BLOG

La Secretaría de Derechos Humanos lanza una campaña para que miles de hombres que hicieron el servicio militar obligatorio entre 1976 y 1983 aporten datos en causas de lesa humanidad

Ricardo Righi y Gustavo Capra

El avión en el que viajaba Gustavo Capra hizo una “parada técnica” el 3 de agosto de 1977 en el camino de Ushuaia a Buenos Aires. Capra y otros 60 hombres que habían cumplido durante un año con el servicio militar obligatorio en el sur del mundo solo querían regresar a casa. Cuando por fin aterrizaron en la capital, Capra atravesó la pista y subió al bus de línea que lo llevaba con su familia. Le había sorprendido el Dodge Polara blanco con las puertas abiertas que vio en el camino, pero no frenó. Después supo que uno de los hombres que viajaban con él había sido desaparecido por la dictadura que gobernaba el país. Hoy cree que se lo llevaron en ese coche.

“Yo no vi cuando se lo llevaron, pero estuve en la previa de la desaparición de un compañero mío, Miguel Ángel Hoyos”, recuerda Capra, de 67 años. Habían salido de Ushuaia, parado en Río Grande, después en Río Gallegos y, antes de llegar a Buenos Aires, la “parada técnica” en la ciudad de Trelew, en la Patagonia: “Suben unos oficiales y lo agarran a este chico, dios lo tenga en la gloria. No sé cuánto tiempo pasó, para mí fue una eternidad, hasta que lo traen de vuelta al Negrito”. El Negro Hoyos, como le decían, era bajito y moreno; cuando los militares lo volvieron a subir al avión “era un papel”, dice Capra, “un papel blanco, pálido”.

Ya en Buenos Aires, los militares hicieron bajar a los reclutas uno a uno. Capra bajó, atravesó la pista, vio el Dodge con las puertas abiertas, tomó el bus y no miró atrás. Eso es lo que declaró en un juzgado de la provincia de Buenos Aires cuando fue citado en la década de los noventa. Al salir, le preguntó al ayudante del fiscal si otros testigos habían declarado algo similar y el joven le respondió que sí, que otros dos. “A esta altura del partido, con sesenta y pico pirulos [años], ¿hasta cuándo vamos a esperar para decir lo que vimos? No podemos esperar más, no nos podemos dar ese lujo”, dice Capra, sentando en el comedor de su casa, la voz grave.

La Secretaría de Derechos Humanos de Argentina ha iniciado una campaña para que personas que hicieron el servicio militar obligatorio entre 1976 y 1983 –los años que duró la última dictadura– acudan a dar testimonio de lo que vieron u oyeron mientras hacían la colimba. Así se llama coloquialmente en el país el período de instrucción militar que entre 1902 y 1995 fue obligatorio para los varones de 18 o 20 años, según la época, y también se llama así al civil que fue convocado a hacer la instrucción. La campaña Fui colimba busca que las declaraciones de esos “testigos involuntarios” ayuden a esclarecer crímenes de lesa humanidad.

Desde que se lanzó hace dos semanas, más de 50 de aquellos conscriptos [reclutas] se han comunicado con la secretaría a través del teléfono o del correo electrónico (fuicolimba@jus.gob.ar). Las denuncias, aseguran los impulsores de la campaña, son confidenciales.

“Fueron testigos forzosos de lo que pasó porque estaban en los regimientos, bajo el mando de distintos miembros del ejército, y muchos, en el marco de los cumplimientos del servicio militar obligatorio, se vieron forzados incluso a estar en algunos operativos”, explica a EL PAÍS Federico Efrón, director nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales de la Secretaría de Derechos Humanos. “Tenían roles completamente secundarios, sin ningún tipo de responsabilidad. Pero estaban ahí, vieron. Estamos buscando esa información que nos está faltando y que sabemos que necesariamente está. Miles de conscriptos hicieron la colimba en esos años. Cada testimonio, uno, dos o cien, vale un montón”, agrega.

Con el regreso a la democracia, hace 40 años, en Argentina se formó la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) para recibir testimonios de víctimas de la represión. Poco después empezaron los juicios contra los jefes militares de la dictadura y cinco de ellos fueron condenados. Pero entre 1986 y 1987, se promulgaron dos leyes que impedían enjuiciar en el país a los represores. Poco después, además, la cúpula militar condenada en 1985 fue indultada con el argumento de que era necesaria una “pacificación nacional”. A partir de 2003, sin embargo, esas leyes fueron declaradas nulas y los juicios, reabiertos. Hasta ahora, 1.179 represores han sido condenados y 15 juicios orales permanecen abiertos.

