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Ya no queda casi nada de la arrolladora coalición legislativa con la que comenzó el Gobierno de Gustavo Petro. Los días en que el entonces expresidente del Senado, Roy Barreras, y el de la Cámara de Representantes, David Racero, consiguieron las mayorías para aprobar sin dificultades la reforma tributaria, la ley de paz total y el Plan Nacional de Desarrollo parecen lejanos y difíciles de repetir. Ahora, a menos de 15 días de que se acabe la legislatura, las tres grandes reformas sociales promovidas por el presidente están al borde del naufragio. La crisis política generada por los audios del ex embajador en Venezuela Armando Benedetti, en los que insinúa que entraron dineros turbios a la campaña, es un nuevo obstáculo en los trámites de los proyectos de ley que buscan cambiar los modelos de salud, de pensiones y laboral. Al escándalo, que también involucra a Laura Sarabia, la antigua jefa de gabinete y mano derecha de Petro, se suma una coalición debilitada, sin los votos de los partidos de La U y Conservador, y con los del Liberal y el verde en duda, y la escasez de tiempo para discutir y aprobar las reformas.

Este lunes David Racero anunció que se congelan las discusiones de esas reformas en la Cámara hasta que se pueda «dialogar de nuevo» y «reconstruir la coalición de Gobierno». «Discusiones tan importantes como estas, que implican una transformación profunda para el país, no pueden ser mediadas por factores externos que lleven a un desenlace no positivo para Colombia», dijo a la prensa el presidente de la Cámara, figura visible cuando el Senado no tiene presidente en propiedad. La decisión, que implica en principio que este martes no se discuta la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes ni la laboral en la comisión séptima, como estaba previsto, se da después de que varios congresistas de la oposición pidieran la suspensión de los debates. A pesar de estas declaraciones, la agenda de la Cámara para este martes, mantiene el debate en plenaria de la Cámara de Representantes y pone la reforma a la salud como el primer proyecto para discutir. En diálogo con EL PAÍS, la representante a la cámara Cathy Juvinao, del partido Verde, expresó su desconcierto: «Uno no entiende si Racero se adelantó a hacer un anuncio que no tenía el aval del presidente Petro o qué es lo que está pasando. Es un mensaje muy confuso».

David Luna, senador del opositor Cambio Radical, solicitó que se archivaran las tres reformas. «Ante las gravísimas confesiones sobre la financiación de la campaña del Presidente Gustavo Petro, el Congreso en pleno debe archivar las reformas presentadas, mínimamente por ilegítimas. Quieren jugar con la salud y el bolsillo de los colombianos», escribió en su cuenta de Twitter. El senador le dijo a que el anuncio del presidente de la Cámara de suspender el trámite de las reformas busca evitar una derrota política por votación «La crisis puede llevar a que la reforma a la salud no tenga las mayorías para ser aprobada en segundo debate».

En diálogo con EL PAÍS, el senador de la Alianza Verde Ariel Ávila, aliado del Gobierno en algunos asuntos y crítico en otros, explicó los tres problemas principales a los que, a su juicio, se enfrentan los proyectos del Gobierno. Primero, una coalición débil, casi inexistente. «Desde hace 45 días el presidente declaró, absurdamente, el fin de la coalición de Gobierno y no la han podido rearmar. Entonces, en este momento hay una semi parálisis». Segundo, un mal uso de los tiempos: «Las reformas se presentaron muy tarde. Hay muchas que ni siquiera han pasado un primer debate. Al Congreso solo le quedan dos semanas de legislatura ordinaria y luego las sesiones extras que el Gobierno aún no ha solicitado». Y tercero, el más visible hoy, la crisis política. «Hay un problema delicado con el escándalo Sarabia – Benedetti que hace que el Gobierno pierda legitimidad», dice Ávila.

