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La reducción en un 33% de la pérdida forestal en el continente impulsa la mejora global, pero la incertidumbre por las elecciones en Brasil y el nuevo Gobierno en Colombia ponen en riesgo los logros, estima la Evaluación sobre los Bosques

Ana Puentes

Hay una buena noticia y una mala sobre el estado de los bosques en el mundo. La buena es que la deforestación se redujo un 15% en 2025 con respecto a 2024: la mayor caída registrada en esta década. La mala es que un cambio de prioridades políticas podría echar por tierra parte de lo conseguido. Gran parte de los avances en conservación dependen de la voluntad política de un puñado de países clave, especialmente en América Latina, que ahora atraviesa un período de incertidumbre electoral y posibles cambios de Gobierno. Esta es la principal conclusión de la Evaluación de la Declaración sobre los Bosques, un informe elaborado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil y de investigación que analiza cada año la evolución de la pérdida de bosques en comparación con el período de referencia 2018-2020.

El informe se ha publicado este miércoles en vísperas de la COP17 sobre la biodiversidad, que se celebrará en Armenia este mes, y de la COP31 sobre el cambio climático, que tendrá lugar en Turquía en noviembre. Erin Matson, autora principal del estudio y consultora de Climate Focus, explica que esta reducción histórica responde en buena medida al fuerte descenso de la deforestación en América Latina, donde la pérdida de bosques se redujo un 33%. “Los motores del progreso son posibles”, celebra, pero inmediatamente advierte que “son frágiles y pueden revertirse”. “Hemos visto grandes vaivenes en ciertos países cuando, por ejemplo, llegan al poder nuevos gobiernos que descartan o revierten políticas que antes estaban alineadas con los objetivos forestales, retiran la financiación a las iniciativas de aplicación de la ley o incluso socavan descaradamente la ley a través de mensajes públicos”, argumenta en una rueda de prensa virtual.

El informe menciona explícitamente los casos de Brasil y Colombia. “En el caso brasileño, la reducción de la deforestación asociada a la expansión agrícola y ganadera en la Amazonía fue posible gracias al refuerzo de la vigilancia ambiental, apoyada en sistemas de monitorización por satélite en tiempo real”, afirma el documento y cita el relanzamiento de un plan de acción contra la deforestación del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Pero, en una nota de prensa, la coalición advierte de que el resultado de la segunda vuelta de elecciones presidenciales entre Lula y el ultraderechista Flávio Bolsonaro el próximo 25 de octubre “podría tener graves implicaciones para el futuro de la Amazonía, especialmente en el contexto de las amenazas climáticas que se avecinan”.

Brasil concentra un 60% de la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo, y los últimos gobiernos han demostrado hasta qué punto las decisiones políticas influyen en el futuro de este ecosistema.

Ana Flávia Corleto, analista jurídica del Climate Policy Initiative, recuerda que en 2019, cuando empezó la Administración de Jair Bolsonaro, “los recortes presupuestarios, la falta de personal en las agencias ambientales y las modificaciones y el desmantelamiento de las estructuras de gobernanza responsables de aplicar las políticas culminaron en la interrupción del Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonia Legal”. Esto, agrega, condujo a un aumento de pérdida de bosques entre 2019 y 2021.

Ahora, organizaciones nacionales e internacionales observan con inquietud la campaña de su hijo. El Observatório do Clima Brasil, por ejemplo, analizó los planes de gobierno de los candidatos, y encontró que el de Lula incluía 16 compromisos medioambientales positivos de los 28 que consideran necesarios. El de Bolsonaro solo tenía uno.

Colombia, por otra parte, llegó a mínimos históricos de deforestación en 2023, aunque experimentó un repunte en 2024. No obstante, la Evaluación de la Declaración sobre los Bosques destaca que las políticas de contención de la expansión ganadera han contribuido a la protección del Amazonas y otras áreas forestales. Luego, en la nota de prensa, advierte de que el nuevo presidente, Abelardo de La Espriella, “promete apoyar una expansión de la exploración de petróleo y gas”, medidas que “suponen amenazas potenciales para los bosques”. En campaña, el ultraderechista propuso ampliar la frontera agrícola en 1,5 millones de hectáreas.

