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Víctor Morinigo, presidente del Consejo Interuniversitario argentino, que reúne a las rectores de todas las universidades públicas del país, advierte sobre el impacto del ajuste a la educación superior y sobre el discurso violento del Ejecutivo

Paros docentes, sedes universitarias ocupadas por estudiantes y clases en la vía pública, entre otras protestas, marcan el pulso del reclamo que la comunidad académica sostiene en toda Argentina contra el ajuste que está aplicando Javier Milei. “El Gobierno está buscando la muerte por inanición de la universidad pública, reducirla a la mínima expresión”, advierte el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo (San Luis, 46 años). El académico, contador de formación, alerta también sobre el nivel de agresividad verbal del Ejecutivo: “Hay un mensaje de mucha violencia, desde cada atril atentan contra el prestigio de la universidad. Ese discurso de barricada en Argentina es inédito”.

El conflicto de la Administración ultraderechista con los universitarios ha recorrido todo el año. En un primer tramo, lo originó el recorte de las partidas presupuestarias para los gastos de funcionamiento de las instituciones, que no habían sido actualizadas pese a que la inflación interanual rondó el 300%. Después de una masiva movilización en abril, el Gobierno cedió y comenzó a actualizar el envío de recursos. Pero en las últimas semanas el conflicto se reavivó, en especial cuando Milei vetó una ley aprobada por el Congreso para garantizar el financiamiento de las 61 universidades nacionales, donde estudian 2 millones de alumnos.

En diálogo telefónico, desde su despacho como rector de la Universidad Nacional de San Luis, ubicada a casi 800 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, Moriñigo explica que el núcleo de las protestas se centra ahora en los salarios de los profesores y el personal universitario “debido a la enorme inflación que hubo en el arranque del Gobierno de Milei”, en diciembre y enero pasados. “El reclamo es la recuperación de los casi 50 puntos porcentuales de diferencia entre la inflación real y los aumentos que se otorgaron”, detalla. “Tenemos muchos docentes por debajo de la línea de pobreza. Muchos están dejando las universidades para dedicarse a otra cosa o irse a otros países”.

Pregunta. El proyecto de presupuesto 2025 que ya presentó el Gobierno ante el Congreso, ¿normaliza el financiamiento universitario?

Respuesta. No. El proyecto de presupuesto universitario del Gobierno es de 3,8 billones de pesos [unos 3.800 millones de dólares], algo similar a lo que hoy se está ejecutando. El CIN solicitó un presupuesto de 7,1 billones [unos 7.100 millones de dólares], que es casi el doble y que contempla una actualización de los salarios para que no pierdan contra la inflación. La diferencia es casi toda por los salarios [representan más del 80% del presupuesto]. Lo que estamos haciendo ahora es hablar con los legisladores para mejorar el presupuesto 2025. Si lo conseguimos, sería encontrar una solución por vías institucionales. Contrariamente a lo que piensa el Gobierno, que considera que es un tema terminado, me parece que empezó una nueva faceta del conflicto y que va a acompañar al presidente en toda su gestión si no busca una solución de fondo.

P. ¿Cuál es la postura de los rectores ante las medidas de protesta de estudiantes y docentes? ¿Corre riesgo el año académico?

R. Las universidades tenemos que sostener un reclamo inteligente que nos permita mantener empatía con la sociedad. Hay dos cosas que nos pueden salvar del embate del Gobierno: la Constitución y la gente. Creo que tenemos que dar la lucha desde adentro de las aulas. Es un enorme desafío, porque la tentación es disputarle a Milei con las herramientas tradicionales del paro, la toma, las marchas. Eso puede salir bien una vez, dos veces, pero no diez, cuando la sociedad a la que le pedís apoyo es la misma que votó a este estilo de Gobierno. Tenemos que buscar empatía de otra manera. Ojalá que eso sea dándoles garantías a los alumnos de que van a terminar el año académico. Hemos pasado épocas duras y nunca se perdió un cuatrimestre. Hoy estamos buscando un nuevo horizonte, como fue la ley que terminó vetando Milei, y esperamos encontrarlo en el debate del presupuesto 2025. La postura del CIN es estar siempre abiertos al diálogo, pese a que haya un Gobierno que nos ataca, con un mensaje de mucha violencia y que desde cada atril atenta contra el prestigio de la universidad argentina. Ese discurso de barricada en Argentina es inédito, nunca ha habido tal grado de agresión.

P. Para defender el ajuste, el Gobierno fue apelando a distintos argumentos. Uno de sus primeros cuestionamientos a las universidades señalaba que son “centros de adoctrinamiento” ideológico…

R. El Gobierno tiene un enorme prejuicio y desconocimiento de lo que ocurre en las universidades nacionales. Muchos de sus funcionarios quizá no han pisado la universidad pública y parecen tenerle miedo a la política universitaria, parecen creer que si alguien les da un panfleto se van a contagiar algo… La verdad es que en nuestras instituciones no hay condiciones para que haya adoctrinamiento. El docente tiene la obligación moral de decir desde dónde habla, lo que no puede hacer es calificar a los alumnos desde ese lugar y eso las universidades argentinas ya lo solucionaron hace mucho, con concursos docentes, con mesas de exámenes. Suponer que hay adoctrinamiento, además, es suponer que los estudiantes son chicos pasivos, dispuestos a recibir un mensaje sin cuestionarlo, y esa no es nuestra realidad. De hecho, cuando el Gobierno abrió un canal para recibir denuncias, el 85% de las que recibieron eran sobre universidades privadas. Ahí se empezó a caer ese preconcepto que faltaba a la verdad

P. El Gobierno ha insistido en la supuesta malversación de fondos, incluso Milei habló de “delincuentes” e insistió en la necesidad de hacer auditorías a las universidades.

