BLOG

El Gobierno ultra se prepara para celebrar una norma que permite jornadas de 12 horas, abarata despidos y quita poder a los sindicatos, apoyado en un mercado de trabajo ya transformado ‘de facto’.

Mar Centenera

Javier Milei prometió derribar los pilares de la Argentina que heredó del peronismo para levantar un nuevo país desde sus cimientos. Uno de ellos, que resistió las embestidas de otros gobiernos de derechas previos, es la legislación laboral, cuyas bases se remontan a 1974.

El Senado se apresta a sancionar esta semana una reforma laboral que modifica 200 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y la deja irreconocible. A diferencia de los intentos realizados por Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, Milei tiene enfrente unos sindicatos debilitados y desprestigiados. Se apoya, además, en un mercado laboral que se fragmentó y se transformó de facto por los cambios tecnológicos y el estancamiento económico que Argentina arrastra desde hace más de una década.

La reforma recoge demandas históricas del empresariado argentino. Abarata los despidos, reduce cargas patronales, limita el poder de negociación gremial y el derecho a huelga, flexibiliza la jornada laboral y elimina la obligatoriedad de pagar horas extras. Otras ideas fueron guardadas de vuelta en el cajón, a la espera de tiempos mejores, como el artículo 44, que reducía hasta el 50% el salario de los trabajadores de baja por enfermedad o accidente.

Sindicatos y partidos opositores critican que se trata de una ley que no ha sido negociada con las partes y que no contiene ni un solo artículo que beneficie a los trabajadores. En su opinión, la ley de modernización no se adapta a los nuevos tiempos, sino que atrasa cien años.

A contramano de otros debates internacionales sobre la reducción de las horas de trabajo, como ocurre en el vecino Brasil, la nueva legislación argentina extiende de 8 a 12 horas el máximo de la jornada laboral, siempre que en la semana no se superen las 48 horas. El pago de las horas extras, del que dependen muchos trabajadores, dejará de ser obligatorio y podrá ser reemplazado por un día libre en otro momento.

Los sindicatos han intentado frenar la reforma con protestas en las calles y una huelga general.
“Los dirigentes políticos nos dicen cómo tenemos que trabajar y cuánto tenemos que ganar, pero ninguno de ellos se levanta a las 3 o a las 4 de la mañana, deja a su familia y recorre 3.000 kilómetros”, decía el sindicalista Pablo Osuna a choferes de camiones el pasado jueves.

Osuna advierte que el Gobierno quiere despojar a los trabajadores del derecho a huelga al forzar el cumplimiento de servicios mínimos del 75% en el transporte, la salud, la educación, la energía y el agua por considerarlos sectores esenciales.

Algunas medidas incluidas en la reforma ya habían sido intentadas antes, con escaso éxito. Menem aprobó en 1991 una ley de empleo que dejó intacto el poder de los sindicatos. De la Rúa, en el año 2000, promovió una reforma laboral que pasó a la historia como la Ley Banelco por el escándalo de compra de votos en el Senado para su aprobación. Esa ley fue el principio del fin de su Gobierno un año después. Macri, que gobernó entre 2015 y 2019, buscó acuerdos graduales que nunca llegaron a concretarse. Promovió otros, tan resistidos en las calles que agrandaron la imagen de Argentina como un país en el que era muy difícil aprobar reformas impopulares.

Milei, en cambio, está a un paso de la victoria legislativa y celebra por anticipado.
“El pasado fue”, escribió en las redes su ministro de Economía, Luis Caputo, tras la aprobación en la Cámara de Diputados, el pasado viernes.
“Hay momentos en la historia en que la historia cambia. Finalmente, lo estamos viviendo”, agregó Caputo. El Gobierno cuenta con los votos para la aprobación definitiva en el Senado el próximo 27 de febrero.

La voluntad política se beneficia del contexto económico y social. La economía local no crece desde 2012 y ese estancamiento ha sido letal para el mercado de trabajo. En ese tiempo, el empleo formal privado creció poco más del 2%, mientras que el informal se disparó un 22% y el monotributo —similar a la figura del autónomo en España— creció más del 50%.
“Eso muestra que la economía ya generó mecanismos alternativos, muchas veces para evitar los costos y riesgos de la legislación vigente”, dice el consultor económico Iván Carrino.

Según datos oficiales, de los cerca de 21 millones de trabajadores, los asalariados registrados son minoría: el sector privado emplea a 6,2 millones y el público, a 3,4 millones. En cambio, casi 10,5 millones de personas tienen otros tipos de relaciones laborales: 5,7 millones trabajan para otro pero sin contrato y 4,7 millones son monotributistas. El 6,3% del total, equivalente a 1,3 millones, están desempleados.