No obstante, el programa de De La Espriella también ha hecho promesas ambientales. Bajo la estrategia ABC (Agua, Biodiversidad y Comunidades), presentada como parte del “milagro ambiental”, propone frenar la degradación forestal a través de la “persecución penal de los financiadores de la deforestación”. Queda por ver cómo convivirán en la práctica estos compromisos ambientales con las propuestas de expansión agrícola y energética del nuevo Gobierno.

Degradación en África
Samuel Nguiffo, abogado camerunés y fundador del Center for Environment and Development, alerta de que el papel de los gobiernos no solo será decisivo en América Latina, sino también en África, según indicó en la conferencia de prensa de presentación del informe. Este año, por primera vez en la historia, la deforestación en la Cuenca del Congo, el segundo bosque tropical más grande del mundo, alcanzó los 2,4 millones de hectáreas, una cifra muy cercana a la registrada en la Amazonia (2,5 millones).

El informe también señala un deterioro de otros indicadores en África tropical, como la degradación forestal, es decir, el deterioro progresivo de los bosques por actividades como la tala selectiva, la extracción de recursos o los incendios, sin que desaparezca completamente la cubierta forestal. En la región aumentó un 25%, frente a una reducción global del 34%.

Lo que sigue predominando en la gestión forestal de África Central es la dimensión económica: la tala para la obtención de madera y la conversión de los bosques para otras actividades económicas
Samuel Nguiffo, fundador del Center for Environment and Development
“Existe un déficit tanto de capacidad gubernamental como de voluntad política para impulsar un cambio en la forma en que se gestionan los bosques”, afirma Nguiffo y agrega que las legislaciones sobre la tala en el continente son muy débiles. Lamenta que “lo que sigue predominando en la gestión forestal de África Central es la dimensión económica: la tala para la obtención de madera y la conversión de los bosques para otras actividades económicas, como la agroindustria o la minería”.

Más allá del Ejecutivo federal
Pese a los riesgos que suponen cambios de Gobierno en países clave en la lucha contra la deforestación, algunos expertos consideran que hay políticas y avances que se podrían mantener. “Ninguna salvaguarda institucional puede aislar por completo la política ambiental de los cambios políticos, pero el diseño institucional puede hacer que los retrocesos sean más difíciles y que la aplicación de las políticas dependa menos de un único ciclo electoral”, afirma Corleto.

La asesora jurídica del Climate Policy Initiative pone como ejemplo el caso de Brasil, donde la aplicación de las políticas ambientales no recae exclusivamente en el Ejecutivo federal, sino que se reparte entre distintos niveles de gobierno. “Por supuesto, un cambio en las prioridades políticas a nivel federal puede tener consecuencias significativas, especialmente para las instituciones federales y para los presupuestos federales, pero seguirá habiendo acciones ambientales sostenidas e implementadas por los gobiernos subnacionales”, describe.

La verdadera clave es que esos cambios se vuelvan tan sólidos y abrumadores que no sea posible revertirlos por completo
Erin Matson, consultora principal de Climate Focus
Precisamente, Matson destaca que lo importante es conseguir que las estrategias ambientales que funcionan se conviertan en políticas estructurales. “La verdadera clave es que esos cambios se vuelvan tan sólidos y abrumadores que no sea posible revertirlos por completo”, concluye.

Corleto asegura que para garantizar políticas sólidas a largo plazo es necesario incorporar las principales protecciones ambientales en marcos jurídicos más difíciles de modificar, establecer instituciones con suficiente personal y capacidad operativa, distribuir las responsabilidades de implementación entre distintos niveles de gobierno y garantizar mecanismos eficaces de rendición de cuentas.

Conseguirlo es imperativo. Pese al progreso en 2025, el mundo sigue estando un 70% por debajo de lo que haría falta para detener la deforestación de aquí a 2030, según el informe. “Si hubiéramos estado en el buen camino [para conseguir el objetivo de deforestación cero para el año 2030], hoy seguirían en pie 10,7 millones de hectáreas de bosque ―el equivalente a Islandia o Cuba― que han sido deforestadas desde el comienzo de la década», afirma Matson.

EL PAÍS