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Por Jaime Jiménez

La elaboración de listas a concejo, asambleas departamentales y juntas administradoras locales, sin contar la escogencia de candidaturas a alcaldías y gobernaciones, se ha convertido en un auténtico atolladero para el Pacto Histórico. No es nuevo, algo parecido ocurrió a fines de 2021 cuando se confeccionaron los catálogos para congreso y cámara. En el momento actual el tema subió de tono debido a que fueron muchas las personas, candidatas a las corporaciones públicas locales, que se sintieron ultrajadas por Bogotá al no haber sido tenidas en cuenta, máxime cuando se llegaron a hacer consultas internas, las cuales fueron desconocidas parcial o totalmente por los organismos de decisión política en la capital del país.

Esa situación, que a simple vista podría calificarse como una brecha entre la burocracia centralista y las bases, es más compleja de lo que parece. Obedece a la ritualización de unas prácticas o conductas burguesas al interior del Pacto Histórico, no sólo en su cúspide sino en la mayoría del tejido que constituye la coalición de gobierno. El peso de la ideología dominante es más fuerte de lo que se cree, es como la ley de la gravedad, que existe y no nos damos cuenta de ello; así también en las relaciones sociales se reproducen prácticas que obedecen a otras concepciones del mundo distintas a las que se pregona defender, que se suponen son las revolucionarias, las proletarias e incluso las comunistas.

Me permito hacer un paréntesis y recordar aquello del modo de funcionamiento burgués, magistralmente señalado por el filósofo Louis Althusser

“en su trabajo titulado ‘Lo que no puede durar en el Partido Comunista’, elaborado a partir de la estrepitosa derrota electoral de los comunistas en las elecciones francesas de 1978. Dice el filósofo que al interior del Partido ocurre un divorcio entre la dirección y la base, es decir, que entre las células y el pueblo se vive una democracia dinámica y permanente, pero cuando se llega a las direcciones la ausencia de democracia se impone, ello con fundamento en la compartimentación y el mando unipersonal, típico de lo que ocurre en el modo de producción capitalista en el que el burgués es el amo y señor del proceso productivo; en este caso son las direcciones partidarias, más particularmente el presidente o líder máximo de la organización, quien lo define casi todo. Es así como el programa, los estatutos, las definiciones colectivas, son reemplazadas con “acabo de hablar con el máximo, es que tengo línea directa con el máximo y él quiere que…”. Es en ese contexto en el que aparecen los grupos de amigos, las componendas, los manejos, las mentiras o verdades a medias, todo un escenario en el que la base y el pueblo son vistos como herramientas electorales para conquistar unos cargos y no como la esencia de la futura democracia popular que sacará a Colombia adelante”[1].

Pero, ¿cómo surge el modo de funcionamiento alternativo, popular, revolucionario o comunista? No aparece por decreto, ni es resultado de lúcidos y apasionados discursos de los líderes de la organización, surge de un proceso lento que puede durar años y hasta décadas. En ese recorrido es vital las horas o días de confrontación directa contra el establecimiento, vale más un día de combate callejero que mil horas de teoría (frase que se le atribuye a Lenin), ello porque el peligro y el riesgo exige de formas dinámicas de democracia y de centralismo que generan unos sólidos lazos entre quienes luchan. Más aún cuando se asumen formas superiores de lucha, como la armada, en la que la vida de quienes están a la vanguardia está resguardada por una base social que conoce las consecuencias de apoyar a los que están en la primera línea del combate.

Y fueron justamente las organizaciones insurgentes las que mejor construyeron una base social organizada. El trabajo de masas o trabajo de base era el fundamento para desmoronar desde los cimientos el orden capitalista. Encontraba como terreno abonado las reivindicaciones inmediatas, sea de obreros, campesinos, estudiantes, indígenas o afrodescendientes, pues, generalmente el establecimiento consideraba cualquier protesta, por legítima y genuina que fuera, como un desafío a la “democracia”. Las masas movilizadas entendían, por sí mismas o por influencia de la conciencia política, que la lucha por un hospital o por un pliego de peticiones de cualquier fábrica, estaba relacionada en últimas por la lucha por la conquista del poder.