El sueldo bruto promedio de los trabajadores asalariados en Argentina, de 1,6 millones de pesos o 1.150 dólares por mes, es el triple que el de los trabajadores informales. Por eso, tener un empleo a menudo no es suficiente y muchos compaginan hasta tres y cuatro para llegar a fin de mes. El 92% de los argentinos dice sentir estrés y agotamiento extremo por causas laborales, el valor más alto de todo el continente, según el estudio Burnout de la consultora Bumeran.

El mapa laboral empeoró con Milei. Desde fines de 2023 se destruyeron casi 300.000 puestos de trabajo, de los que dos de cada tres eran asalariados formales de sectores como la industria, la construcción y el comercio. A diferencia de los noventa, cuando el cierre de fábricas y empresas hizo que la tasa de desempleo se triplicase, ahora gran parte de los expulsados del mercado laboral formal son reabsorbidos de forma precaria. El ejemplo más claro son las plataformas de servicios como Uber, Cabify o Rappi.

El Gobierno de ultraderecha critica que el modelo laboral actual es obsoleto porque fue concebido para una sociedad con empleo asalariado masivo que ya no existe. Promete que la nueva normativa creará empleo registrado y reducirá la informalidad. La mejora, según el Gobierno, ocurrirá porque los empresarios dejan de tener miedo a que su negocio quiebre si enfrentan un juicio laboral.

En 2025, se iniciaron 350 nuevas demandas por riesgos laborales por día y la mayoría se saldaron a favor de los empleados, con elevadas compensaciones. La reforma de Milei pone fin a esa realidad: para la indemnización se contará sólo un sueldo base por año trabajado —sin contemplar aguinaldo, vacaciones ni extras— y el pago podrá ser fraccionado en hasta 12 plazos.

Economistas afines a las ideas de Milei, como Carrino, admiten que pese a los cambios que introduce la ley, “la condición necesaria para que se genere empleo es que la economía empiece a crecer”. Carrino compara la reforma actual con la flexibilización del mercado laboral que hizo Menem en los noventa, que lejos de generar empleo aceleró su destrucción.

Para la economista Marina Dal Poggetto, es urgente introducir cambios porque “en la medida en que hay cada vez más gente fuera del empleo formal, el sistema tal y como está se vuelve fiscalmente difícil de sostener”.
“Se necesitan aproximadamente 25 monotributistas para financiar una jubilación mínima”, advierte, y califica esta modalidad laboral como un “agujero fiscal a mediano plazo”.

La necesidad de cambios es aceptada también por detractores de la ley, como el especialista en derecho del trabajo Mario Ackerman. Cree que la reforma de Milei no arregla los problemas actuales sino que los agrava porque “expulsa del derecho laboral a amplios sectores, sobre todo a las nuevas formas de trabajo, en lugar de regularlas y reconocerles derechos mínimos”. Al mismo tiempo, agrega que “a quienes siguen siendo empleados formales se les reducen derechos históricos”.

Ackerman recuerda que durante la campaña electoral de 2023 Milei definió como “un cáncer” el artículo 14 bis de la Constitución argentina, que garantiza los derechos laborales, las jubilaciones y todo el sistema de la seguridad social. Prometió que lo derogaría. “Nunca ocultó ese objetivo”, señala.

Entre los cambios más controvertidos, menciona el recorte al derecho a huelga y la creación de un fondo para indemnizaciones que restará cerca de 2.500 millones de dólares anuales a las arcas del régimen de jubilaciones y facilitará los despidos.
“Hay una transferencia del miedo”, opina. “Con la nueva ley, es el empleado el que tiene miedo a no aceptar cambios por si lo despiden”.

La historiadora Victoria Basualdo considera que se trata de la reforma “más audaz y extrema en términos regresivos” hecha en Argentina, pero que forma parte de una secuencia histórica iniciada en los años setenta. “No se trata sólo de una ley, sino de un intento de reconfigurar la relación entre capital y trabajo”, explica.

Las reformas laborales anteriores chocaron con un sindicalismo fuerte, mayorías legislativas frágiles o crisis económicas que restaban legitimidad a los cambios. Hoy, el peso relativo de los trabajadores formales es menor y los sindicatos perderán todavía más fuerza cuando venzan los convenios colectivos y se extiendan los convenios por empresa.

La debilidad gremial explica, en gran parte, por qué un proyecto que antes encontraba resistencia inmediata hoy logra avanzar en el Congreso. Basualdo suma además el respaldo financiero internacional a Milei para quebrar la resistencia.
“Poder mostrar a esa Argentina reformada es un objetivo simbólico”, subraya.

La oposición ha anticipado que judicializará la reforma laboral y se prevé que la causa llegue hasta la Corte Suprema. Pero aun antes de entrar en vigor, la ley de modernización laboral marca un punto de inflexión: por primera vez desde el regreso de la democracia a Argentina, un Gobierno avanza de forma simultánea sobre la legislación, las instituciones y el equilibrio social que había mantenido en pie el edificio laboral construido por el peronismo.

EL PAÍS