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Los escándalos Marset y Astesiano golpearon al gobernante de derecha

La derecha educada encarnada por el presidente Luis Lacalle Pou atraviesa sus últimos meses en el gobierno uruguayo. Una valoración de su gestión deja, como en cualquier mandato de una fuerza política de su marca –el Partido Nacional– un claro déficit en materia social y económica para las mayorías. Así lo demuestran los porcentajes de aprobación en el electorado que votará este domingo por su sucesor. El presidente de perfil yuppie, reconocido surfista y segundo jefe de Estado de una familia adinerada de Montevideo, se jubila con casi 20 puntos menos de imagen positiva que en 2020, cuando su país atravesaba la pandemia. Según la encuestadora Cifra, cayó de ese 63 por ciento al 45% actual.

Comparado con la aprobación de los gobiernos de expresidentes del Frente Amplio, como Tabaré Vázquez en su primer mandato en 2009 y José Mujica en 2014, Lacalle Pou tiene su índice muy por debajo. Una de las críticas más categóricas la hizo Pepe. “Estuvo cuarenta meses sin aumentar salarios”.

Pero además, en la columna del debe aparecen los problemas previsionales que no fueron resueltos y que también se definirán este domingo 27 en un plebiscito. La actual ley de reforma jubilatoria afecta a un millón de trabajadores que en el futuro recibirán menos salario, permanecerán en el sistema hasta los 65 años y tendrán dificultades para jubilarse. En el sector activo quedarán medio millón de asalariados cuyos ingresos son inferiores a 500 dólares. Una situación que no es ajena a otras naciones vecinas.

El gobierno de Lacalle Pou también endeudó a Uruguay por 15 mil millones de dólares más y renunció a recursos vitales de la economía como la gestión del puerto de Montevideo. Una multinacional belga, Katoen Natie (KN), lo concedió durante sesenta años. Fue la entrega de un sector vital, dada la importancia estratégica que ha tenido para la vida de todos los uruguayos durante siglos. Sectores de la oposición calificaron la decisión de “neocolonial”.

Los puntos de aprobación que perdió el presidente desde 2020 son casi los mismos que el que hoy lidera el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, sobre su delfín político: Álvaro Delgado. Enojado con sus políticas sociales, cuando Mujica lo cuestionó por no aumentar los ingresos de la clase trabajadora, agregó una de sus frases favoritas: «Tuvimos defectos, pero hay una filosofía diferente: nosotros repartimos hacia abajo y ellos siempre reparten hacia arriba».

Las decisiones socioeconómicas tomadas por el gobierno de coalición de derecha dieron al Frente Amplio una expectativa muy sólida de regresar al gobierno. En 2019 Lacalle Pou quedó segundo en la primera vuelta. Sólo gracias al apoyo de los partidos Colorado, Independiente y de la Gente más la fuerza de extrema derecha de Cabildo Abierto, logró acceder a la presidencia en un desenlace disputado con el candidato Daniel Martínez del FA. Su porcentaje de votos subió y en el primer año de la pandemia su imagen mejoró gracias a la política sanitaria. Aún hoy, en materia de Salud, es donde mejor se sitúa si se desagregan los datos de las encuestas.

Otro tema que se critica es la falta de seguridad por el aumento de los delitos. En Uruguay subieron durante su mandato por el narcotráfico. Los índices de contrabando de cocaína llevaron al gobierno a pedir colaboración a Estados Unidos. La DEA se había retirado en 2019 y ahora volvería a ocuparse del problema, según anunció la embajadora de Estados Unidos en Montevideo, Heide Fulton. Eso sí, lo haría enviando un delegado a Buenos Aires “para centrarse específicamente en Uruguay”, declaró el diplomático.

En materia de narcotráfico, Lacalle Pou se vio afectado por el escándalo que involucra al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Su gobierno le otorgó pasaporte cuando se encontraba prófugo de la Justicia y con orden de aprehensión de Interpol. Los funcionarios de la coalición cayeron en contradicciones y mentiras. El renunciante canciller Francisco Bustillo incluso dijo cuando fue interrogado en el Congreso el 22 de agosto de 2022 que no sabía quién era el jefe del Primer Cártel Uruguayo (PCU). Incluso comentó: “es uno de los tantos futbolistas que hay en el mundo”. Una verdad irrisoria, pero verdad a medias. Marset había jugado en dos clubes con identidad falsa, uno de Paraguay y otro de Bolivia, y perdió esa exposición pública.

Lacalle Pou también se vio afectado por el escándalo de su jefe de seguridad, Alejandro Astesiano, acusado de tráfico de influencias y espionaje a dirigentes opositores y que acabó en prisión. Hoy se encuentra en libertad bajo el más benigno régimen de libertad condicional.

En la política internacional, el presidente -como varios políticos que asumieron anteriormente- hizo equilibrio entre los dos gigantes de América del Sur: Brasil y Argentina, que tienen gobiernos de signos opuestos. En una entrevista hace cuatro meses para CNN en Chile evitó compararse con el ultraderechista Javier Milei. También con Nayib Bukele y su política de seguridad, de la que dijo: “No es un modelo para Uruguay”.

En marzo de 2025, Lacalle Pou vitoreará porque la Constitución le prohíbe la reelección y ya anunció que no piensa volver a presentarse a las elecciones de 2029.

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