La conclusión del senador es poco alentadora para el Gobierno: «Muchas de las reformas más importantes para el presidente Petro se van a hundir, otras van a quedar con uno o dos debates y van a pasar a la otra legislatura, pero con cambios. Esta crisis terminó de paralizar al Congreso», sentencia. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, feroz opositora de Petro, coincide en el diagnóstico: «El trámite de las reformas se va a ver seriamente afectado por las denuncias de Armando Benedetti», dice en conversación con EL PAÍS. Y añade: «Con estos últimos hechos, la coalición que se venía desgranando queda desecha. El presidente Petro no tiene gobernabilidad. Si se hiciera una encuesta para medir su aprobación estaría por debajo del 20%». Los cálculos de Cabal no están muy lejos de los datos más recientes: en la mañana de este lunes W Radio publicó la encuesta Datexco Opinómetro, que muestra una favorabilidad del presidente en el 26%, la más baja en las 20 mediciones que ha hecho. La medición se hizo cuando el escándalo apenas empezaba, antes de que la revista Semana publicara los audios de Benedetti.

Las posibilidades reales de que la reforma a la salud se apruebe en esta legislatura, como quería Petro, son nulas. Aún le hace falta pasar tres debates en el Congreso y las bancadas del Centro Democrático, Cambio Radical, La U, el Partido Conservador, el Liberal e incluso algunos congresistas del Partido Verde han expresado su inconformidad con los puntos centrales de la reforma que lidera el ministro del ramo, Guillermo Alfonso Jaramillo. Sin embargo, como ya fue aprobada en la comisión séptima de la Cámara, puede continuar su trámite en el Congreso el otro semestre sin perder ese avance.

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En cambio, las reformas pensional y la laboral no tienen esa ventaja. Lideradas por la ministra Gloria Inés Ramírez, no solo no van a ser aprobadas por el Congreso antes de que se acabe este período, incluso si el Gobierno convoca a sesiones extraordinarias y las incluye en ellas, sino que es muy probable que se hundan definitivamente al no pasar ni su primer debate. Eso sería un golpe político fuerte para el Gobierno.

El escenario para las tres reformas a la Constitución que el Gobierno impulsa desde el comienzo del año tampoco es muy favorable. El que permitiría el cannabis recreativo de uso adulto, que está programado para ser debatido este martes en la comisión primera del Senado, tiene los tiempos y los votos justos, pero también le hace falta pasar en la plenaria. A la jurisdicción agraria y al reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos les pasa lo mismo. Un solo día de retraso, algo muy probable con la debilidad actual del Gobierno, los hundiría definitivamente. Por modificar la Constitución, no se pueden debatir en extras. O superan los debates que les hacen falta antes del 20 de junio o se hunden.

Cathy Juvinao, del partido Verde, aseguró que lo mejor para el Gobierno sería retirar todas las reformas y evitar unas derrotas que lo dejen más débil: «No hay momento político en el Congreso para que se aprueben», dijo en conversación con EL PAÍS. E insistió: «No creo que estas tengan alguna posibilidad real. Incluso, si se discuten se pueden hundir y eso fracturaría más la relación del presidente con el Congreso». Juvinao anunció que varios congresistas de su partido van a solicitar que se abra la discusión interna para decidir si continúan oficialmente como parte de la coalición de Gobierno o si se declaran en independencia, a pesar de que entre sus filas hay alfiles del presidente como el senador Inti Asprilla, y que el presidente le entregó a ese partido, en cabeza de Carlos Ramón González, el manejo del departamento de la Presidencia en su revolcón de gabinete de hace apenas mes y medio. «No es que queramos saltar del barco ante el primer problema, solo que después de analizar los últimos hechos de una posible financiación que parece opaca se debería discutir esa posibilidad».

consultó a Alexander López, Wilson Arias y María Fernanda Carrascal, los tres congresistas del Pacto Histórico y aliados del Gobierno, pero al momento de publicar este artículo ninguno había respondido las preguntas.

EL PAÍS