesinadas solo en Ciudad Juárez, la ciudad más importante del Estado. En 2008, el año de la desaparición y la posterior muerte de su hija, fueron 87. Marisela denunció y denunció. Marchó vestida de carteles por las carreteras del estado. Se plantó en el centro de la Ciudad de México, exigiendo justicia. Tuvo que contar en innumerables ocasiones los detalles de la muerte de su hija. La joven había desaparecido en agosto, encontraron sus restos en septiembre, huesos quemados. Barraza nunca volvió a la cárcel. Años más tarde cayó en un enfrentamiento con el Ejército.

Guarida Zeta

Jenny Isabel Jiménez desapareció el 21 de mayo de 2011. Nunca la encontraron. Ella y su familia vivían en Tihuatlán, un pueblo del norte del Estado de Veracruz. Aquella noche, Jenny y tres amigos salieron a comer unos tacos y eso fue lo último que sus padres supieron de ella.

Por aquel entonces, Los Zetas dominaban la entidad. Sobre todo la parte norte. El cartel más sanguinario de la historia del crimen en México peleaba a degüello con el Cartel del Golfo para hacerse con el corredor norte, los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Pero Veracruz era suyo y no había quien le discutiera.

Los padres de Jenny, Jesús y Francisca, la buscaron. Casi en la clandestinidad, empezaron a organizarse. Preguntar cómo, quién. Alguna pista, la que fuera. Con el paso de los años, familias de otras partes del estado hicieron lo propio. Surgieron asociaciones de familiares de desaparecidos en la zona norte, en el centro, en el sur. Hace apenas unos meses, todos los grupos se federaron en una gran brigada. Jesús Jiménez, el papa, fue parte importante de aquello.

Los Zetas se rompieron en el norte de Veracruz hace tiempo. Muerto su líder, Heriberto Lazcano, su segundo en la zona, Ciro González, El Puchini, tomó su lugar. El año pasado, las autoridades dieron con él y las bandas que quedaron en la zona iniciaron una pugna por la plaza.

El señor Jesús Jiménez murió asesinado en junio del año pasado. Lo mataron a balazos. ¿A quién molestó? ¿Quién se oponía a la búsqueda? Son preguntas que, probablemente, ayudaran a cavar su tumba.

El País