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El abogado republicano Luis Silva, subsecretario de Justicia del Gobierno de José Antonio Kast, ha sido destituido este viernes de su cargo como número dos del ministerio, según ha informado el Ejecutivo, que también ha ratificado el nombramiento de la abogada Josefina Soto Larreátegui como su reemplazante.

Su caída ocurre en medio de la profunda crisis política que enfrenta la Administración de extrema derecha por la firma de decretos que permitieron las rebajas a las condenas de 56 pederastas, los que se encuentran en libertad.

La remoción se concreta luego de que el subsecretario publicara el jueves un video en sus redes sociales en donde explica la controversial firma de los beneficios a los sentenciados. De acuerdo con las versiones difundidas por los medios chilenos, la publicación de este registro no fue informada al ministro de Justicia, Fernando Rabat, ni a los equipos comunicacionales del Palacio de La Moneda.

Silva firmó al menos 10 rebajas de condenas a criminales sexuales y, además, respaldó el beneficio ante la Corte de Apelaciones para dos exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet. En el video que difundió en redes sociales desde su puesto de trabajo la noche del jueves, intentó explicar su papel en los polémicos decretos.

El abogado aseguró que los había firmado como ministro subrogante siguiendo el criterio que había tenido el ministro Rabat. Durante este viernes, el propio Silva dijo que su propósito fue informar y admitió no haberlo consultado con su superior. “Lo único que yo agregué fue la explicación de por qué el subsecretario firma”, dijo el republicano, que se desempeñó como consejero constitucional en el segundo proceso chileno constituyente en 2023, fallido como el primero.

Una vez conocida la caída de Silva, el ministro Rabat ha publicado un breve mensaje en su cuenta de X en el que ha destacado el trabajo del número dos de su ministerio. “Quiero expresar mi reconocimiento y gratitud a Luis Silva por su trabajo, compromiso y lealtad durante estos ocho meses. Fue un estrecho colaborador y valoro profundamente su aporte. Luis te agradezco sinceramente todo lo entregado en esta tarea. El mayor de los éxitos”, ha escrito Rabat.

Luis Silva es una figura prominente del Partido Republicano, la formación fundada por Kast. En 2023 fue elegido como integrante del Consejo Constitucional, el organismo que redactó una propuesta de nueva Constitución que fue rechazada en el plebiscito de diciembre de este mismo año.

De perfil conservador, Silva es numerario del Opus Dei, por lo que está comprometido a vivir en la austeridad, castidad y obediencia a la institución religiosa fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer.

En 2025, tras el triunfo de Kast en las elecciones presidenciales, apareció como un candidato para ser ministro, aunque el mandatario finalmente lo designó como subsecretario de Justicia.

Josefina Soto Larreátegui, la reemplazante de Silva, también participó del fallido segundo proceso constitucional. La abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile fue parte del Comité Técnico de Admisibilidad, un organismo de carácter técnico que revisó las infracciones de la propuesta con las bases constitucionales acordadas por el Congreso.

Entre el año 2010 y 2011 fue coordinadora legal y administrativa del ministerio de Hacienda, cargo que desempeñó entre 2018 y 2022. Previamente, entre 2011 y 2014, fue jefa de gabinete del ministro de Energía.

Soto fue además directora del área municipal de la Fundación Jaime Guzmán, un centro de pensamiento vinculado al movimiento gremialista del que surgió la UDI, uno de los partidos de la derecha tradicional que forma parte del Gobierno. También trabajó como encargada del área de fiscalización del centro de estudios Ideas Republicanas, un think tank ligado a los republicanos.

La crisis que remece al Gobierno de Kast

Las rebajas de condenas a los agresores sexuales de menores han desencadenado la mayor crisis política de la Administración de Kast, que asumió hace casi ocho meses.

El escándalo arrancó la semana pasada, tras una publicación del medio digital Interferencia. En el centro de la controversia está Rabat, un abogado especializado en derecho civil que llegó al Gabinete sin experiencia política ni trayectoria en el sector público.

Aunque ha asegurado que no renunciará, su continuidad al frente del ministerio es cada vez más compleja, pese a que el pasado lunes recibió el respaldo público de Kast: el mandatario admitió que la determinación fue “un error” y dijo que Rabat “está trabajando para corregirlo”.

La crisis, sin embargo, se agrava con las horas. A las presiones de algunos parlamentarios del oficialismo, especialmente de la derecha moderada, que consideran que Rabat debe dejar el cargo, se suma la acusación constitucional que la oposición presentará en su contra para destituirlo.

Si prospera en el Congreso, podría quedar inhabilitado durante cinco años para ejercer cargos públicos.

La salida de Silva se da, por lo tanto, en medio de la presión política para que el presidente remueva al ministro de Justicia, el principal rostro de la crisis.

Rabat firmó los decretos en el marco de una ley de rebajas de condenas para presos con buen comportamiento que tuvo una reforma en febrero de 2022, con la que se excluyó de los beneficios a quienes hayan cometido crímenes sexuales en contra de menores.

Lo que se le cuestiona, y que provocó la liberación de los pederastas, es el criterio que aplicó, distinto al que tuvieron sus antecesores en el ministerio de Justicia, al menos durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), de la derecha tradicional, y el del izquierdista Gabriel Boric (2022-2026).

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