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En Argentina, los jueces del máximo tribunal son propuestos por el presidente, votados por el Senado y luego refrendados por el mandatario. Desde 2003, por decreto del entonces presidente Néstor Kirchner, el Ejecutivo debía organizar a través de su cartera judicial una instancia de exposición de los postulantes al escrutinio público, antes de iniciar su tratamiento parlamentario. «Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos» eran invitados a presentar, en un plazo de 15 días, «de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar» sobre los candidatos.

Todo ese proceso anterior a la definición del Ejecutivo de sus postulantes quedó ahora eliminado y fue derogada la obligación de publicitar las candidaturas en periódicos de alcance nacional. La difusión de los antecedentes de los candidatos se limitará a su publicación en el Boletín Oficial y el portal web del Ministerio de Justicia.

El decreto de Milei también suprimió la recomendación de considerar, «en la medida de lo posible», que la inclusión de nuevos miembros en la Corte Suprema «permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal».

El Gobierno ultra sostuvo que los cambios buscan «agilizar» el procedimiento para designar magistrados y evitar «duplicaciones» administrativas. El escrutinio popular – sostuvo Milei en los considerandos de su decreto- está previsto «en el procedimiento constitucional y reglamentario» de la Cámara de Senadores, donde «se garantiza la publicidad, participación ciudadana y evaluación pública de los candidatos». El Ejecutivo no consignó ni difundió ningún argumento para defender la eliminación de los criterios de representatividad en términos de género, origen territorial y especialidad jurídica de los magistrados.

La reforma decretada por Milei es «un retroceso innecesario», señaló el Colegio Público de la Abogacía de Buenos Aires. «La posibilidad de que la sociedad civil pudiera expresar fundadamente apoyos u objeciones antes de la remisión de los pliegos contribuía a enriquecer la decisión presidencial, fortalecer la legitimidad de las designaciones y ampliar la transparencia del proceso», destacó, antes de expresar su preocupación por la derogación de los criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional para conformar la Corte. Para el doctor en derecho Andrés Gil Domínguez, el decreto presidencial «implica una regresión normativa injustificada del derecho a peticionar, participar y deliberar democráticamente». «También implica», agregó en un mensaje difundido en sus redes sociales, «una regresión injustificada del derecho a la no discriminación con motivo u ocasión del género. Y por último impacta en el federalismo como elemento central del Estado constitucional y convencional de derecho argentino».

Entre otras críticias a la iniciativa oficial, el diputado Pablo Juliano, de la centrista Unión Cívica Radical, consideró que «el Gobierno busca derogar la autolimitación presidencial y dejar a la ciudadanía afuera de las audiencias de selección de los jueces de la Corte. Quieren una Justicia opaca y de luces apagadas».

EL PAÍS