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El Senado de Paraguay aprobó, con una mayoría del gobernante Partido Colorado y sus aliados, un proyecto de ley que busca controlar la financiación y actividades de oenegés nacionales y extranjeras, en medio de denuncias de la oposición de que será un instrumento para «perseguir» a organizaciones de la sociedad civil.

Un total de 31 senadores votó a favor de la versión del proyecto de ley que establece «el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro» aprobado por los diputados, el cual incorporó modificaciones remitidas por el Ejecutivo del presidente Santiago Peña a una primera propuesta avalada en julio pasado por el Senado.

La iniciativa, que recibió 10 votos en contra y ha suscitado preocupación entre organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, deberá ser sancionada por el mandatario para su entrada en vigor.

El texto aprobado regirá para las ONG que «reciban o administren fondos públicos o privados nacionales, fondos privados internacionales y/o fondos públicos provenientes directamente de otros Estados».

La propuesta de ley establece que las organizaciones lleven balances, una base de datos donde consten «la totalidad de los fondos o bienes que reciban o administren», y presenten informes sobre el «cumplimiento de sus propósitos», su personal y beneficiarios.

Durante el debate, el senador opositor Rafael Filizzola tachó de «infame» esta ley. «Lo único que busca es perseguir, cerrar organizaciones sociales y nos suma a una triste lista de países: Nicaragua, Venezuela y Paraguay se suma al club de tiranías de la región», sentenció.

También el congresista opositor Eduardo Nakayama cuestionó que este tipo de leyes de «control a la sociedad civil» se aplique a organizaciones nacionales y extranjeras que reciben fondos privados, que consideró no son «problema del Estado».

«A mí me preocupa de sobremanera que nosotros, tan a la ligera, demos este paso hacia un mayor estatismo, hacia una mayor presencia y regulación por parte del Estado», aseveró el legislador, para quien esta normativa aspira a controlar a las oenegés «que molestan al discurso oficial».

Por su parte, el liberal cercano al oficialismo Dionisio Amarilla defendió la nueva legislación, al cuestionar lo que describió como «desnaturalización» en el funcionamiento de algunas organizaciones.

El presidente del Congreso y uno de los ponentes del proyecto, el oficialista Basilio Núñez, advirtió de que las organizaciones sin fines de lucro, «al final, su fin principal es tener lucro», por lo que defendió la intención de llevar «transparencia». «Cuando tocamos estos puntos candentes, desde luego que te van a interferir en tu discurso, porque son parte de esa corrupción y contra eso estamos nosotros», indicó.

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