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Un informe de la ONU revela graves violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro

La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, perteneciente a Naciones Unidas, ha confirmado en Ginebra que el chavismo, que denomina a los suyos los «guerreros de la paz», ha bajado a un sótano más abajo en el infierno de los derechos humanos. Y todo ello para mantener a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores a través del plan terror orquestado tras el megafraude electoral del año pasado, el mayor de la historia en América Latina.

Las pruebas documentadas por Marta Valiñas, jefa de la misión, incluyen torturas y tratos crueles inhumanos o degradantes: descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, genitales incluidos; asfixias con bolsas plásticas; celdas de castigo de un metro cuadrado; extracción de uñas y sesiones de golpes con bates de béisbol y objetos metálicos repartidos por el cuerpo mientras el preso político permanece suspendido y atado por las muñecas, hasta forzar la luxación de sus hombros.

Y mucho más, como la violencia sexual contra detenidos y sus familiares, en su mayoría jóvenes y niñas adolescentes, incluidas personas de la población LGBT. «Niñas adolescentes fueron víctimas de continuos actos de violencia sexual a cambio incluso de productos de limpieza para mantener una mínima salubridad. El acceso a alimentos que llevan las familias o las llamadas telefónicas también estaban sujetos a actos sexuales coercitivos», precisó Valiñas. El informe documenta también requisas invasivas con desnudez forzada, también para familiares. Las violaciones también se realizaban con objetos.

La crueldad no conoce límites, ni siquiera de edad, si el poder está en juego: de los 220 niños y niñas de entre 13 y 17 años detenidos de forma ilegal y arbitraria durante la razzia contra el pueblo venezolano, todavía cuatro permanecen encarcelados.

Capítulo aparte merece la represión salvaje puesta en marcha nada más cerrarse las urnas del 28 de julio, cuando se confirmó la victoria por goleada (siete millones contra tres millones) del demócrata Edmundo González Urrutia frente al revolucionario Nicolás Maduro. Se llevaron a cabo «los métodos más duros de la maquinaria represiva», confirma el informe. Había que mantener a raya, al precio que fuese, a los jóvenes de los barrios populares, que encabezaron las protestas en los primeros días.

La misión ha comprobado que 25 personas fueron asesinadas entre el 28 y el 30 de julio. De los 14 asesinatos investigados, 12 tuvieron como principales protagonistas a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al ejército. Reportes periodísticos sobre el terreno también confirmaron la participación de los temidos colectivos paramilitares, con licencia para matar en Venezuela.

En la actualidad son 823 los prisioneros políticos que permanecen en las mazmorras de Maduro, la mayoría víctimas del plan terror electoral. «Crímenes de persecución política», como define de forma certera el informe. Durante los primeros meses, las detenciones ilegales superaron la barrera de las 2.000, una cifra mínima que el propio Maduro impuso en sus apariciones televisivas.

Pese a las innumerables pruebas presentadas en la última década, el chavismo se exculpa negando una y otra vez la realidad, a la vez que se disfraza como víctima de las artimañas del «fascismo» y del imperio. Desde hace más de un mes, Estados Unidos ha forzado una especie de bloqueo naval para impedir que los constantes envíos de cocaína desde Venezuela lleguen a sus costas. En la agenda oculta del Departamento de Estado también se busca presionar al máximo a Maduro en busca de una implosión interna que acabe con la dictadura bolivariana.

Maduro ha intentado incluir la «guerra no declarada» de Washington en la agenda de la Asamblea General de la ONU, que se celebra esta semana. De momento sin éxito, aunque la oposición democrática también ha acudido a Nueva York dispuesta a dar batalla.

El grito de auxilio de Venezuela
D.L.

Por crímenes parecidos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, investiga la Corte Penal Internacional al chavismo. «Estos hallazgos confirman la existencia de una política de Estado en crímenes de lesa humanidad. Este informe señala una responsabilidad clara ante la comunidad internacional. Las voces expresadas hoy [este lunes] en el Consejo de Derechos Humanos son un paso necesario, pero insuficiente ante la magnitud de lo constatado. Venezuela necesita la solidaridad activa y sostenida de las naciones democráticas», resumió González Urrutia en sus redes sociales.

«Este informe no es sólo un documento, es un grito de auxilio y un registro para la historia», concluyó la líder opositora, María Corina Machado.

EL MUNDO