Las palabras del criminal de guerra, general Álvaro Valencia Tovar, en el periódico El Tiempo, resume la percepción de las élites gobernantes en 1988, en torno a la ciudadanía movilizada:

“Sí. Afrontamos una guerra de múltiples facetas, compleja, turbia, indefinida en muchos campos y por ello más difícil de descifrar y conducir. Se precisa tomar conciencia de ello y obrar en concordancia (…) Su esencia es, sin embargo, revolucionaria (…) Comienza con un indetectable proceso de infiltración del Estado y del cuerpo social. Implantan células expansivas en puntos neurálgicos: sindicatos, centrales obreras, magisterio, universidades, medios de comunicación, aparato judicial y, si es posible, Fuerzas Armadas e Iglesia. Crean organismos de fachada dentro y fuera del país, señalado como objetivo que orquestan campañas de descrédito contra el régimen que se busca demoler, y de justificación de la lucha armada. Se recurre a idiotas útiles en plan de notoriedad para que desde las toldas democráticas torpedeen el sistema, desacrediten sus ejércitos, vilipendien a sus gobernantes y dejen la impresión global de corrupción, ineptitud, arbitrariedad, tiranía (…) Enarbolan banderas sociales para justificarse. Incorporan por persuasión o coacción jóvenes ingenuos que creen servir un ideal (…) Se recurre a toda suerte de expedientes. Marchas campesinas, actos vandálicos en universidades, paros laborales, sabotaje (…) Ingenuamente se cayó en el engaño de la negociación política (…) Adquirieron status y un partido que realiza abiertamente la acción desestabilizadora interna y de descrédito más allá de las fronteras, con la respetabilidad que da a sus miembros la investidura parlamentaria (…) Se requiere unidad nacional, genuina, honrada, sin segundas intenciones. Una dirección firme y motivante, que dé la más alta prioridad en la asignación de recursos a la lucha, entendida integralmente. Es decir, con responsabilidad primaria en el instrumento armado (…).[2]

Los poderosos siempre tuvieron claro que cualquier manifestación de descontento era una escuela en la que el ciudadano del común aprendía a conocer los verdaderos resortes que mantenían el status quo imperante.

Pero en la medida que la insurgencia fue derrotada y desmovilizada, a la vez que su tejido social brutalmente exterminado por medio del Terrorismo de Estado (paramilitares y Fuerzas Armadas), esa tradición organizativa se fue perdiendo y buena parte del movimiento de masas, huérfano del apoyo de la insurgencia, quedó en manos de organizaciones sociales o de partidos legales (la llamada “izquierda democrática”) en las que “el modo de funcionamiento burgués” operaba de “forma natural”.

Esta es la herencia con la que los partidos del Pacto Histórico hacen política. Colombia Humana, por ejemplo, es la confluencia de gente venida de todas partes; de muchachos, algunos de ellos, con los vicios y mañas de lo peor de la tradición política colombiana; de maduros (casi viejos) y no tan maduros militantes que piensan sólo en un puesto o en un contrato y que les da física pereza comprometerse con una comunidad; liderada por el Presidente Gustavo Petro, una persona proveniente de una organización política que poco conoció eso de consolidar trabajo organizativo en las zonas donde operaba, lo que incidió, entre otros aspectos, a que fueran derrotados tempranamente y firmaran su rendición en marzo de 1990, Colombia Humana y casi por igual el resto de agrupaciones que forman el Pacto Histórico, carece de dirigentes que tengan raíces profundas con una base social organizada, centralizada y dispuestos, todos, dirigentes y bases, a jugarse el todo por el todo en sus espacios naturales y en las calles.

Se ha ido formando, entonces, una élite de izquierda, que, entre curules, puestos oficiales, ONG´s (USAID), altos cargos sindicales, etc., cada vez se parece menos a una auténtica organización revolucionaria y más a lo que podríamos llamar la “burguesía nacional”, aquella categoría social con la que buena parte de la izquierda, sobre todo la electoral, soñaba con encontrar y aliarse con ella para alcanzar una “revolución democrático burguesa”, como antesala a la futura revolución socialista. Esa es, justamente, la paradoja y uno de los Talones de Aquiles del Pacto Histórico como coalición de gobierno, creer que, con vehementes llamados a la organización y movilización popular, ella brotará espontáneamente, máxime cuando las masas lo que ven es un modo de funcionamiento, que, aunque muy bien intencionado y que está produciendo resultados nunca vistos, se parece a como operaban los gobiernos anteriores.

