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La Fiscalía de Cuentas del Tribunal Supremo brasileño ha pedido bloquear los fondos del expresidente Jair Bolsonaro con el objetivo de investigar cómo se financió el asalto a las sedes de los tres poderes de Brasil. El subprocurador general del Ministerio Público ante el Tribunal de Cuentas, Lucas Rocha, también pidió extender la sanción al gobernador suspendido de Brasilia, Ibaneis Rocha, y al que fue su secretario de Seguridad, Anderson Torres, un fiel aliado de Bolsonaro.

Rocha justificó su demanda «en razón del proceso de prestación de cuentas y del vandalismo ocurrido» en la capital brasileña el pasado 8 de enero, «que provocó innumerables perjuicios al erario federal».

El fiscal no menciona en su escrito cuál es la supuesta vinculación entre la tentativa de golpe perpetrada por el bolsonarismo radical y el exmandatario ultraderechista. El domingo pasado, miles de partidarios de Bolsonaro invadieron y causaron graves daños en las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema durante cuatro horas, hasta que fueron dispersados por las fuerzas de seguridad.

Unas 1.500 personas fueron detenidas entre el domingo y el lunes, aunque este martes la Policía Federal informó de que puso en libertad a «ancianos con enfermedades crónicas» y «adultos responsables de menores», sin precisar el número exacto.

En paralelo, la Corte Suprema apartó de su cargo por 90 días al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, por su supuesta «omisión» a la hora de neutralizar la horda de radicales bolsonaristas que generó el caos en el corazón de la democracia brasileña. El presidente Lula, que asumió el poder el pasado 1 de enero, ha acusado directamente a Bolsonaro de «estimular» a sus seguidores a atentar contra las instituciones.

Por su parte, el capitán retirado del Ejército se encuentra en Estados Unidos desde el pasado 30 de diciembre, dos días antes de terminar su mandato, y, en respuesta a Lula, reprobó la intentona golpista de sus partidarios, aunque de una forma tibia. Algunos parlamentarios brasileños ya han pedido a la Justicia que actúe para obligar a Bolsonaro a regresar al país con la idea de que esclarezca su presunta responsabilidad en los actos «terroristas» y «golpistas» vividos en Brasilia.

El exjefe de Estado (2019-2022) tiene además varias causas pendientes con los tribunales relacionadas con la difusión de noticias falsas sobre las instituciones democráticas y la pandemia de la covid-19, así como con la filtración de documentos secretos durante su administración, entre otras.

Liberados 600 de los participantes en el asalto a la plaza de los Tres Poderes
La Policía Federal de Brasil ha puesto en libertad este martes por razones humanitarias a alrededor de 600 de las agitadores bolsonaristas que asaltaron los edificios públicos ubicados en la Plaza de los Tres Poderes, tras los correspondientes interrogatorios. Las personas liberadas son madres de menores de corta edad, mayores de más de 65 años y que sufren enfermedades.

Los 600 asaltantes ahora en libertad están acusados de participar en los actos antidemocráticos del domingo, por lo que podrán ser procesados por una quincena de delitos, que van desde el golpe de Estado a los desórdenes públicos o el destrozo de bienes públicos. Por su parte, los más de 900 seguidores del ex presidente brasileño, Jair Bolsonaro, fueron llevados primero a dependencias médicas para someterse a una revisión para a continuación ser trasladados a la cárcel.

El Congreso aprueba la intervención federal de Brasilia
La Cámara de Diputados de Brasil ha aprobado la intervención federal de Brasilia decretada el domingo por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que el Estado asumiera las competencias de seguridad después de que las autoridades de la capital se mostraran incapaces de prevenir y frenar el asalto a las sedes de los tres poderes.

La medida, aprobada por unanimidad, estará vigente hasta finales de enero y deberá ser ratificado por el Senado este martes. «El pueblo quiere respeto por la ley, las instituciones y el patrimonio público. La mejor respuesta que podemos dar ahora es más democracia», ha dicho el presidente de la Cámara, Arthur Lira.

A pesar de que la medida contó con el aval unánime de la Cámara, algunos diputados bolsonaristas, como las diputadas del Partido Liberal (PL) Carla Zambelli y Bia Kicis, intentaron postergar la votación con el argumento de contar con más tiempo para analizar el decreto presidencial. Para Kicis, la medida no estaba justificada ya que la situación en Brasilia ya estaba bajo control. «La Policía intentó contenerlo, hubo fallos, pero es preciso decir que ya fue controlado», ha argumentado.

Las únicas dos bancadas de la Cámara que se abstuvieron de votar fueron las del PL, la formación de Bolsonaro, y los también liberales de Partido Novo, detalla el diario ‘Folha de Sao Paulo’. Si bien el decreto de intervención federal tiene valor de ley desde que se estampa la rúbrica del presidente, necesita aprobación de las dos cámaras del Congreso, que puede autorizar o rechazar el texto sin modificarlo.

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