R. Ese discurso tuvo más fuerza porque tocó un tema sensible para los argentinos, que es el destino de los fondos públicos. Acá hay que aclarar que las universidades argentinas consideramos bienvenido todo control que esté apegado a la ley. Y la ley establece que las universidades nacionales deben ser auditadas por la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso nacional. El Gobierno ha dicho que la AGN avanza muy lentamente, que audita solo diez universidades al año. Pero la AGN no trabaja con más celeridad porque le faltan los recursos que el mismo Gobierno no le da.

P. “El mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, con la cultura y el tiempo necesarios para poder estudiar”, ha dicho el presidente. ¿Qué opina?

R. Los datos oficiales desmienten esa afirmación y cualquiera que pase por la universidad puede ver que van estudiantes con la bicicleta con la que trabajan haciendo delivery, van mamás con sus changuitos y sus bebés, que hay alumnos que se quedan dormidos en el aula porque estuvieron trabajando todo el día o la noche. La universidad argentina cobija a gente de distintas clases sociales, es más, la educación pública es uno de los pocos espacios del país que habitan personas de todos los sectores de la sociedad. Que hoy el 69% de los cursantes en universidades sean primera generación de universitarios en sus familias es un orgullo. Fue otra mentira del Gobierno que se cayó fácil.

P. Más allá del ajuste, ¿cómo definiría a la política del Gobierno para la educación superior?

R. El Gobierno primero pareció que quería arancelar la universidad abiertamente, pero después eligió otro camino: en lugar de talar el árbol, eligió no regarlo, secarnos de a poco. La impresión es que el plan del Gobierno, en ciertas áreas, es el no plan: no tiene plan de energía, no tiene plan de producción, no tiene un plan de empleo. El único plan que tiene es gastar menos. Hay una mirada fiscalista casi obsesiva, y tienen fe en que eso va a generar mejoras en todos los demás aspectos. Por ahora, el plan es no hacer nada. Están buscando la muerte por inanición de la universidad pública, reducirla a la mínima expresión. A contramano de lo que hace el mundo, este Gobierno no quiere invertir en educación, ven en la universidad un problema, cuando podrían apoyarse en la universidad para ver más lejos y, por ejemplo, atraer inversiones. La importancia de la educación superior formaba parte de los pactos de la democracia, de 1983 para acá y desde antes también. Hoy tenemos que volver a recordar que la universidad pública es el lugar donde los “nadies” pueden ser “alguien”.

P. El tipo de discusión que le plantea el Gobierno a la comunidad universitaria es principalmente economicista. ¿Le parece válido debatir en esos términos, y señalar por ejemplo cuánto “gana” la sociedad con la inversión en educación, o cree necesario salir de ese marco y discutir en otro terreno?

R. Las dos cosas. No hay que tenerle miedo a lo que dicen los números, pero hay que ver completa la película. Los estudios macroeconómicos nos dicen que la inversión pública en un egresado vuelve al Estado multiplicada por cinco. Así que es “negocio” invertir en un graduado universitario, es un activo para el país. Pero tampoco es tan fácil, hay muchas cosas que los números no dicen. La treintena de escuelas medias que tienen las universidades, y que están entre las más prestigiosas del país, no aparecen en el número de graduados universitarios. Ahí tampoco aparecen los hospitales de las universidades, las obras sociales, los jardines maternales, los centros de investigación científica y tecnológica, los predios deportivos, la educación para adultos mayores, las tareas de extensión que son invaluables para los territorios. Ese es el modelo que se dio la universidad argentina desde hace 400 años. Y todo eso no se puede trasladar al costo por alumno o por egresado.

P. Si las universidades tuvieran el presupuesto y los salarios ideales, ¿se solucionarían todos los problemas? ¿Qué discusiones y procesos quedan relegados por el conflicto centrado en el financiamiento?

R. Nos tenemos que subir al tren de lo que se está discutiendo en todo el mundo, las nuevas formas que deben adoptar las universidades, la aplicación de la ciencia y la tecnología al mundo de la producción y del saber, la incidencia de la inteligencia artificial, adaptarnos al concepto de “educación para toda la vida”, por la velocidad con que se generan nuevos conocimientos. Necesitamos una transformación universitaria, pero sin la deformación de la calidad que hoy tenemos. La universidad argentina tiene un lugar importante en el mundo, pero si nos seguimos distrayendo con estas discusiones coyunturales lo vamos a perder. Con una inversión muy inferior, Argentina hoy se codea con las principales universidades del mundo en los principales temas. Si se profundiza la desinversión, eso no va a suceder más.

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