BLOG

Aunque los partidos políticos de la izquierda y centroizquierda de Chile todavía no han hecho oficial su postura frente a la propuesta de Carta Fundamental del Consejo Constitucional, dominado por las derechas con 33 de los 50 asientos y que se votará en el pleno del lunes 30, desde hace al menos un mes distintas voces han entregado señales claras de que se inclinan por la opción En contra. Esto, a pesar de que para este sector es una decisión en extremo compleja: si rechaza, sigue vigente la Constitución actual que, aunque haya sido reformada más de 60 veces, tiene su origen en 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), razón por lo que su aspiración histórica ha sido reemplazarla.

Una frase de la abogada María Pardo, consejera constitucional por Convergencia Social, el partido del presidente de izquierdas Gabriel Boric, refleja el dilema del oficialismo. «A mí me apena muchísimo decirlo, porque soy profesora de derecho constitucional. He estado toda mi carrera profesional hablando, estudiando, criticando la Constitución actual, que fue originada en dictadura, y me da vergüenza decirlo, pero es cierto: lo que se está terminando de perfilar acá es una propuesta que es peor que la Constitución actual, redactada en dictadura y está siendo elaborada en democracia», dijo hace unos días en una entrevista al portal Emol.

En agosto, poco antes de que comenzaran a votarse las primeras enmiendas impulsadas en especial por el Partido Republicano, de la derecha radical que lidera José Antonio Kast y que tiene el control del órgano con 22 delegados electos, el consejero oficialista del mismo partido que Pardo, Yerko Ljubetic, adelantaba en agosto el escenario a EL PAÍS: «No estamos dispuestos a suscribir una Constitución escrita en democracia que sea peor que la que tenemos». Esto, mientras el 15 de octubre, el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, dijo en El Mercurio que el nuevo texto le parecía, hasta ese momento, «una Constitución soberbia y fanática».

Este segundo intento de reemplazar la actual Constitución de Chile se impulsó después de que en septiembre de 2022 el 62% de la ciudadanía rechazó en un plebiscito la propuesta de la Convención Constitucional que, a diferencia del órgano Consejo Constitucional de 2023, estaba integrado por delegados de extrema izquierda que, principalmente, provenían de movimientos sociales. En la fase anterior, las derechas se quejaron de que no fueron escuchadas, y hoy son las izquierdas las que alegan la falta de acuerdos.

El proceso actual, además, fue planteado con un mecanismo totalmente diferente al anterior. Primero, una Comisión Experta de 24 integrantes nombrada por el Congreso a propuesta de los partidos políticos, entregó un texto moderado y de consenso que sirvió de base de trabajo del Consejo Constitucional. Pero, cuando llegó al órgano electo, se levantaron una serie de enmiendas que fueron impulsadas con el protagonismo del bloque republicano, cuya postura arrastró a Chile Vamos, de conglomerado de la derecha tradicional, que las respaldó. Así, la mayoría de las normas que han sido aprobadas cuentan con el respaldo de los 33 votos de la oposición y los 17 en contra del oficialismo, por lo que se prevé que en el pleno final del lunes próximo ocurra una votación similar.

Para el oficialismo, este segundo intento de Constitución no ha resultado como esperaba. Por ejemplo, si bien se consagró en el texto el Estado social, una aspiración histórica para las izquierdas, no quedó tan robusto como querían. Las derechas a su vez, hicieron valer su mayoría y mantuvieron también el modelo de Estado subsidiario, que está implícito en la Carta Fundamental vigente, y que ratifica un papel clave a los privados en la provisión de derechos sociales, como en el sistema de salud y de pensiones. Además, se aprobó la norma que señala que «la ley protege la vida de quien está por nacer» que para el oficialismo podría colisionar con la ley aborto tres causales que rige desde 2017 en Chile. Aunque hay varios artículos que han generado consensos, las críticas del oficialismo se mantienen.

Por ahora, solo dos integrantes del proceso constitucional del oficialismo han transparentado su voto en contra de la propuesta: Alihuen Antileo, el único consejero electo por escaños reservados por el pueblo mapuche, quien aseguró: «Recomiendo que esta propuesta sea rechazada por los indígenas de Chile ya que no nos incluye». La abogada de centroizquierda de la Comisión Experta, Alejandra Krauss, en la misma línea, dijo: «Una democratacristiana que busca cambios y transformaciones, nunca va a permitir retrocesos en derechos», aseguró a CNN Chile. Previamente, Krauss había señalado en una entrevista con EL PAÍS que la propuesta es «un texto conservador y de retroceso respecto incluso de la Constitución actual».

