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El Congreso chileno ha aprobado la reforma constitucional que restablece la obligatoriedad del sufragio en todas las elecciones y plebiscitos, con excepción de las primarias. «Una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber, los electores que estarán exentos de ella y su procedimiento de aplicación», asegura el texto aprobado por el Parlamento por amplia mayoría y que prontamente se convertirá en ley. Con un padrón de 15,1 millones de electores, Chile abandona el voto voluntario que rigió en el país sudamericano durante una década -entre 2012 y la actualidad-, lo que profundizó la crisis de participación de la población, que en algunos procesos estuvo muy por debajo del 50%.

«Chile estableció el voto voluntario hace 10 años porque se apreciaba una baja participación electoral unida a una baja inscripción en los registros electorales, particularmente de los jóvenes. Como se consideraba que el voto era sobre todo la conquista de un derecho y no tanto un deber, en un contexto de amplio debate se estableció la inscripción automática y el sufragio voluntario. Se asumía que los candidatos tendrían mayor motivación para movilizar a las personas a las urnas, pero ocurrió todo lo contrario. Tampoco se despertó mayor interés de la población por los procesos electorales», explica la politóloga Gloria de la Fuente. Para la académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, «en un país desigual como Chile, este tipo de mecanismos profundiza las inequidades, porque quienes se restan mayormente de votar son las personas de los estratos bajos. En ese sentido, se produce un sesgo en favor de las personas que tienen mayores recursos», dice la investigadora.

En junio de 2021, en las primeras elecciones democráticas de gobernadores regionales, solo participó el 19,6% de los convocados (2,5 de los 13 millones que, entonces, conformaban el padrón). Fue una marca histórica de baja concurrencia a las urnas, aunque a los expertos no les sorprendió: desde el plebiscito de 1988 que selló la suerte de la dictadura de Augusto Pinochet, la participación en las elecciones había decaído sostenidamente. En 2012, cuando entró en vigencia el voto voluntario, esta tendencia quedó en evidencia y en las elecciones municipales de 2016 apenas participó el 36%, el anterior récord de baja participación. La apatía de la mayoría de los ciudadanos se explicó por fenómenos estructurales y coyunturales, como la pandemia.

Para Octavio Avendaño, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, el voto obligatorio llega tarde para Chile, porque se produce en un momento de «desgaste, erosión y crítica» hacia la institucionalidad democrática, aunque «es mejor tarde que nunca». Explica que son varias las razones que justifican su reposición: «Revertir aquellas tendencias asociadas a la desafección y la baja participación, sobre todo en los sectores de menos ingresos». De acuerdo a Avendaño, con el voto obligatorio se logra incentivar la participación y, mientras participe la ciudadanía, aumenta la competencia entre las fuerzas políticas para lograr su respaldo. Lo que estaba sucediendo en Chile era que los partidos apuntaban solamente a un tipo de electores, argumenta, con lo que se generaba una segmentación en la representación. «Una mayor participación resulta fundamental para la legitimidad del sistema democrático y su fortalecimiento», agrega el especialista.

La nueva ley debutará con la elección de los 50 consejeros que redactarán una nueva propuesta de Constitución, que se celebrará el 14 de mayo próximo. El plebiscito de salida del anterior proceso constituyente del 4 de septiembre pasado, donde ganaron los que rechazaron el texto con un amplio 62%, se realizó con la regla de voto obligatorio y participó cerca de un 85% del padrón electoral. Para De la fuente, el mayor riesgo que observa con el restablecimiento del voto obligatorio apunta a que «será impracticable si las personas no observan que, en caso de no acudir a votar, la sanción realmente vaya a aplicarse por parte de las autoridades». La académica agrega un desafío para el sistema en su conjunto: existen casi cinco millones de electores que no han acudido a las urnas en los últimos años y que resultan desconocidos tanto para los expertos como para el mundo político, que no tiene un discurso destinado a este segmento.

Avendaño añade que «ingresará un contingente de electores importante que manifiesta poco interés por la política y que puede en algún momento servir de base para populismos de diversa índole». El profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile asegura, sin embargo, que este riesgo se puede revertir en el mediano plazo. «Cuando el voto obligatorio se hace recurrente, los ciudadanos se hacen responsables de sus decisiones, porque saben que está en juego el destino del país y, en ese sentido, actúan con mayor mesura», explica el investigador.

No todos han estado de acuerdo con la medida. El diputado del Frente Amplio de izquierda Gonzalo Winter, cercano al presidente Gabriel Boric, ha dicho que «estamos obligando a los más pobres, a través de multas, a que se interesen en el sistema de partidos» y la señal que entrega Chile es que «se profundiza la democracia cuando la gente va a votar amenazada». Sobre estas críticas, Avendaño asegura: «Está bien que así sea, porque los partidos son fundamentales para el funcionamiento del sistema democráticos y son instancias que debieran recobrar aquella condición de interlocutores válidos». Para el académico, el voto obligatorio no beneficia a las élites, sino que garantiza mayor integración en la deliberación y toma de decisiones por parte de la ciudadanía, a diferencia del sufragio voluntario que Chile deja atrás.

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