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Keiko Fujimori se ha hecho eco de las denuncias del candidato de ultraderecha que quedó fuera en la primera vuelta y resucita sus propias quejas por supuestas irregularidades en su última derrota

Las elecciones en el Perú han dejado de ser solo una disputa por el poder para convertirse también en un terreno fértil para la sospecha. La palabra fraude, repetida hasta la saciedad en cada crisis, ha ido desgastando la confianza en el sistema electoral. En 2021, tras perder la segunda vuelta frente a Pedro Castillo por poco más de 44.000 votos, Keiko Fujimori denunció un supuesto «fraude sistemático». La acusación nunca logró sostenerse con pruebas que demostraran que se torció la voluntad popular. La candidata evitó reconocer el resultado y se resistió a concederle la victoria a su adversario.

Cinco años han pasado y, aun así, Keiko Fujimori parece no haber terminado de procesar aquel segundo lugar. En el aniversario de Fuerza Popular, el año pasado, volvió a poner en duda el desenlace de 2021. «Ganamos las elecciones, pero nos robaron los votos», dijo ante una militancia que respondió con aplausos y consignas. En buena parte de la actual campaña eludió quedar atrapada en esa controversia, pero el tema reapareció apenas se confirmó su pase a la segunda vuelta. El mismo día en que se oficializó que disputará por cuarta vez la presidencia del Perú – esta vez frente a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, el próximo 7 de junio- Keiko Fujimori volvió a deslizar la idea de que en 2021 no perdió solamente una elección, sino que fue víctima de una trampa.

«Lamentablemente, estas elecciones no han estado ajenas a irregularidades, como también sucedió en 2021. Hace cinco años venimos peleando por conocer la verdad. Hemos acudido a todas las instancias posibles», dijo la hija de Alberto Fujimori. Sus palabras han tenido cierta acogida en medio de un proceso electoral accidentado, marcado esta vez por el retraso en la instalación de más de 200 mesas de votación en Lima debido a fallas logísticas. El desorden reavivó el fantasma del fraude, con gran eco esta vez en Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. Los problemas en la votación, reconocidos inclusos por la autoridad electoral, obligaron a extender la jornada de votación hasta el día siguiente. Pero, más allá de las deficiencias, las misiones de observación internacional descartaron indicios de manipulación sistemática.

Roberto Sánchez, el líder de Juntos por el Perú que se disputa la presidencia con Fujimori por cuarta vez consecutiva, ha rechazado las acusaciones de engaño en estos comicios. Por el contrario, ha sido enérgico en pedir que se reconozca el voto del interior del país que lo llevó a segunda vuelta, tras asumir la herencia política de Pedro Castillo. Es contra él, en cambio, donde se dirigen los señalamientos: la Fiscalía ha pedido cinco años y cuatro meses de prisión para Sánchez por presuntamente haber falseado informaciones sobre aportaciones a su partido político. Este 27 de mayo, 10 días antes de la segunda vuelta, se llevará a cabo una audiencia que podría determinar que el caso ingrese a juicio oral.

El administrador José Ugaz La Rosa deslizó en la plataforma digital Jugo que la mención a una supuesta alteración de los votos podría responder a un cálculo político de doble propósito. «Darle sustento a la narrativa del fraude del 2021 y, de paso, tener lista la explicación para una eventual derrota en el 2026. No sería la primera vez que una derrota se empieza a explicar antes de que ocurra», ha expuesto. Lo cierto es que mientras las semanas avanzaban tras la primera vuelta del 12 de abril, Rafael López Aliaga fue quedándose cada vez más solo en sus denuncias.

En este escenario, Keiko Fujimori ha preferido caminar en puntas de pie. No ha abrazado del todo la tesis del fraude, pero tampoco la ha descartado con claridad. Se ha quedado, más bien, en el terreno ambiguo de las insinuaciones. Esa cautela ha terminado por irritar a Aliaga, que se quedó a poco más de 22.000 votos de disputar la segunda vuelta. El exalcalde de Lima, convertido en uno de los rostros más estridentes de las denuncias electorales, ha llegado a llamar «cómplice» a Fujimori y ha condicionado cualquier respaldo político a que reconozca abiertamente una supuesta manipulación de los resultados. «La señora no puede seguir avalando esto. Si va a continuar diciendo: ‘Todo está bien’, se cava su tumba», lanzó. Ambos pertenecen al mismo universo político, el de una derecha conservadora que hoy parece más fragmentada que alineada.

La candidata del partido Naranja, como también se conoce a Fuerza Popular, le ha pedido que recapacite, en un intento de proyectarse como una alternativa más madura y prudente. Sin embargo, sus recientes declaraciones, donde remarca las irregularidades de los últimos dos procesos electorales, dan la impresión de que la puerta del fraude tampoco ha sido cerrada del todo.

La heredera del fujimorismo ha dicho que «aún está a la espera de las actas de la elección del 2021». En marzo pasado, un juzgado de la Corte Superior declaró fundada una demanda de habeas data presentada por Fuerza Popular y ordenó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregar las listas de electores de la segunda vuelta de la elección pasada, donde votaron más de 18,8 millones de peruanos. El acceso a esa información – considerada sensible- implica un pago cercano a los cinco millones de dólares, un monto que el fujimorismo rechaza por considerarlo excesivo y restrictivo.

El abogado Fernando de la Flor ironizó diciendo que la palabra «fraude» ya es un peruanismo debido a su recurrencia en cada elección presidencial. Estas denuncias, desmonta, son instrumentalizadas para blindar cualquier escenario posible. «Se denuncia antes de contar los votos, durante el conteo de votos y, si hace falta, después de conocidos los resultados», ha descrito en la revista Caretas. «Así, cualquier desenlace queda cubierto: si se gana, el pueblo habló; si se pierde, se falseó la voluntad ciudadana».