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Elias Camhaji

Estado para impedir su llegada al poder, el mandatario ha debido lidiar con el desgaste político, gobernar con una minoría en el Congreso, afrontar la suspensión y fragmentación de su partido y luchar para llevar a buen puerto una serie de nombramientos en instancias clave del Estado, como la Fiscalía General y el Tribunal Supremo Electoral. A todo eso se suman las turbulencias, las presiones y las responsabilidades propias del cargo. «Es complicado, pero no imposible», afirma Arévalo sobre su día a día en la silla presidencial. De visita en Madrid en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, el único presidente progresista de Centroamérica analiza en una entrevista con EL PAÍS la actualidad política de la región y hace balance a poco más de un año de concluir su mandato.

Pregunta. ¿Cómo definiría el estado de salud de la democracia en Guatemala?

Respuesta. Mucho mejor de cómo lo encontramos cuando yo tomé posesión. Antes teníamos una Fiscalía que estaba capturada por una élite político-criminal que extendía sus tentáculos a través de chantajes y todo tipo de cosas hacia el conjunto del sistema político. De hecho, mi victoria en las elecciones fue una recuperación del Ejecutivo, que estaba también en manos de esta red criminal.

Desde entonces, estamos en un proceso para luchar contra la corrupción y fortalecer las instituciones democráticas. Este año se daba una condición muy rara, muchas autoridades cambiaban de mando en un lapso de unos pocos meses. Al final, a pesar de todos los augurios negativos que había, lo hemos conseguido. La Fiscalía General se recuperó y tenemos ahora un fiscal que es un hombre de derecho y que sigue lo que establece la ley. Se ha elegido un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Hemos hecho un cambio de contralor… La salud democrática de Guatemala está mucho mejor, pero la tarea no ha terminado.

P. Un 78% de los guatemaltecos desaprueba su gestión. ¿Le preocupa eso?

R. Mire, sí me preocupa en la medida que refleja un déficit de información y una prevalencia de redes de desinformación. Generalmente, lo que se dice «es que no se está haciendo nada». Y ahí es donde nosotros estamos concentrados. Las inversiones que hemos venido haciendo en salud, educación, carreteras y política social está dando resultados y necesitamos que la gente vea que estamos invirtiendo en sus comunidades.

P. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha sido un desafío para el mundo entero. ¿Cómo gestiona las presiones de EE UU?

R. La relación con Estados Unidos se desarrolla sobre la base de intereses comunes. Los cambios de Administración generalmente lo que comportan son cambios de énfasis, matices pero la agenda es una. La lucha contra el narcotráfico es para nosotros una tarea fundamental, porque es causa y a la vez efecto de la corrupción que penetra dentro del sistema político.

Hemos entendido que la migración es un problema de desarrollo y que necesitamos desarrollar las zonas más pobres del país para lograr contener esa hemorragia de seres humanos creativos y capaces que se van a buscar el futuro a otro país porque no lo encuentran en el nuestro. Al mismo tiempo, una vez que la Administración Trump definió una política para expulsar a inmigrantes, entendimos que teníamos que organizarnos para que su regreso fuera en condiciones dignas.

El tercer eje es el comercio y la inversión. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y la fuente principal de las inversiones extranjeras. Cuando la Administración Trump anunció cambios en la política comercial, nos preparamos y hemos tenido una negociación exitosa: alrededor del 75% de nuestros productos de exportación entran con arancel cero a Estados Unidos.

P. The New York Times publicó que habían acordado operaciones militares de Estados Unidos en territorio guatemalteco contra el narco. Su Gobierno lo negó. ¿Cuál es la línea roja en la cooperación en seguridad?

R. La línea roja es lo que establece nuestra Constitución. El establecimiento de bases militares, el paso de fuerzas militares o la operación de Fuerzas Armadas extranjeras en Guatemala requiere de la aprobación del Congreso de la República, lo que no ha tenido lugar. En ausencia de esa situación, lo que hemos firmado es una colaboración en la lucha contra los carteles de la droga, en cuanto a material y equipamiento, capacitación, inteligencia y acompañamiento para el diseño de operaciones de tipo táctico, es decir, presencia no armada. Lo que no existe en Guatemala, y ese es el error de The New York Times, son soldados norteamericanos involucrados en operaciones armadas porque legalmente no se puede.

