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La transición y la política en Colombia toman un cariz marcadamente militarista: De la Espriella insiste en posesionarse en una guarnición militar, anunció que desmantelará las consejerías de paz y derechos humanos, atacó a la JEP y anunció que buscará encarcelar a Timochenko, pese a que el Acuerdo de 2016 está protegido por la Constitución

Todo muy militar. Esa puede ser la sensación y la frase que resume estos días de transición en Colombia. Podríamos contar que el presidente electo Abelardo de La Espriella designó a un canciller de la línea MAGA y negacionista del cambio climático, que presentó a su ministra de Educación con un video de la Biblia, que los alcaldes de las principales ciudades se alinean con él, pero las últimas noticias van por el lado del giro a la fuerza militar en el centro de la política.

El presidente electo insiste en posesionarse, no en el recinto del Congreso como es usual, sino en una guarnición militar lejos de Bogotá, en el sur del país. El presidente saliente, Gustavo Petro, respondió que él como jefe de Estado y comandante supremo de las fuerzas militares prohíbe el uso de cualquier cuartel para la ceremonia. En X, donde deciden la angustia colombiana, De la Espriella reiteró enfáticamente que hará lo que desea. “Hago un llamado directo y patriótico al nuevo Congreso para que el 20 de julio tomen la decisión correcta para cumplir ese mandato del pueblo”, dijo. En su mensaje, dirigido a los congresistas y no a los militares, les informó que en su Gobierno solo hay dos bandos: “El del lado del pueblo y la democracia y el nuevo orden; y el que queda en el pasado a la nueva realidad”.

El tira y afloje pone en el medio a los militares que deben aceptar las órdenes de Petro hasta el 7 de agosto a las 3 de la tarde, o el momento exacto en el que haya otro presidente, y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad del presidente entrante. Como escribió esta semana Yolanda Ruiz, “más allá de los caprichos presidenciales, lo triste es que los símbolos de la guerra siguen marcando la política y eso no es bueno para una democracia”.

La lógica militarista de De La Espriella, que se veía desde el saludo marcial de la campaña, se expresó esta semana en otro hecho que apunta directamente al Acuerdo de Paz de 2016 con las extintas FARC. El presidente electo comenzó a pasar su motosierra al Estado con las consejerías presidenciales vinculadas a los temas de paz. Anunció que eliminará 229 cargos en la Consejería para la reconciliación nacional, la Consejería para los derechos humanos y el DIH “cosa tan larga”, se quejó en su declaración; y a la Unidad de implementación del Acuerdo Final, entre otras. Señaló también que se acaba la figura del Alto Comisionado para la Paz, que se ha mantenido por décadas, porque en su mandato no buscará la “falsa paz”.

El presidente electo también atacó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) creada en ese Acuerdo, a la que acusó de ser un tribunal para lavar crímenes, y se fue contra Rodrigo Londoño, el último comandante de las FARC, quien firmó la paz y entregó las armas en 2016 y está sometido a esa justicia. “Merece estar preso de por vida; voy a trabajar en ello”. En este caso, sin embargo, el Acuerdo que firmó Juan Manuel Santos con Londoño, está protegido por la Constitución. El exguerrillero no es el único sometido a esa jurisdicción, lo están soldados e incluso generales que aceptaron su participación en crímenes a cambio de no pagar cárcel. De La Espriella no dijo qué piensa hacer con ellos.

El anuncio generó una reacción inmediata en el senador Iván Cepeda y de varios congresistas del Pacto Histórico. “La decisión de acabar con la institucionalidad de la paz, cerrar la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y desconocer el Acuerdo Final de Paz de 2016, convierten a Abelardo De la Espriella en el mayor enemigo que haya tenido nuestro país en el campo de la búsqueda de la paz”, se lee en una declaración pública de este martes. Agregó que el presidente electo viola el artículo 22 de la Constitución sobre el derecho a la paz.

Por su parte, Londoño, más conocido como Timochenko, su alias en las extintas FARC, le recordó a De La Espriella su pasado como abogado y asesor de procesos de paz de los paramilitares. “Estamos seguros de que usted conoce perfectamente las obligaciones constitucionales y legales que le competen al Estado, con relación a los acuerdos de paz firmados y los tratados internacionales, ya que usted ha sido asesor en procesos de paz con otros gobiernos”, escribió el exguerrillero, quien reiteró que mantiene su palabra y pide que se le respete la vida a los reincorporados a la vida civil que en 2016 dejaron las armas.

Con su anuncio contra el Acuerdo Final de paz De La Espriella continúa la idea del expresidente Iván Duque de “hacer trizas la paz” y la férrea oposición del expresidente Álvaro Uribe contra el acuerdo firmado en La Habana que concluyó en el No al plebiscito. Al final de la tarde, el expresidente Juan Manuel Santos, quien lideró y firmó el acuerdo de La Habana, se pronuncio por fin sobre el ataque al proyecto que le dio el Nobel de Paz. Aclaró que el acuerdo “no creó las disidencias ni fortaleció a las bandas criminales”. “Culpar al acuerdo por el accionar de estas estructuras es desconocer deliberadamente la realidad, y sobre todo ignorar que lo que permite cerrarles el paso a esos grupos es precisamente implementarlo, no sabotearlo ni debilitarlo”, dijo Santos y pidió a De La Espriella mantener la implementación.

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