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GUILLERMO PEREZ

El pasado 11 de agosto el gobierno de Nicolás Maduro intervino al Partido Comunista de Venezuela (PCV). Por una decisión judicial, los comunistas perdieron la propiedad del histórico partido (de casi 100 años, el más antiguo del país), que ahora cuenta con una directiva integrada por personas leales a Maduro.

El acontecimiento puede sorprender. Lo cierto es que, aunque aliado del Gobierno desde la ascensión de Hugo Chávez, el PCV siempre demostró un nivel de autonomía que no se condice con el proyecto del gobierno de Maduro, que, en ocasiones, coquetea con el totalitarismo y la eliminación de cualquier forma de expresión política autónoma.

Siempre hubo desacuerdos entre el PCV y el Gobierno, incluso con Chávez, quien llegó a amenazarlos. Pero fue con Maduro con quien la relación parece haber llegado a un punto de no retorno.

La ruptura se debe a cambios en la política económica del país. Desde 2019, Maduro ha introducido pequeños cambios en el modelo, creando una especie de capitalismo de compadres en el país, y relajando (de facto, no de iure) algunos de los controles sobre la economía venezolana.

Estos cambios permitieron una cierta estabilización y un crecimiento débil. Esta situación se sostuvo, en parte, por el congelamiento de los salarios, y aumentó tanto la pobreza como la desigualdad en Venezuela, lo que ha molestado a algunos de los aliados de Maduro.

Por lo tanto, ya sea porque el capitalismo amiguista de Maduro no incluía a los comunistas, ya sea porque sus principios ideológicos no coinciden con los cambios económicos, ya sea una combinación de ambos, la relación entre el PCV y Maduro (a quien acusan de “neoliberal”) se rompió, al parecer, definitivamente.

Un nuevo sistema de partidos en Venezuela

El cambio en el pensamiento económico ha tenido un impacto en la política del país, pero los cambios en el sistema de partidos son más radicales.

Con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el chavismo disidente (quienes insisten en reivindicar al fallecido líder izquierdista, pero no apoyan a Maduro) se queda sin ningún partido relevante para inscribir candidatos en futuras elecciones.

El problema es grave porque reduce la posibilidad de que un sector político del país se exprese. Pero cuando miramos las decisiones del TSJ sobre los partidos venezolanos en su conjunto, el panorama es mucho más sombrío.

Durante los últimos diez años, los tribunales (sumamente politizados a favor del Gobierno) tomaron decisiones que transformaron el sistema de partidos con una estrategia simple: secuestrar el estatus legal de los partidos o descalificarlos para impedir su participación en las elecciones.

La práctica comenzó con Chávez, quien en 2012 intervino en los partidos Patria Para Todos (PPT) y Por la Democracia Social (Podemos), dos exaliados del Gobierno que, en las elecciones presidenciales, decidieron sumarse a la campaña del candidato opositor Henrique Capriles Radonski.

En 2015, ya con Maduro como presidente, se volvió a emplear la estrategia, esta vez para intervenir a cuatro partidos de oposición: MIN-Unidad, MEP, Bandera Roja y Copei, uno de los más antiguos de Venezuela. En 2017 fueron ilegalizados Acción Democrática (AD), que fue fundador de la democracia en el país, Un Nuevo Tiempo (UNT), Nuvipa e Independientes por el Progreso.

En 2020, el TSJ intervino e impuso direcciones ad hoc a AD, Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP). Y en las elecciones presidenciales de 2018, ninguno de los partidos de oposición nacionalmente conocidos pudo inscribir candidatos para participar.

Para comprender el efecto de las intervenciones judiciales, basta mirar lo que queda de los partidos que ganaron las elecciones legislativas de 2015, las últimas consideradas mínimamente competitivas para permitir que ganara la oposición.

Actualmente, la mayoría de los partidos de oposición se encuentran intervenidos o inhabilitados, y algunos candidatos ni siquiera tienen un partido habilitado ante el organismo electoral para registrar su candidatura (entre ellos, María Corina Machado).

Si bien la oposición venezolana fue la principal víctima de las intervenciones judiciales, también fueron intervenidos o inhabilitados sectores considerados chavistas, pero que no apoyan a Maduro, como Tupamaro (2020) y Marea Socialista (una facción separada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partido del Gobierno.

Maduro, con poco apoyo electoral, sigue una estrategia simple: dividir el voto de la oposición y evitar la competencia de otros actores de la izquierda.

Sin libertad de asociación

A través de un control institucional total, Maduro transformó el sistema político venezolano y, con ello, eliminó efectivamente la posibilidad de que grupos con diferentes ideologías puedan competir por las preferencias de los votantes.

Sin embargo, las limitaciones a los derechos de reunión y asociación no solo ocurren en el mundo político. Entre julio y agosto de 2023, seis sindicalistas fueron condenados a 16 años de prisión por reivindicación de derechos, se llevó a cabo una intervención judicial contra la Cruz Roja venezolana e incluso se violó el derecho a la privacidad en un caso que se volvió famoso internacionalmente por haberse arrestado bajo cargos falsos a un grupo de hombres gays en un sauna.

Chávez llegó a la Presidencia prometiendo democracia participativa como cura de los fracasos del bipartidismo venezolano de la segunda mitad del siglo XX, pero la principal víctima del sistema político que creó fue precisamente la participación.

Con partidos y políticos excluidos, sin libertad de asociación ni derechos sindicales y con las organizaciones no gubernamentales constantemente acosadas, la sociedad civil venezolana se ve obligada a seguir un camino económico que la empobrece y solo beneficia a la élite en el poder y sus amigos, sin poder elegir ninguna alternativa de derecha ni de izquierda.

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