Ello se hizo palpable en la confección a las listas a concejo, asamblea, juntas administradoras locales, sin hablar de los avales a candidatos a alcaldías y gobernaciones. No es la primera vez que pasa, sólo que ahora se supone que estando en la presidencia las cosas serían más organizadas y transparentes, no fue así. Salieron a relucir los conciliábulos, los expertos en cabildeo, lobby y demás artes de las “relaciones públicas” que se fueron a Bogotá y desde allí elaboraron unas listas que desconocían el sentir de las bases en los territorios, peor aún, borraron de un plumazo el veredicto de consultas internas. Ese sábado 29 de julio, día en que se inscribieron las listas en la Registraduría, alguien lo ha denominado “el sábado negro”. Con toda razón.

En medio de la rabia y la indignación se discute sobre las alternativas para cortar de raíz semejantes desafueros. Sale una, que es la más lógica, mas no por ello menos sencilla, convertir el Pacto Histórico en un partido. Ese sería el escenario en el que las bases pondrían en su sitio a todos esos burócratas que tienen intereses distintos a los del pueblo, a la vez que sería el “intelectual colectivo” que asesoría al Presidente de la República, tanto para apoyarlo como para limitarlo, pues Gustavo Petro no es infalible.

Pero que “caciques”, con sus precarias tribus y “propietarios” del acto administrativo que les dio personería jurídica, estén dispuestos a renunciar a su diminuta parcela de poder en torno a un ideal superior no parece sencillo. Es de justicia reconocer que no es lo mismo el Polo Democrático Alternativo, por ejemplo, con más de quince años de trayectoria y una importante red de militantes en todo el país a cualquier otra organización política, con una escasa incidencia política y un puñado de militantes a lo largo del territorio nacional.

Mientras, ha aparecido otra alternativa, que en principio parece una respuesta legítima, pero que puede traer consecuencias nocivas al Pacto Histórico: la presencia de Listas Abiertas a las corporaciones públicas, en competencia con las listas cerradas emanadas de los órganos de dirección de la coalición. En Medellín, por citar un caso, ha aparecido un “Pacto Decente” con una lista abierta al Concejo que lo que seguramente producirá será la dispersión y confusión entre el electorado, lo que restará curules y a la larga fortalecerá la presencia de la extrema derecha en dichos escenarios. La pregunta es, ¿qué es mejor? Un cuestionado militante del Pacto Histórico en el concejo/asamblea o un “reputado” corrupto del Centro Democrático. Por su puesto que es urgente construir una herramienta que garantice la democracia real y que sancione a esos dirigentes que han desconocido a las bases. Lo que acaba de ocurrir con la parlamentaria Luz María Múnera, que perdió su escaño por 300 votos con un miembro del Centro Democrático, debe servirnos de ejemplo. Esos puestos de elección popular se pierden hasta por un voto, los compañeros de las listas disidentes están a tiempo de recapacitar y no pasar a la historia como los que contribuyeron a la recomposición de la extrema derecha en Antioquia. Organizando la rabia y preparando futuros debates con altura, el apoyo a las listas cerradas es la consigna.

Volviendo al tema de convertir al Pacto Histórico en un partido. Salta a la vista que la articulación de la militancia, como acción primera, debe hacerse inicial e indirectamente desde los espacios gubernamentales, pues la relativa debilidad de cada una de las organizaciones que lo componen no posibilitan, en principio, un ente aglutinador que cohesione a la militancia. Al mismo tiempo es urgente promover la formación y el debate ideológico al interior de los partidos de la coalición, hay que conocer la historia de Colombia, los clásicos del marxismo nunca pierden vigencia, debemos recuperar el hábito de estudiar y reflexionar, individual y colectivamente.

Para terminar, un apunte teórico. Las clases sociales se reproducen en todas las esferas de la vida social. Relaciones de clase burguesas producen burgueses, que así no tengan rentas, están a la espera de la primera oportunidad: tienen la ideología, les falta el dinero. Lo que aparentemente le ha ocurrido a Nicolás Petro podría ser un ejemplo de ello.

[1] Jiménez, Jaime. Las listas y la lucha de clases al interior del Pacto Histórico. Artículo publicado en redes sociales, 2021.

[2] Cinep, Banco de Datos. Deuda con la humanidad. Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988-2003. Bogotá, 2004. Pg. 35 Verlo en: http://www.nocheyniebla.org/files/u1/casotipo/deuda/html/deuda.htm

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