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Poco a poco las fuerzas del oficialismo chileno comienzan a dar vuelta las cartas sobre sus posiciones ante el plebiscito constitucional del 17 de diciembre, donde 15 millones de electores deberán elegir entre dos opciones: A favor o En contra. Ante un texto con tintes conservadores, era evidente que la centroizquierda y la izquierda no lo apoyaría en el plebiscito, como lo han dejado ver hace semanas, pero sus posiciones se han formalizado en las últimas horas. Este miércoles fue el turno del Partido Socialista (PS), el principal sostén del Gobierno de Gabriel Boric, que tiene en sus manos Hacienda, la relación con el Parlamento y la seguridad pública, entre otras carteras. Luego de la realización de una Comisión Política, los socialistas chilenos han definido que no apoyarán el texto, en el segundo intento de Chile por lograr una Constitución nacida en democracia.La presidente del PS, la senadora Paulina Vodanovic, responsabilizó al Partido Republicano de la extrema derecha, que protagonizó el proceso con 22 de los 50 representantes en el Consejo Constitucional, de haber introducido al texto normas identitarias y fortalecido el Estado subsidiario.

El proyecto aprobado por la mayoría de las derechas del Consejo Constitucional, dijo, «impone una visión económica ultra liberal, regresiva en derechos y conservadora. Así también, amenaza los derechos de las mujeres, poniendo en riesgo las leyes de aborto en tres causales y la píldora del día después; se habilita institucionalizar la discriminación hacia la diversidad sexual y la mención del Estado Social Democrático de Derecho, es vacía de su arquitectura propia».A la declaración del PS se unió este mismo miércoles el PPD, una fuerza de la izquierda moderada que, al igual que los socialistas, formaron la Concertación de centroizquierda que gobernó Chile entre 1990 y 2010. Es el partido al que pertenece la ministra del Interior de Boric, Carolina Tohá, una fuerza política que a través de un comunicado informó que rechazará en proyecto en el plebiscito «por su ineficacia y su peligro potencial para avances sociales de larga data».Existe bastante expectación por las posiciones públicas que en los próximos días cristalizarán los expresidentes Eduardo Frei, de la Democracia Cristiana, Ricardo Lagos -militante socialista y del PPD- y Michelle Bachelet, que ha dejado entrever sus resistencias ante el texto.

«Si la propuesta de nueva Constitución retrocede en los derechos de las mujeres, yo no podría votar a favor», dijo la médico socialista a mediados de agosto. Es altamente previsible que adopten las mismas posiciones que sus partidos. En el caso de Lagos, su círculo intelectual y político se ha manifestado por el rechazo, como aseguró el domingo en EL PAÍS el sociólogo Ernesto Ottone. El caso de Frei, sin embargo, resulta menos cierto. Aunque la DC no tomará una decisión sino hasta el martes 7, el presidente del partido, Alberto Undurraga, transparentó su postura en contra de la propuesta.El único presidente de derecha que ha tenido Chile desde el retorno a la democracia en 1990, Sebastián Piñera, ya ha manifestado su apoyo al texto, como la totalidad de los partidos y figuras de la oposición chilena.La Constitución de los cuatro generalesEl texto fue aprobado el lunes en el pleno del Consejo Constitucional con los 33 votos de las derechas y los 17 votos en contra del oficialismo, que manifestaron abiertamente su posición de rechazo.

El martes, fue el propio presidente Boric el que, al finalizar una gira en el sur del país, manifestó su posición ante la propuesta, aunque sin aclarar directamente su preferencia, que resulta evidente. Junto con garantizar que su Gobierno está ocupado en garantizar el éxito del proceso en sus términos procedimentales, dijo estar «preocupado». «Veo que se cometieron errores que también se cometieron en el proceso anterior y que, en ese sentido, el aprendizaje no fue integrado como todos hubiésemos esperado», manifestó Boric en relación al frustrado primer intento de Chile de consensuar una Constitución nacida en democracia, a diferencia de la vigente que se redactó en 1980, en la dictadura de Augusto Pinochet, aunque fue sometida a unas 60 reformas en democracia. Entre 2021 y 2022, una Convención Constitucional dominada por grupos identitarios de la izquierda radical trabajaron una propuesta que, en septiembre del año pasado, fue rechazada por el 62% de la gente.El presidente Boric, a diferencia del fracasado intento anterior, donde él y su Gobierno asumieron un activo papel para que se aprobara, en esta ocasión ha intentado cautela y prescindencia.

Pero da luces sobre lo que observa. El martes, el mandatario de izquierdas agregó que «acá no hubo una propuesta ni de cerca de ser de consenso, porque finalmente se impuso la mayoría circunstancial que hubo en el Consejo, tal como en el proceso anterior», dijo en la región del Biobío. «En temas que tienen que ser de largo plazo, las mayorías no pueden ser solamente circunstanciales, sino que tenemos que pensar más a largo plazo y desgraciadamente aquí eso no fue tomado en cuenta desde nuestro punto de vista», afirmó Boric.La oposición le ha recordado sus palabras de marzo de 2022, cuando el propio Boric aseguró, en medio del primer proceso, que «cualquier resultado será mejor que una Constitución escrita por cuatro generales», en referencia a la Carta Fundamental vigente. Hoy en día, figuras del Frente Amplio al que pertenece han declarado que nunca pensaron que estarían defendiendo la Constitución de Pinochet, como lo aseguró la consejera María Pardo, del partido de Boric, Convergencia Social.El Partido Socialista, en su resolución de este miércoles, acordó respaldar «la decisión del presidente de no perseverar en un tercer proceso constitucional» de no aprobarse el texto el 17 de diciembre, como ha dicho Boric y La Moneda en las últimas semanas.

Es un intento de frenar intentos, sobre todo de algunas figuras del Partido Comunista -como el alcalde Daniel Jadue- que buscan seguir con el proceso abierto. «Ningún Gobierno, ni este ni el que venga, puede dar por finalizado un proceso constituyente que le pertenece al pueblo, porque no corresponde que los gobiernos que están en entredicho sean los que definan si los procesos constituyentes se hacen o no se hacen», dijo Jadue hace algunos días.Dado el cansancio ciudadano con un proceso constitucional abierto desde 2019, sin embargo, parece poco probable que Chile insista en cambiar su Carta Fundamental de no aprobarse el texto el 17 de diciembre. Las transformaciones, de existir, se deberían hacer a través del Parlamento.

EL PAÍS