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En el documento entregado al Comité contra la Tortura de la ONU se indica que la incomunicación absoluta le causa a Castillo y a su familia “graves sufrimientos”.

Por Carlos Noriega

Desde Lima

La defensa legal de Pedro Castillo presentó esta semana una demanda ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas denunciando “actos de tortura permanente” contra el encarcelado expresidente y su familia. Se señala que esta situación de tortura se da por la “incomunicación absoluta” con su familia en la que se encuentra Castillo, a quien no se le permite hablar por teléfono con su esposa y sus dos hijos exiliados en México. En el documento entregado al Comité contra la Tortura se indica que esa incomunicación le causa a Castillo y a su familia “graves sufrimientos”. Se pone énfasis en el daño producido a su hija Alondra, de 12 años, por no poder hablar con su padre desde que éste fue detenido el 7 de diciembre. Se denuncia que esta incomunicación tiene como objetivo “castigar y escarmentar” al exmandatario “por ser opositor político de los sectores que lo destituyeron en forma inconstitucional de la presidencia”. Esta demanda ha sido presentada por los abogados argentinos Raúl Eugenio Zaffaroni y Guido Croxatto, quienes solicitan al Comité de la ONU que ordene al Estado peruano “el cese inmediato de los actos de tortura denunciados” y que se investigue y sancione penalmente a los responsables.

Los abogados denuncian que la incomunicación de la pequeña Alondra con su padre, a quien vio por última vez siendo detenido por policías que le apuntaban con fusiles, le está ocasionando “graves daños psicológicos” a la niña. Se califica esta situación de incomunicación de Castillo con su familia como “un acto de tortura permanente por venganza y castigo político” contra el expresidente, que “se extiende invariablemente a su familia y, muy particularmente, a la menor mencionada”. Zaffaroni y Croxatto denuncian que esto “vulnera flagrantemente el derecho de protección a la familia y a la niñez”, la Convención de los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Indican que no existe “motivo racional ni jurídico” que justifique esta incomunicación que “vulnera los derechos humanos y procesales” del expresidente. En su escrito los abogados precisan que el Código Penal peruano contempla una pena de entre ocho y catorce años para quien “inflige dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, a otra persona” y que esa pena se eleva a entre quince y veinte años cuando la víctima es menor de edad, como es el caso de la hija de Castillo.

Arbitrario y persecutorio

“La incomunicación con sus hijos menores (Alondra y Arnold de 18 años), amén de ilegal para cualquier detenido, es una forma de amedrentamiento que revela el carácter arbitrario y persecutorio de todo el proceso de destitución y prisión sin condena contra Pedro Castillo”, se lee en el documento presentado al Comité contra la Tortura. Castillo se encuentra en prisión con detención preventiva de 18 meses acusado de rebelión por el fallido intento de cerrar el Congreso. Tiene una segunda orden de prisión preventiva, por 36 meses, por un proceso por corrupción. El expresidente está recluido en una prisión acondicionada en una cuartel policial, conocida como “la cárcel de los presidentes”, donde el exdictador Alberto Fujimori cumple condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción, y el expresidente Alejandro Toledo está bajo detención preventiva por un caso de corrupción. Mientras a Castillo no se le permite hablar por teléfono con su esposa y sus dos hijos exiliados, Fujimori tiene acceso ilimitado a llamadas telefónicas. Zaffaroni y Croxatto califican el trato que Castillo recibe en prisión como “torturante, inhumano y cruel”.

Los abogados de Castillo sostienen que recurren a instancias internacionales debido “a la quiebra del estado de derecho en el Perú” y por lo que califican como una situación de “no justicia” en la vía judicial interna en el caso del exmandatario. En su demanda recuerdan que desde el Congreso que controla la derecha se vienen adoptando una serie de acciones para un control político del sistema de justicia.

Otras demandas

Anteriormente, los abogados Zaffaroni y Croxatto habían presentado otras demandas en instancias internacionales. En abril lo hicieron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU denunciando la violación de los derechos políticos y civiles de Castillo, y en mayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron que Castillo es víctima de una detención arbitraria. Este miércoles respondieron ante la ONU a la réplica del gobierno peruano a la demanda que presentaron en abril. En esta respuesta cuestionan la versión del gobierno peruano de que Castillo fue destituido y detenido legalmente por dar un golpe de Estado, califican esa destitución como ilegal y la detención como arbitraria, argumentan que el expresidente no puede ser procesado por rebelión porque no hubo un levantamiento en armas, reiteran la denuncia de violación de sus derechos y recuerdan las graves violaciones a los derechos humanos en la represión del gobierno de Dina Boluarte a las protestas que estallaron luego de la destitución de Castillo.

Este jueves, Guido Croxatto se reúne en México con el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, para tratar el caso de Castillo. El abogado le informará al mandatario mexicano sobre la denuncia presentada ante el Comité contra la Tortura de la ONU. López Obrador le ha dado protección a la familia del encarcelado expresidente y es un activo aliado de su defensa internacional. Su respaldo público a Castillo ha desatado las iras del Gobierno y del Congreso peruanos, que por esa postura lo han declarado persona no grata.

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