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Gobernantes que justifican sus políticas de seguridad con ataques a inmigrantes y refugiados han convertido a este mundo en un lugar más peligroso. Y América Latina no ha salido indemne, sobre todo porque desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca su “retórica del odio” ha calado en gobiernos como Argentina, donde un decreto presidencial endureció las políticas de acogida. Ese ha sido el resumen de la situación regional de los Derechos Humanos en 2016 elaborado por Amnistía Internacional (AI), un texto de 477 páginas que la organización presentó en Buenos Aires con información de159 países.

“2016 muestra en América Latina un gran retroceso en Derechos Humanos. Fue la región más desigual y violenta del mundo y lo más grave es que la sociedad no reacciona”, dijo Mariela Belski, directora de AI Argentina. La presentación tuvo un capítulo especial para Venezuela. El director de AI en ese país, Marcos Gómez, destacó “algunas señales positivas”, como la liberación de un preso de conciencia y sentencias relacionadas con las muertes registradas en las manifestaciones de 2014, pero denunció que el gobierno de Nicolás Maduro promueve aún “la detención arbitraria” de opositores y el uso de tribunales militares contra civiles. Con todo, “el gran problema de la gente común en Venezuela es la crisis económica, que es real”, sentenció Gómez.

Marcos Gómez, director de Amnistía Venezuela.
Marcos Gómez, director de Amnistía Venezuela.
Amnistía Internacional registró en 2016 un viraje hacia políticas cada vez más duras contra los inmigrantes y los refugiados. Y Trump vaticina que este año no será mejor. “La retórica del odio en boca de líderes internacionales genera esta idea de ellos contra nosotros. Y esto que está sucediendo en Estados Unidos está teniendo correlatos en el mundo y, paradójicamente, en Argentina como primer país.

A dos días de la asunción de Trump, Macri cambió una ley migratoria, que tuvo 10 años de debate, con un decreto de necesidad y urgencia, urgencia que no hay”, dijo Belsky. El 30 de enero pasado, el presidente argentino facilitó y aceleró los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos. La norma mereció el rechazo de países como Bolivia, origen de1,5 millones de inmigrantes en Argentina, al punto que el presidente Evo Morales envió una delegación oficial para conocer de primera mano los alcances de la norma. AI también criticó lo que consideró un “doble discurso” del gobierno argentino en un tema tan sensible como la inmigración. “Cuando Macri saca el decreto [la canciller Susana] Malcorra asumía ante la CELAC un compromiso de migración abierta. Hay diálogos paralelos. Afuera Argentina se muestra mucho más comprometido y progresista que hacia adentro”, dijo Balsky.

El informe dedicó también una atención particular a Venezuela, donde “el Gobierno puso en peligro la vida y lo derechos humanos de millones de personas al negar la existencia de una grave crisis humanitaria y económica y al rechazar pedir ayuda internacional”. “El problema es que no hay transparencia, no hay estadísticas ni datos precisos. Este año habrá una inflación de 800%, hay escases de insulina y otros medicamentos básicos y una caída real del salario. Las medidas oficiales son retóricas e incentivan las discriminación”, dijo Gómez. El representante de AI en Venezuela reconoció “señales positivas”, como la liberación de presos políticos y condenas a responsables de violaciones a los derechos humanos. Pero recordó que hay problemas estructurales que no se resuelven. Puso como ejemplo los casos del opositor Leopoldo López, condenado a 13 años y 9 meses de prisión, y del abogado argentino Marcelo Crovato, “arrestado en 2014 cuando trataba de defender a un vecino mientras estaba siendo allanado”. “Crovato está ahora peso en su casa, pero en prisión intentó suicidarse”, dijo Gómez.

El apartado dedicado a México describe un “aumento notable de la violencia” ene se país “Las autoridades registraron 36.056 homicidios hasta el final de noviembre, la cifra más elevada desde el inicio del mandato del presidente Peña Nieto en 2012 y 3.000 más que en 2015”. En ese contexto, Amnistía denunció que “se sigue empleando personal militar en operaciones de seguridad pública, y la violencia en el país continuaba siendo generalizada”. Además “siguen recibiéndose informes de tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias”.

En Brasil, AI describió un escenario de excesos policiales, sobre todo contra “las personas jóvenes y los varones negros de las favelas y los barrios marginales. También se intensificaron las violaciones de derechos humanos y la discriminación contra las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes”. La ONG fue especialmente dura con las políticas de control social aplicadas en Río de Janeiro durante los Juegos Olímpicos. “El número de personas muertas a manos de la policía en esa ciudad durante el periodo inmediatamente anterior a los juegos, entre abril y junio, aumentó un 103% en relación con el mismo periodo de 2015”, escribieron los relatores de AI en Brasil.

El acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue considerado por AI como uno de los dos hechos más relevantes de 2016 en materia de Derechos Humanos, junto con el viaje a Cuba del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Advirtió, sin embargo, que en Colombia “persistían las dudas sobre si el acuerdo garantizaría que todas las personas sospechosas de ser penalmente responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra rindieran cuentas con arreglo al derecho internacional”.

Mujeres, LGBTI, indígenas, descendientes de africanos

Las mujeres, los colectivos homosexuales o transexuales, las minorías indígenas o los descendientes de africanos son algunos de los que más sufren el deterioro de los derechos en la región.

Pese al pesimismo generalizado, el informe de AI recoge dos hechos positivos, el acuerdo de paz con la guerrilla en Colombia y el restablecimiento de las relaciones entre EE.UU. y Cuba impulsado por el anterior inquilino de la Casa Blanca, Barack Obama.

Pero ambos hechos no están exentos de problemas, puesto que en el caso cubano se mantienen los ataques a la libertad de expresión y asociación, mientras que en Colombia no se ha afrontado el de la impunidad de aquellos que cometieron violaciones graves de los derechos humanos. En este segundo país, Geneviève Garrigos, responsable por el informe anual de la organización Amnistía Internacional en la región de América Latina, afirmó que el año pasado fueron asesinados 75 defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios.

El País y La Vanguardia