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El resultado de la elección presidencial de 2023 en Guatemala fue una sorpresa para los actores políticos tradicionales. Los sectores de poder económico y político en el país centroamericano hicieron todo para intentar mantener el control sobre las instituciones del Estado -y así seguir con las prácticas de saqueo del presupuesto público- ante las promesas de campaña del ahora presidente Bernardo Arévalo de luchar contra la corrupción y fortalecer el sistema judicial. Ahora que Arévalo es presidente ¿será necesario para llevar esto acabo la creación de una instancia con apoyo internacional o más bien el regreso de una Comisión como la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)? ¿O podrá el gobierno hacerlo, aún con instituciones que de acuerdo a analistas se encuentran cooptadas e infiltradas por fuerzas corruptas?

Más que oposición

La estrategia de los sectores tradicionales para asegurarse el control del poder se basó, incluso previo al inicio de la campaña, en dejar fuera de la competencia a varios candidatos opositores como Carlos Pineda, un empresario que utilizó la red tiktok para posicionarse entre los contendientes fuertes, y cuyo rápido ascenso incomodó al partido oficial Vamos, del ex presidente Alejandro Giammattei.

También, a través de la influencia sobre el Tribunal Supremo Electoral y el total control de las altas cortes, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, se dejó fuera al binomio del Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP, constituido por Thelma Cabrera, una mujer maya Mam y al ex procurador de los derechos humanos, Jordan Rodas. Por otro lado, el MLP con su propuesta de un estado plurinacional se consagró como la opción antisistema, pero también quedó fuera de la contienda.

Tras la eliminación de los principales opositores, la propuesta de un gobierno anticorrupción de Bernardo Arévalo, quien no figuraba en los primeros puestos según las encuestas previas a la elección, terminó atrayendo a la ciudadanía. Pero ahora, para cumplir con esa propuesta que busca fortalecer o más bien recuperar las instituciones, el presidente debe recomponer el Ministerio Público, ente encargado de la investigación y persecución penal.

¿El regreso de CICIG?

De acuerdo con el analista y experto en temas de transparencia y gobierno abierto, Marvin Flores, un eventual regreso de CICIG resulta, ante el actual contexto, casi imposible. Y es que para el analista primero se debe depurar a los actores corruptos que “han cooptado las instituciones a través del denominado pacto de corruptos” que llegó a consolidar el saliente presidente Alejandro Giammattei.

Esto, sin embargo, resultaría muy complejo de llevar adelante porque, aunque Arévalo cuenta con el apoyo popular y el poder consagrado en el organismo ejecutivo, no sucede lo mismo en los demás poderes del Estado como las cortes y el Legislativo. Arévalo, además, según este experto “es un demócrata y no estaría dispuesto a tomar medidas radicales para sanear los niveles de corrupción que hereda su administración, no sólo de la última sino de varias administraciones que se dedicaron a infiltrar y cooptar las instituciones del estado”.

Esta dificultad preocupa a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos y la Unión Europea que tienen cada vez menos influencia sobre las democracias latinoamericanas, y especialmente centroamericanas en un momento en el que países como China están abriendo campo en la región a través de inversiones o la especulación de una posible aparición de Rusia con convenios de cooperación militar.

El Estado de Guatemala en efecto se encuentra cooptado y la transformación del mismo requiere de una reforma al sector judicial, además de una depuración de los actores corruptos que se encuentran enquistados en las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes.

Y es que en Guatemala no existe el sistema de frenos y contrapesos. La Contraloría General de Cuentas, El Ministerio Público y la Procuraduría General de La Nación, entidades encargadas del cumplimiento de la ley, han sido utilizadas al antojo de actores corruptos que se han consolidado. Además, detrás de estos actores corruptos existe una élite económica empresarial que ahora es también una élite financiera que no le interesa que existan instituciones, ni locales ni internacionales, que pongan en riesgo su “gallina de huevos de oro”.

En este contexto radica la importancia que tuvo la extinta CICIG en Guatemala como un organismo sui generis, debido a que en Guatemala es muy difícil que un órgano local pueda investigar a los personajes corruptos debido a la permeabilidad del Estado.

Durante su existencia, CICIG investigó primero a narcotraficantes, luego a militares involucrados en crímenes de lesa humanidad y posteriormente a políticos y empresarios corruptores. Y fue durante esta última etapa, dirigida por Iván Velásquez, que finalmente el gobierno de Jimmy Morales canceló el convenio.

Por lo tanto, aunque los analistas y la población en general pueden coincidir con que urge la creación de un órgano como CICIG o el regreso de la misma, dentro de la configuración actual del tablero del poder parece ser casi imposible que esto suceda.

Tomás Creelman es consultor e investigador. Director de Presagio Consulting en Guatemala.

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