BLOG

Ortega, al decretar abiertamente que no volverá a haber elecciones en su país, marca un punto de no retorno de gravedad inédita

Daniel Ortega ha decidido quitarse la última máscara que le quedaba. Durante el acto de conmemoración del 47º aniversario de la revolución sandinista el domingo —hito histórico que permitió a Nicaragua sacudirse la dinastía de los Somoza que la sometió por más de 40 años—, el exguerrillero pronunció una frase que consolida su autoritarismo: “Aquí no volverá a haber elecciones”. La sentencia marca un punto de no retorno de gravedad inédita en América.

Hasta ahora, el régimen que encabeza Ortega junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, había recurrido al simulacro. Utilizaba las elecciones como un adorno cosmético para guardar las formas ante la comunidad internacional, mientras pervertía el proceso: imponía fraudes, encarcelaba a los opositores –como ocurrió de forma flagrante en las presidenciales de 2021— y despojaba de sus derechos políticos a cientos de disidentes. El presidente decía ganar las elecciones con el 80% de los votos.Ortega consagra ahora una tiranía de partido único y corte dinástico, diferente, incluso, a la de su vieja aliada Cuba, donde el régimen mantiene la pantalla del sufragio para legitimarse. En la línea de sucesión están su esposa, la esotérica Murillo, y su hijo Laureano, el enlace designado con las autocracias de Vladímir Putin, en Rusia, y Xi Jinping, en China.

El cinismo con el que Ortega justifica este paso, escudándose en la habitual paranoia sobre “partidos puestos por los yanquis”, no logra ocultar la naturaleza de su régimen: el afán de perpetuación a través del terror y el despojo. Como ha señalado la diplomacia internacional, Ortega liquida cualquier pretensión de consentimiento popular. El régimen desafía los pilares democráticos sobre los que se sostiene el sistema interamericano.

Ortega confía en que el control de las fuerzas de seguridad, la represión y una aparente estabilidad económica —auspiciada en parte por las concesiones a mineras chinas: al menos el 10% del territorio del país, según algunas organizaciones ambientales— le permitan consolidar el modelo de dominación dinástica sin costes. Aprovecha para ello que la atención de las grandes potencias y del debate global están fragmentados en múltiples crisis.

La respuesta de la comunidad internacional no puede ser la retórica habitual de la condena. Mantener el business as usual con Managua equivale a ser cómplice del ahogamiento de todo un pueblo. Las democracias latinoamericanas y la Unión Europea deben sumarse a acciones coordinadas que combinen el aislamiento diplomático, la asfixia financiera a los entramados de corrupción de la familia gobernante y el endurecimiento de las sanciones contra los jerarcas del aparato represivo.

La de Nicaragua es una tragedia humana en el corazón de América. El régimen ha asesinado a centenares de nicaragüenses por protestar, obligado al destierro a decenas de miles de personas por elevar su voz, y perseguido a sus intelectuales y periodistas a quienes se les ha despojado de su nacionalidad y propiedades, como ha pasado con el escritor Sergio Ramírez, premio Cervantes y académico de la lengua, la escritora Gioconda Belli o el periodista Carlos Fernando Chamorro.

Aceptar la instauración de un régimen totalitario no solo condena al exilio, a la cárcel o al silencio a millones de nicaragüenses, sino que sienta un precedente nefasto en una región asediada por derivas iliberales. Daniel Ortega ha decretado la muerte del voto en Nicaragua; las democracias están obligada a demostrarle que la tiranía no sale gratis.

EL PAÍS – EDITORIAL