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El Consejo Nacional Electoral abrió el martes una investigación contra el mandatario y los jefes de su campaña presidencial de 2022 por un presunto exceso en los gastos que permite la ley.

El gobierno colombiano recurrió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la decisión tomada el martes por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir una investigación y formular cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su financiación. Así lo anunció este miércoles el vicecanciller colombiano, Jorge Rojas, en una rueda de prensa en la que aseguró que recurrieron ante esa instancia ya que la medida tomada por el CNE viola el voto popular que eligió a Petro presidente en 2022.

«Golpe a la democracia»

Rojas, quien ejerce como canciller encargado mientras el titular, Luis Gilberto Murillo, está de viaje oficial en China, reiteró que se trata de «una situación que puede ser muy grave para la democracia en Colombia», ya que «se ha desconocido el fuero que como derecho le asiste al presidente». «Este es un procedimiento que es muy peligroso para la democracia, yo lo llamo golpe a la democracia», afirmó Rojas, que lo comparó con el proceso de destitución que vivió Dilma Rousseff en Brasil en 2015, quien «en menos de 30 días fue destituida en un procedimiento similar».

Al otorgar medidas cautelares, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos insta a los «Estados a que defiendan a personas o colectivos de una situación grave y urgente». Ante un caso sin precedentes, algunos expertos consideran que el CNE puede remitir la investigación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara Baja, facultada para investigar y presentar cargos contra presidentes de la República.

En ese eventual escenario hay dos caminos, dijo el senador de derecha Hernán Cadavid: «Tramitarlo como un delito expreso del código penal» o un juicio político por «indignidad política», que podría desencadenar en la separación del cargo para Petro. Sin embargo, Cadavid advierte que al tratarse de una situación sin precedentes, no está claro el procedimiento.

No es la primera vez que Petro acude a esta protección. En 2013 el economista y exguerrillero fue destituido como alcalde de Bogotá e inhabilitado por 15 años. La Procuraduría, un órgano encargado de sancionar a los funcionarios públicos, lo acusó de haber actuado con dolo al reformar el sistema de recolección de residuos en la ciudad. Pero a los pocos meses recibió medidas cautelares de la Corte IDH, por lo que un tribunal de la capital falló a favor de restituirlo como alcalde.

La acusación contra Petro
El martes los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidieron abrir una investigación contra Petro y los jefes de su campaña presidencial de 2022 por exceder los gastos que permite la ley. Según el anuncio, el gobernante y sus aliados no reportaron gastos de propaganda electoral ni aportes de algunos sindicatos.

En concreto, la ponencia advierte que la campaña que llevó a Petro a la presidencia en 2022 sobrepasó los topes de gastos en más de 5.355 millones de pesos (unos 1,2 millones de dólares de hoy), sumadas las dos vueltas electorales. La apertura de la investigación generó un terremoto político, ya que el mandatario asegura que ese organismo administrativo no tiene facultades para investigarlo, por lo que se inició un «golpe de Estado».

La decisión del CNE no deja en claro el grado de responsabilidad de Petro, que tiene inmunidad y solo puede ser investigado formalmente por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en las presuntas irregularidades electorales, ni si los cargos son formulados a nombre propio o como parte del equipo de campaña. En apoyo de Petro, las centrales obreras de Colombia convocaron a una manifestación para el próximo 23 de octubre una manifestación.

Apoyo de los sindicatos

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, pidió en una conferencia de prensa a los sindicalistas que inviten a la gente a «defender la democracia de Colombia». «Lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral es prevaricar, violar la Constitución y la ley, es decir, está dando un golpe de Estado y frente a ese golpe de Estado vamos a estar en la calle», aseguró Arias.

En su opinión, la decisión del CNE «pone al país por fuera de la institucionalidad, de los canales constitucionales y legales y esto en términos muy políticos y muy prácticos también es un golpe de Estado». «El presidente no se va, el presidente se queda», expresó Arias, horas después de que Petro manifestara que «todas las organizaciones populares del país deben entrar en asamblea permanente».

«La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado. El presidente constitucional de Colombia elegido por el voto popular ordena a la fuerza pública no levantar un solo arma contra el pueblo», señaló el mandatario el martes en un contundente mensaje a la nación en el que denunció «de concretarse, este acto representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país».

Desde la Casa de Nariño, residencia oficial del presidente, Petro pidió que la ciudadanía conozca las «más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y tres inspecciones judiciales que se han realizado». «Es a través de pruebas que reclamo mi inocencia y censuro el proceder ilegal e inconstitucional del CNE», manifestó el mandatario de izquierda y agregó: «Es el tiempo del pueblo. Los tiempos de la inequidad y la violencia deben cesar en Colombia. Esto es una fractura burda e incontrovertible de la Constitución misma».

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