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El flamante presidente firmó decretos para mantener ocho empresas en manos del Estado, limitar el uso de armas de fuego y preservar la Amazonía, entre otras cuestiones clave.

Desde Brasilia

El presidente Lula da Silva comenzó a tomar medidas de gobierno desde la hora cero. Ocurrió luego de los discursos ante las miles de personas en Brasilia que expresaron tanto su apoyo y alegría por su retorno al Palacio de Planalto, como la gran cantidad de demandas y necesidades sin respuesta acumuladas durante los cuatro años de Jair Bolsonaro. Lo dijo Lula sin eufemismos durante su discurso: el país que se encontró está en “ruinas terribles” y le tocará reconstruirlo, algo que inició con 13 decretos firmados el mismo domingo en la noche.

Economía

Las medidas tomadas, publicadas el lunes en el “Diario Oficial de la Unión”, dieron cuenta de alguno de los elementos más urgentes y estratégicas de la agenda de Lula. Uno de ellos fue el freno a las privatizaciones que estaban en marcha en el caso de ocho empresas estatales, como la petrolera Petrobras, el Correo, la Empresa Brasileña de Comunicaciones, el Servicio Federal de Procesamiento de Datos, y la Empresa de Tecnología e Información de Seguridad Social. Lula afirmó que era necesario “garantizar un análisis riguroso de los impactos de la privatización en el servicio público o en el mercado”, deteniendo así el Programa Nacional de Privatizaciones del anterior gobierno comandado en lo económico por Paulo Guedes.

Otra de las decisiones implementadas fue derogar el último decreto hecho por el anterior gobierno, que redujo a la mitad las tasas impositivas a ser pagadas por las grandes empresas. Ese decreto había sido anunciado el día viernes y firmado por el vicepresidente Hamilton Mourao en vista de que Bolsonaro ya había partido hacia Orlando, en La Florida, lugar donde se encuentra por tiempo indeterminado.

En materia económica el nuevo gobierno anunció varias decisiones en línea con lo dicho en el discurso de Lula del domingo cuando afirmó que “no sería justo ni correcto pedir paciencia a quien tiene hambre”. El presidente decretó la continuidad del pago del programa de ayuda social Bolsa Familia por 600 reales -112 dólares- que llega a 21 millones de personas. Esa política ya había sido trabajada con anticipación al lograr que el poder Legislativo le acordara un aumento del gasto público. A su vez, anunció la extensión por 60 días de impuestos federales para combustibles, para evitar un aumento de precios.

Armas y selva

Lula también emitió un decreto que apunta directamente contra el bolsonarismo, derogando las normas que facilitaban y ampliaban el acceso a las armas de fuego y municiones. Esto significa, en otras cosas, la suspensión de nuevos registros de armas para cazadores, tiradores, particulares, coleccionistas; la reducción de los límites para la compra de armas y municiones que había sido ampliado por Bolsonaro; la obligación de que todas las armas compradas desde mayo de 2019 sean registradas nuevamente por sus propietarios dentro de los 60 días; y la suspensión de nuevas inscripciones de clubes y escuelas de tiro.

Esta decisión se comprende en el contexto de radicalización del núcleo bolsonarista, articulado, entre otros espacios, a través de los clubes de tiro que se multiplicaron en estos años: 1.006 fueron creados entre enero de 2019 y mayo de 2020, según cifras del Ejército. El bolsonarismo en armas protagonizó varios incidentes en los últimos meses, como el más reciente, en diciembre, cuando un hombre quiso hacer explotar un camión de gasolina en Brasilia y un arsenal fue encontrado en el departamento que rentaba. “El decreto del presidente Lula pone fin a un absurdo: la presunción de ‘necesidad efectiva’ de portar un arma. Obviamente, será necesario reclamar y probar, bajo pena de desestimación de la solicitud”, afirmó el ahora ministro de Justicia, Flavio Dino.

Por último, dentro de las medidas tomadas, estuvo la reactivación del Fondo Amazonía, formado por financiamiento de Noruega y Alemania, que había sido suspendido por Bolsonaro en 2019. Los fondos, cerca de 600 millones de dólares, serán ejecutados por el ministerio de Medio Ambiente a cargo de Marina Silva. Lula también revocó otro decreto de Bolsonaro aprobado en los últimos días en el cual se ampliaban las licencias para la explotación de recursos minerales en la región amazónica, incluyendo tierras de pueblos indígenas.

La importancia del medio ambiente y la Amazonía fue parte central de su discurso el domingo: “vamos a iniciar la transición energética y ecológica para una producción agropecuaria y minería sostenible, agricultura familiar más fuerte”, dijo ante el Congreso Nacional. Anunció la meta de “deforestación cero” de la Amazonía: “Brasil no debe deforestar para mantener y ampliar su frontera agrícola, no es necesario tumbar ningún árbol”, agregó, dando cuenta de una tensión histórica entre medio ambiente y agronegocio, razón por la cual Silva renunció en 2008.

¿Gabinete amplio y Lula a la izquierda?

El caso ambiente/agronegocio grafica la amplitud del gobierno formado por Lula. Por un lado, colocó a una ministra con una agenda de protección y transición ecológica, y, por el otro, designó a un ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, parte del agronegocio, en particular de la soja, procedente de Mato Grosso, región central de ese modelo. ¿Cómo llevará Lula la posible tensión en el desarrollo de ambas agendas? “Es más difícil armar un gobierno que ganar elecciones”, afirmó días atrás, en el marco del nombramiento progresivo de los diferentes cargos.

El mosaico de fuerzas que lo llevaron a la presidencia tiene representación en el gobierno. Es el caso de Fávaro; de Simone Tebet, tercera en la primera vuelta, aliada para el ballotage y ahora al frente del ministerio de Planificación; de Gerardo Alckmin que, además de vicepresidente es ministro de Desarrollo, Industria y Comercio; o de la misma Silva que se reconcilió con Lula en el marco de las elecciones contra Bolsonaro. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) reconoció a través de los nombramientos la importancia del frente amplio por la democracia que le permitió una victoria de menos de dos puntos de diferencia. “Este gobierno no es para mí, sino para las fuerzas que me apoyaron para lograr esta victoria”, dijo a su vez durante el proceso de armado de gobierno.

Sin embargo, la amplitud de alianzas no significó la perdida de centralidad del PT dentro del nuevo gobierno. Varios puestos claves quedaron bajo dirección lulista como Hacienda con Fernando Haddad candidato por el PT para el estado de San Pablo, Casa Civil con Rui Costa ex gobernador de Bahía, Desarrollo Social, con Wellington Dias, o cancillería de Mauro Vieira, ex diplomático bajo Dilma Rousseff. Lula abrió, por un lado, y mantuvo lugares claves, por el otro.

La hoja de ruta que diseñe el propio Lula será determinante para marcar la orientación dominante de un gobierno de coalición. La misma entusiasmó a varios sectores de izquierda en vista de los discursos pronunciados el domingo y las primeras medidas anunciadas: gasto social ante la crisis, freno de privatizaciones, proyecto de reindustrialización, cuidado del medio ambiente, integración latinoamericana para desde allí construir políticas en medio de la disputa global, o el hecho de haber llamado “golpe” a la salida del gobierno de Rousseff en 2016. El tercer Lula comenzó sin perder un minuto.

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