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En diciembre de 2022, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó el lanzamiento oficial de VenAPP, una aplicación que según se anunció ese momento serviría para que los ciudadanos hicieran denuncias a su Gobierno sobre fallas en los servicios públicos y otras solicitudes.

“Cualquier ciudadano que tenga la red social VenApp puede acudir a la línea 58 y hacer su denuncia”, dijo Maduro en aquella ocasión en una transmisión en la televisión del Gobierno.

Pero casi dos años después de su lanzamiento, la red tiene un uso muy distinto del objetivo para el cual se dijo que fue creada, según denuncias de organizaciones de derechos humanos.

En medio de la represión a las protestas tras las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como el vencedor, pero sin haber publicado hasta la fecha los resultados detallados de los votos que avalen ese anuncio, Amnistía Internacional denunció el que esa aplicación se estaría empleando para instar a la población a delatar a manifestantes antigubernamentales en Venezuela.

La entidad defensora de los derechos humanos destacó que el propio Maduro “alentó a la población venezolana a denunciar a través de VenApp, propiedad del Gobierno, a las y los manifestantes que cuestionan su reelección”.

El 30 de julio, hablándole a sus simpatizantes desde el palacio presidencial de Miraflores, Maduro dijo: “Vamos a abrir una ventana especial de la página VenApp que utilizamos para el 1×10 del buen Gobierno, con la página 58, ahora se va a abrir una especial para toda la población venezolana para que ahí de manera confidencial me pongan los datos de todos los delincuentes que han amenazado al pueblo, que han atacado al pueblo, para ir por ellos, para que haya justicia”.

Amnistía Internacional da cuenta de miles de personas detenidas tras las protestas poselectorales en Venezuela. El propio Gobierno admite más de 2.000 arrestos.

Los principales voceros del Gobierno dicen que las detenciones obedecen a hechos de violencia promovidos desde la oposición, y que afectaron a instituciones públicas como escuelas, hospitales y sedes del poder electoral. Los señalan de cometer actos vandálicos y atentar contra la Fuerza Armada, parte de un plan, dicen sin pruebas las autoridades, de un golpe de Estado organizado desde Estados Unidos. Pero, desde organizaciones de derechos humanos, denunciaron arrestos arbitrarios contra manifestantes y pidieron el respeto de sus derechos fundamentales.
En una carta abierta, firmada por decenas de organizaciones de derechos humanos como Access Now y la ONG venezolana Conexión Segura y Libre, así como por más de un centenar de expertos en temas de libertad digital en el mundo, se alertó sobre el incremento de la persecución a las voces críticas en el país luego de las elecciones presidenciales.

“El Gobierno ha intensificado sus medidas de vigilancia y censura digital, utilizando herramientas como la aplicación de mensajería VenApp para informar sobre actividades de disidentes… videovigilancia para monitorear las protestas y vigilancia con drones para provocar miedo generalizado”, detalla la carta abierta.

CNN hizo esfuerzos para contactar al Ministerio de Comunicación e Información para obtener sus comentarios sobre el uso de la plataforma VenAPP y hasta ahora no ha recibido respuesta.

Luego de conocerse las denuncias, la aplicación ya no se encontraba disponible para su descarga en teléfonos Android o Apple, pero seguía activa para aquellos usuarios que ya la estaban usando.

Desde su cuenta en X y un día después de las palabras de Maduro, la organización verificadora de datos @EspajaVE dijo que VenApp ya no estaba disponible, sin ofrecer mayores detalles sobre la medida.

Al intentar descargar la aplicación en Venezuela, CNN confirmó que ya no aparece disponible en los principales sitios de descarga.

En su carta pública, los activistas de derechos humanos también advirtieron de otros métodos que estarían siendo empleados como “la detención de personas y posterior verificación de sus teléfonos, para revisar sus fotos, redes sociales y conversaciones en Whatsapp”. CNN no ha podido verificar de forma independiente esa denuncia.

Según los expertos en derechos humanos y digitales que firman el comunicado, estos hechos se registran en medio de la llamada operación Tun Tun, usada para perseguir a críticos del Gobierno, que “incluye el uso de cuentas de Instagram, Telegram, y X para revelar nombres, fotos y direcciones de disidentes, en particular activistas y periodistas, pero también de ciudadanos comunes que sirvieron como testigos en los centros de votación”.

Regulaciones y bloqueos

Por su parte, el Gobierno venezolano asegura que desde el 28 de julio hasta el pasado domingo, al menos 25 portales oficiales han sufrido ataques cibernéticos desde el exterior en perjuicio de sitios web de instituciones claves como el Consejo Nacional Electoral, la telefónica nacional CANTV y la estatal petrolera PDVSA, entre otros.

El Gobierno venezolano anunció esta semana que la Asamblea Nacional iniciará un debate para regular las redes sociales.

Desde finales de julio, el presidente venezolano comenzó una campaña entre sus seguidores en la que asegura que los hechos de violencia registrados en el país están directamente relacionados con la difusión de contenidos desde redes sociales y mensajería.

Maduro pidió la semana pasada a sus seguidores dejar de usar voluntariamente WhatsApp y días después dijo que bloquearía la red social X, antes Twitter, durante 10 días, en territorio nacional. Debido a ello, el acceso a esa plataforma ha estado restringido para miles de usuarios desde el pasado viernes. Algunos han logrado burlar la restricción a través de la conexión privada conocida como VPN por sus siglas en inglés (virtual private network).

El Gobierno afirma que desde las redes se promueven el odio y hechos de violencia. Este lunes, el propio Maduro dijo que su cuenta de Tik Tok está restringida y que no puede hacer transmisiones en vivo en esa plataforma hasta el 19 de agosto.

De acuerdo con el mandatario, que tiene 2,8 millones de seguidores en esa red social, la plataforma limitó sus transmisiones tras difundir un video de la Fiscalía donde mostraba escenas violentas ocurridas a finales de julio en el país.

Maduro fustigó a la plataforma Tik Tok y sus dueños por la medida, asegurando que publicará los datos de sus propietarios. “Quiero decirle a los bandidos e inmorales de Tik Tok que esos hechos de violencia vienen de ustedes, todos esos videos son de Tik Tok”.

CNN envió una solicitud de información a la empresa Tik Tok para conocer su posición frente a estos señalamientos; aún no ha recibido comentarios.

Mientras tanto, el canal en Youtube del programa “Con el Mazo Dando”, conducido por el diputado y primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, también fue suspendido, información que fue confirmada por el propio legislador.

En su programa semanal transmitido por el canal de televisión del Estado y por YouTube, Cabello acostumbra a lanzar acusaciones contra opositores al Gobierno.

“Han venido descargando el odio, a nosotros nos censuran y a ellos no”, se quejó Cabello.

Del mismo modo, CNN envió una comunicación a la multinacional Google, propietaria de YouTube, para conocer si la medida se había ejecutado; aún no hubo respuesta.

CNN LATINOAMÉRICA