El penúltimo pleno del lunes 23 en el Consejo Constitucional fue una antesala de la votación final del próximo lunes 30, pues se aprobaron por 32 votos contra los 17 de las izquierdas, todas las propuestas de solución que propuso una comisión mixta – también con mayoría de la oposición- donde se intentaron limar las últimas diferencias. Y si las derechas no sumaron sus usuales 33 votos, fue solo porque uno de sus consejeros se ausentó.

«Estamos en un dilema. Si se aprueba esta propuesta, por presentar una parcialidad, va a generar descontento en el breve plazo. Si se rechaza, ustedes ya ven como está funcionando la política con el texto que nos rige actualmente», dijo el Domingo Lovera, experto por Revolución Democrática, partido del Frente Amplio, conglomerado de Boric.

«La Constitución es de derecha y está mal hecha», aseguró el lunes el comisionado del Partido Comunista (PC), una fuerza que es parte del Gobierno de Boric, Alexis Cortés. Un día antes, el presidente del PC, Lautaro Carmona, señaló al diario El Mercurio que «lo que hay en este momento no es una propuesta de Constitución, una que sea una ley madre, que reglamente y articule la malla legislativa. Se parece más a un programa de Gobierno, como lo dijo la propia Evelyn Matthei». Lo dijo en referencia a la alcaldesa de Providencia, de la UDI, de la derecha tradicional y que, según las encuestas, es la figura mejor evaluada de la oposición, por sobre Kast, que hasta ahora no ha respaldado el texto, a diferencia de la mayoría de los líderes de las derechas.

El Partido Socialista, que tiene una presencia clave en el Gabinete de Boric, también ha dado señales críticas a la propuesta. Si su consejero Gabriel Osorio dijo el domingo en el periódico La Tercera que «cerrar el problema constitucional con un texto que tiene serias deficiencias técnicas es irresponsable», el lunes la presidenta de esta fuerza política, la senadora Paulina Vodanovic, señaló: «Nosotros, principalmente, estamos en contra el abuso. Y no solo los presidentes de partidos, Chile está en contra los abusos. Los expertos nuestros han tratado de que en este texto se consagren mejores normas para proteger a la ciudadanía». Pero, agregó, que esperarán hasta el final del proceso, es decir hasta el 7 de noviembre, cuando el documento se entregue a Boric, para oficializar su decisión: «Somos respetuosos de la institucionalidad».

El presidente del PPD, partido de la izquierda moderada, el senador Jaime Quintana, también ha enviado señales. Y ha dicho que «como PPD nos cuesta terminar respaldando una propuesta en donde las mujeres pierden derechos». Pero Verónica Undurraga, presidenta de la Comisión Experta, nombrada por esa colectividad, ha ido más allá. El lunes, en su intervención en el pleno, señaló: «Es mi deber decir que no logramos el propósito de ofrecerle al país una buena Constitución que nos permitiera reencontrarnos», pero que «eso no significa que Chile pueda construir diálogos por otras vías».

Lagos, Bachelet y Boric

También se han pronunciado dos expresidentes de la República, los socialistas Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018). Lagos dijo en una entrevista hace una semana a radio Duna que no estaba «disponible para, de nuevo, hacer una Constitución donde un sector tiene un veto privilegiado». Bachelet, en tanto, también ha mostrado una postura crítica. En septiembre, mientras la propuesta avanzaba, la exmandataria advirtió en un encuentro con empresarios, en Icare: «Lo digo claramente porque creo que no se aprendió la lección que nos hizo fracasar la vez anterior. Una Constitución no es el espacio para darle rango nacional a identidades políticas particulares, ni para hacer sentir ni perpetuar el triunfo de unos sobre otros. Una Constitución es el conjunto de reglas básicas aceptadas por todos que nos permite procesar democráticamente nuestras diferencias».

Boric, en tanto, apenas se constituyó el Consejo Constitucional, en junio, dijo que durante su Administración no habrá «condiciones para llevar adelante un nuevo proceso». Y, aunque el Gobierno ha tomado una posición de prescindencia, a fines de septiembre el mandatario chileno reveló que estaba preocupado por el curso que estaba tomando el proceso.

«Hace mucho tiempo he sido partidario y hemos trabajado por tener una nueva Constitución y esa Constitución tiene que reflejar los consensos que tenemos todos los chilenos y no solo un sector», dijo Boric. «Yo estoy preocupado del éxito del proceso y no voy a ser quien trabaje por lo contrario. Espero que las voces que se están levantando apuntando al mayor consenso posible sean escuchadas y les deseo todo el éxito y van a contar con nuestra colaboración en eso», dijo el presidente chileno.

Pero aunque no resulta evidente si La Moneda dará vuelta sus cartas antes del plebiscito o seguirá apostando a una imparcialidad pública, el oficialismo de Boric, puertas adentro, está por rechazar el texto. La derecha busca, sin éxito hasta ahora, que lo expresen claramente.

EL PAÍS