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El comité encargado de redactar el nuevo proyecto constitucional, votado por los chilenos y en el que pulula la extrema derecha, aprobó el pasado 20 de septiembre algunas enmiendas al borrador de la nueva carta magna, mismas que pondrían en riesgo los derechos reproductivos de las mujeres, son hostiles a la migración y evitarían penas carcelarias a los condenados por delitos en la época dictatorial chilena.

Una nueva polémica en la redacción de la posible nueva constitución chilena. Con 33 votos a favor, provenientes de la derecha tradicional y la extrema derecha, y 17 en contra, del oficialismo convertido en oposición dentro del proceso, el Consejo Constitucional acordó transitar de la ley constitucional actual que solo vela por la vida «del que está por nacer» a «quien está por nacer».

El cambio, aunque parece mínimo, transforma el texto inicial que habían salido del esfuerzo de la Comisión Experta, nacida desde la propuesta multipartidaria, que solo hacía alusión al «derecho a la vida».

“Le ofrecimos al Consejo Constitucional un anteproyecto que servía de base para ser perfeccionado, y no como siento hoy, que se está desmantelando”, afirmó Alejandra Krauss, integrante de la Comisión Experta, para el medio local RadioADN.

El intento de la extrema derecha parecía frustrado, después de que el pasado 15 de septiembre el conglomerado de la derecha tradicional Chile Vamos se desmarcara de una propuesta de los radicales, liderados por el excandidato presidencial José Antonio Kast, que proponía que «todo ser humano es persona». Después del cambio de proposición, Chile Vamos otorgó su apoyo.

La enmienda aprobada podría poner en peligro la legalidad de la ley que, desde 2017, contempla la despenalización del aborto en Chile por tres causales: violación, peligro en la vida de la gestante y malformación fetal.

Los derechos de «niñas y mujeres», en peligro: Frente Amplio
Desde la oposición de izquierda, expresan sus preocupaciones sobre la nueva enmienda constitucional, temiendo regresiones en los progresos conseguidos en los derechos reproductivos de las chilenas.

«La palabra ‘quién’ se reitera el principio de que todo ser humano es persona y con ello se quiere abrir una vía para invalidar constitucionalmente la ley de aborto en tres causales”, afirmó el vicepresidente de la institución, Aldo Valle.

El vicepresidente del Consejo Constitucional también señalo la constante en la legislación chilena que «por 40 años» siempre se ha considerado que «el feto es ‘el que’ está por nacer, es un ente, no es una persona».

Por otro lado, expertos en materia jurídica también han materializado sus reservas ante las enmiendas realizadas al proyecto constitucional que los chilenos votarán por su aprobación final a finales de 2023.

«Al intentar borrar todo lo avanzado en derechos sexuales y reproductivos, lo que se está imponiendo es una visión moral de la vida a través de la Constitución», sentenció José Ignacio Núñez, profesor chileno en Derecho Constitucional, para el diario local ‘El Mostrador’.

Candados a la migración y ‘perdón’ a criminales de la dictadura de Pinochet
Además, el Consejo Constitucional también dio luz verde a otras reformas a la que potencialmente puede ser la nueva carta magna chilena, que de igual manera, disgustan a la administración progresista de Gabriel Boric y a un gran sector de la población.

Una de las modificaciones aprobadas reza que, cualquier persona que entre a territorio chileno por «pasos no habilitados» y de manera irregular será expulsado «en el menor tiempo posible o devueltos a su país de origen, tránsito o residencia, salvo en los casos de refugio o asilo».

Aunado a ello, si algún migrante comete cualquier crimen, este sería automáticamente expulsado rumbo a su país de origen para que cumpla su sentencia carcelaria en dicho territorio.

Sobre las penas carcelarias, otra polémica reforma aprobada por la derecha chilena establece que, los condenados a cumplir tiempo en prisión «podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria total», en caso de que tengan alguna «enfermedad terminal».

Los inconformes con el proceso han señalado que está nueva ley buscaría ‘perdonar’ a los condenados en Punta Peuco, cárcel especial para aquellos oficiales responsables de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet, cuya edad poblacional es de alrededor de 70 años.

“El Partido Republicano lo que quiere es liberar a los presos de Punta Peuco, bajo el argumento de que las enfermedades crónicas que cualquier adulto mayor tiene, como diabetes o hipertensión, pueden ser terminales», mencionó Leonardo Soto, diputado chileno por el Partido socialista.

En el segundo intento en tres años por redactar un texto constitucional que reemplace al actual, de época pinochetista, Chile votará el próximo diciembre «a favor» o «en contra» de una nueva carta magna, después de que la propuesta de Gabriel Boric fallara en lograr la aprobación de los chilenos en septiembre de 2022.

Con EFE y medios locales