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En una extensa y tensa jornada legislativa, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el proyecto impulsado por el gobierno de José Antonio Kast denominado oficialmente “Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social”, pero conocido ampliamente como la “Megarreforma”, iniciativa que ahora pasará al Senado para continuar su segundo trámite constitucional.

La aprobación fue celebrada por el oficialismo como una victoria política clave para el Ejecutivo, pero desató duras críticas desde la oposición parlamentaria, sindicatos y sectores progresistas, que acusaron al gobierno de aprobar una de las mayores transferencias de recursos hacia grandes grupos económicos desde el retorno a la democracia.

El proyecto fue aprobado en general por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención, mientras que las normas de quórum especial alcanzaron 84 votos favorables.

Entre las medidas centrales despachadas por la Cámara destacan la rebaja gradual del impuesto de primera categoría desde 27% a 23% para grandes empresas, la reintegración del sistema tributario y uno de los puntos más polémicos del debate: la invariabilidad tributaria por 25 años para inversionistas nacionales y extranjeros.

Precisamente este último punto generó algunas de las críticas más duras de la oposición.

Diputados como Marcos Barraza, Jaime Bassa, Jorge Brito, Jaime Mulet, Raúl Leiva, Matías Fernández y Héctor Ulloa realizaron reservas de constitucionalidad, argumentando que la norma vulnera principios fundamentales de la soberanía democrática al limitar durante seis gobiernos futuros la capacidad del Estado y del Congreso para modificar impuestos.

Para sectores progresistas, la disposición constituye un verdadero “candado neoliberal” que busca blindar jurídicamente los privilegios tributarios de grandes inversionistas, restringiendo decisiones democráticas futuras.

Los parlamentarios cuestionaron además que la medida crea un sistema privilegiado para grandes operadores económicos, vulnerando principios constitucionales de igualdad ante la ley y distribución equitativa de las cargas públicas.

“Se está hipotecando la soberanía tributaria del país durante 25 años”, afirmaron diputados opositores durante el debate.

Las críticas también se concentraron en el carácter estructural de la reforma impulsada por el gobierno de Kast. Desde la izquierda y sectores de centroizquierda se acusó al Ejecutivo de utilizar el concepto de “reconstrucción nacional” como una cobertura política para reinstalar una agenda neoliberal dura basada en rebajas tributarias, debilitamiento del Estado y flexibilización regulatoria.

La oposición sostuvo que mientras el gobierno argumenta que la reducción de impuestos atraerá inversión y crecimiento, no existen garantías reales de que esos beneficios se traduzcan en mejoras concretas para trabajadores, sectores medios o territorios más vulnerables.

Diversos parlamentarios recordaron además las advertencias realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo, economistas e incluso organismos internacionales sobre el impacto fiscal que podría generar la disminución de recaudación estatal.

Otro foco importante de cuestionamientos fueron las normas ambientales incluidas en la iniciativa.

Diputados como Jaime Bassa, Marcos Barraza y Francisco Crisóstomo, junto a las diputadas Nathalie Castillo y Carolina Tello, denunciaron que el proyecto debilita los estándares de protección ambiental y altera garantías básicas del debido proceso.

En particular, cuestionaron la creación de instancias especiales vinculadas a la resolución de conflictos ambientales y la posibilidad de establecer indemnizaciones por “expectativas de aprobación” de proyectos de inversión.

Desde sectores ambientalistas y progresistas se advirtió que estas normas podrían aumentar la presión sobre territorios afectados por megaproyectos extractivos y reducir las capacidades regulatorias del Estado.

Mientras se desarrollaba la votación, en las inmediaciones del Congreso Nacional en Valparaíso continuaron las manifestaciones convocadas por la CUT, ANEF y organizaciones sindicales del sector público.

Los dirigentes denunciaron que la reforma terminará beneficiando principalmente al “1% más rico del país” y alertaron sobre futuros recortes a programas sociales y servicios públicos debido a la menor recaudación fiscal.

La aprobación del proyecto representa una victoria política importante para Kast, que enfrentaba semanas de creciente desgaste en las encuestas y fuertes cuestionamientos a su agenda económica. Sin embargo, el conflicto político alrededor de la reforma parece lejos de cerrarse.

Desde la oposición ya se anticipan nuevas ofensivas en el Senado, además de posibles requerimientos ante el Tribunal Constitucional por algunas de las normas aprobadas.

En paralelo, sindicatos y organizaciones sociales advirtieron que las movilizaciones podrían intensificarse en las próximas semanas.

La “Megarreforma” comienza así una nueva etapa legislativa marcada no solo por el debate económico, sino por una disputa mucho más profunda sobre el rol del Estado, la distribución de la riqueza y el modelo de país que el gobierno de José Antonio Kast intenta consolidar.

EL CLARIN