P. Daniel Ortega afirmó que en Nicaragua no volverá a haber elecciones. ¿Qué puede hacer Centroamérica ante una dictadura en su propio vecindario?

R. En Centroamérica, y en general en América Latina y el mundo, tenemos que reafirmar el principio de la democracia y negarnos a la normalización del autoritarismo o inclusive de regímenes dictatoriales en nuestro entorno. Además, todos los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) tenemos un compromiso fundamental con la democracia. Debemos retomar esos principios para orientar la política de nuestros países, pero también nuestras relaciones internacionales. En el caso de Nicaragua, lo que esperamos es que se den las condiciones para que haya un retorno lo más ágil posible a un sistema democrático.

P. ¿Qué significa el triunfo de Lula para la izquierda latinoamericana?

R. Ha sido un gran triunfo. Es un triunfo muy importante precisamente para reafirmar los principios de quienes creemos que el crecimiento económico tiene que venir de la mano del desarrollo. Que no hay democracia sin justicia social en la misma medida en que no hay justicia social sin democracia. Y que para poder seguir adelante, los sistemas políticos en América Latina tienen que cultivar con el mismo énfasis ambas partes de la fórmula.

P. ¿Qué lecciones deja de cara a las elecciones de junio de 2027?

R. La principal para Guatemala es la demostración de que se puede gobernar desde la decencia. Somos un país que se había visto muy acostumbrado a la sucesión de regímenes corruptos. Había casi una aceptación de que la política tiene que ir acompañada inevitablemente de la corrupción. Estamos luchando para romper con eso. Lo segundo es que la gestión pública se justifica en los resultados que le da a la población. Los actos del Gobierno tienen que ser medidos y evaluados en índices de educación, salud, desarrollo e infraestructura, en la generación de condiciones que permitan que el país en su conjunto viva mejor.

P. Lo que más preocupa a los guatemaltecos es el costo de la vida, pero muchos de los golpes al bolsillo tienen que ver con la guerra en Oriente Próximo o el fenómeno de El Niño. ¿Qué se puede hacer como presidente de un país pequeño?

R. Lo primero es identificar las medidas que sí se pueden tomar y que, aunque sean limitadas, pueden mitigar el impacto de estas variaciones externas, que no dependen de nosotros. Se han eliminado temporalmente los impuestos a los combustibles. Tenemos un subsidio para que la mayoría de la población cubra su factura de electricidad. En el caso de El Niño, está afectando a cientos de miles de familias que están perdiendo sus cosechas y lo que estamos haciendo es entregar granos para evitar las consecuencias de una hambruna que pudiera surgir de una sequía no atendida.

Lo segundo es fomentar la producción. Tenemos, por ejemplo, el programa Mano a mano en los municipios más pobres del país y parte de ese esfuerzo es promover el desarrollo de huertos para familias que están en extrema pobreza. Al final, la única respuesta es sostener las transformaciones que permiten que nuestra economía crezca. Hemos mantenido un crecimiento por encima del 4%. Todo esto sumado al diseño de un presupuesto que aumenta el nivel de inversión en gasto social, educación, salud

P. El asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa ha conmocionado al país. ¿Qué significa este crimen para Guatemala?

R. En cuanto sucedió este asesinato horrible, la policía anunció que había capturado a dos personas y que se les había encontrado un arma. La investigación de la Inspección de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público descubrió que era un arresto sin ningún fundamento. Lo primero que se hizo fue dejar libre a estas personas y ahora están ya sometidos a juicio los siete miembros de la Policía que estuvieron involucrados en este arresto arbitrario y espurio. Por otro lado, la investigación avanza para dar con los autores reales del crimen. El Ministerio Público la está llevando muy rápido y de manera transparente.

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