BLOG

Dirigentes que compartieron espacio con el líder bolivariano respaldan el plan de México, Colombia y Brasil y reclaman el fin de la persecución policial a los opositores

En medio de la crisis desatada tras elecciones presidenciales de Venezuela, en las que Nicolás Maduro se proclamó nuevamente presidente sin mostrar resultados verificables, se han multiplicado las voces de los que se consideran herederos del legado de Hugo Chávez y critican la actitud del actual presidente. Este es un chavismo crítico que trata de encontrar la manera también de lograr una salida al conflicto venezolano, que ha entrado en un terreno desconocido.

Hace tiempo que gran parte de los llamados chavistas antimaduristas se separaron de los miembros de la revolución bolivariana que están en el poder. En un comunicado difundido por dirigentes políticos, exmilitantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y exfuncionarios del Gobierno, entre ellos el exministro de Comunicación de Chávez Andrés Izarra o el exalcalde de Caracas Juan Barreto, se dirigen a los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Colombia, Gustavo Petro, México, Andrés Manuel López Obrador, los impulsores de la negociación internacional con la cúpula de Maduro. Agradecen los esfuerzos por encontrar una salida al conflicto, pero piden que “intercedan para que se ponga fin a la represión y criminalización de la protesta y violaciones a derechos humanos, y sean liberados los cientos de ciudadanos detenidos por expresar sus exigencias y reclamos en torno a los resultados dados a conocer por el CNE [Consejo Nacional Electoral]”.

El conflicto empeora a la medida que las fuerzas de seguridad ejercen una brutal represión que ya lleva más de 1.000 detenidos, de los cuales casi un centenar son adolescentes, según las cifras de la ONG que los defiende, Foro Penal. Según el Gobierno y la Fiscalía, los números de encarcelados son mayores y advierten que van a por más. De los fallecidos no hay ninguna información oficial. “La respuesta del Gobierno de Nicolás Maduro ante la demanda popular de que se muestren las actas que sustenten su anunciada reelección ha sido una oleada represiva contra sectores populares y dirigentes políticos, pocas veces vista en la historia de nuestro país. El clamor por resultados transparentes traspasa nuestras fronteras”, señala el comunicado.

El repudio a Maduro entre los que una vez compartieron espacio no solo ocurre en Venezuela. El caso más sonado este fin de semana han sido las declaraciones de la líder de las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, Estela de Carlotto, y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que han señalado la actuación de Maduro como una ofensa al legado de Chávez y una trampa en todas sus formas.

Además de las copias de las actas que publicó la oposición en las horas siguientes a los comicios, basados en una maquinaria de testigos enfocada en proteger los documentos de cada mesa de votación, la demostración del posible fraude también tiene un sostén en el candidato Enrique Márquez, exrector del CNE y que quedó en tercer lugar el 28 de julio, un dirigente de sectores opositores moderados que decidió correr solo a la elección en caso de que la oposición se quedara totalmente sin opciones. Su partido logró tener un testigo en la sala de totalización del CNE, donde debería haberse impreso el boletín con resultados que leyó el rector Elvis Amoroso. Su testimonio es clave para demostrar la inconsistencia entre los resultados y las actas que todavía no se han publicado oficialmente. En torno a él se apoyan los chavistas desencantados con Maduro.

Márquez acudió a la comparecencia en el Tribunal Supremo de Justicia a denunciar que esta instancia estaba usurpando las funciones y responsabilidades del CNE en hacer transparentes los resultados y destrabar el conflicto.

Nuevas elecciones

A la par de frenar la arremetida, dentro de estos sectores vinculados a la izquierda empiezan a hablar de una salida salomónica al conflicto, que pasaría por anular los resultados de las elecciones, superados los lapsos para poder hacer una auditoría fiable, y convocar unos nuevos comicios. En esto insiste el economista Víctor Álvarez, exviceministro de Chávez, para quien la publicación de las actas ya pierde sentido porque la demora en la respuesta del Consejo Nacional Electoral alimenta las sospechas de fraude. Es una tesis que empieza a correr y a la que se han sumado otras figuras del chavismo disidente.

“Sin las auditorías tecnológicas y ante la demora en publicar los resultados mesa por mesa que respalden el boletín final del CNE, las dudas y sospechas se acrecientan porque se ha perdido la transparencia y seguridad sobre la cadena de custodia de las bases de datos, las actas impresas y las urnas con las boletas”, señala Álvarez. “Ni la publicación de las actas por el CNE, ni la revisión y decisión del TSJ despejará las dudas sobre la autenticidad de las actas. Cualquier decisión que se tome en torno a las actas no sería creíble y no resolvería el conflicto”, añade.

Álvarez señala que el reconteo manual de los votos (con testigos nacionales y observación internacional) de cada urna podría servir para comparar la veracidad de las actas en las que se ha centrado la discusión. La falta de transparencia del CNE en el proceso no solo afecta a los resultados. Más de una semana después de las elecciones, no se ha informado del repliegue de todo el material electoral —que incluye las boletas de cada voto y las actas— que debe hacer el Plan República una vez finalizadas las votaciones.

“Pero si esto tampoco fuera posible, la última opción para despejar las dudas de un fraude y conjurar la amenaza de una creciente conflictividad poselectoral que haga ingobernable al país es declarar inauditables los resultados, anular los comicios del 28 de julio y convocar una nueva elección”, opina Álvarez.

A las elecciones pasadas se llegó luego de una negociación de una serie de garantías democráticas —con apoyo de la comunidad internacional— que el Gobierno igualmente dejó en el camino. La primera de estas garantías era la de permitir la participación de todos los candidatos. Ir a unos nuevos comicios implicaría para la oposición ceder su mayor capital en esta partida en la que participó con enormes y conocidas desventajas y en las que con todo ha mostrado las pruebas de que ha ganado.

EL PAÍS