Las declaraciones de exconscriptos han sido claves en juicios como el de los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. En ese caso, la querella se basó en los testimonios de excolimbas para conocer cómo funcionaban los vuelos clandestinos que el ejército hacía para desaparecer a personas secuestradas arrojándolas al mar o al río. En julio de 2022, cuatro jefes militares fueron condenados a cadena perpetua en esa causa. Más recientemente, se dictó sentencia en la causa conocida como RIM 6. Los testimonios de excolimbas obligados a vigilar el perímetro mientras se secuestraba y asesinaba a cinco personas fueron clave para condenar por crímenes de lesa humanidad a tres suboficiales del Regimiento de Infantería Mecanizada (RIM) de la ciudad de Mercedes.

La campaña para animarlos a declarar se hizo por primera vez en 2010. En ese momento, se difundió con la consigna: “El servicio militar ya no es obligatorio; el silencio, tampoco” a través del programa de televisión Fútbol para Todos –que tenía una audiencia masiva porque transmitía sin codificar los partidos de fútbol de la liga nacional–. Uno de los impulsores de la propuesta fue el periodista y abogado Pablo Llonto, que había cubierto para el diario Clarín el Juicio a las Juntas y que representa ad honorem a 360 familiares de víctimas y sobrevivientes de la dictadura.

“Cuando se reabren las causas, yo tenía un caso ocurrido el 3 de septiembre de 1976, cuando un grupo de militares asalta una casa de militantes de Montoneros y causa una masacre: matan al papá, a la mamá, a un nene, a una nena y se llevan a una bebé de seis meses que todavía estamos buscando. Ese caso se pudo reconstruir a partir del testimonio de excolimbas que hablaban después de 30 años”, cuenta por teléfono Llonto, y explica: “Eso nos permitió comprender que ahí había una fuente de información tremenda. Hubo alrededor de 300.000 colimbas esos años, era necesario buscar con una campaña al que tiene datos”.
“Ni siquiera el 10% ha declarado”

En el comedor de la casa de Capra, junto a él, está Ricardo Righi, que fue colimba entre 1978 y 1979 en Comodoro Rivadavia, una ciudad fría y ventosa de la Patagonia. Los dos viven ahora en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, en el municipio de La Matanza, donde este jueves el frío hiela. Sobre la mesa, Mónica, la esposa de Capra, ha colocado medialunas y café caliente. Righi, de 63 años, tiene los anteojos de vidrio grueso y no se ha quitado el abrigo.

Él también vio situaciones que quiso contar: “En algún momento me tocó hacer guardia en los calabozos. Cuando me mandan, me dicen: el fusil, cargado y sin seguro. No entendía nada, porque en los calabozos podía haber algún colimba que se había mandado una macana, pero nada más. Y me dicen: ‘Hay una persona detenida que es subversivo; si quiere salir de ahí, usted le dispara”. A esa persona secuestrada, Righi la vio tres veces; el detenido le dio una carta con instrucciones de entrega, pero el conscripto la quemó por miedo. “Lo llevo como una carga. No sé quién era ni qué pasó con él. También soy consciente de que si la hubiera llevado no estoy acá”, cuenta.

Righi y Capra conducen desde hace más de 15 años un programa de radio que se llama La voz de los colimbas. Desde ahí, ofrecen una mirada crítica del servicio militar obligatorio que instruyó a miles de jóvenes en condiciones de violencia y humillación, visibilizan los casos de colimbas desaparecidos y llaman a exconscriptos a contar lo que “vieron, oyeron u olfatearon”. “Hay miles de testimonios que han ayudado a esclarecer casos de lesa [humanidad], pero entendemos que ni siquiera el 10% ha declarado”, dice Righi.

Llonto expresa por teléfono la premura: “Es la última esperanza de conseguir información”. “A esta altura es muy difícil encontrar algún sobreviviente que no haya hablado”, afirma el abogado y periodista. “En cambio, en el tema de los colimbas, queda tanto por hacer”, agrega. Llonto señala que una de las razones por la que exconscriptos no se acercan a declarar es el desconocimiento “de la importancia del dato”: “Mucha gente te dice: ‘Yo tenía este dato, pero no pensé que fuera útil, pensé que era menor, pensé que ya lo tenían…”. La otra razón, continúa, es una mezcla de sentimientos que van desde la culpa al miedo: “Lo notás cuando viene alguien a declarar y llora y se golpea el pecho y al final del testimonio te dice: ‘Me saqué una carga de encima, me saqué una mochila”.

EL PAÍS