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El Salvador vive momentos muy difíciles, producto de una acelerada ofensiva desde el mismo Gobierno contra el sistema democrático, el orden constitucional, y los derechos humanos de salvadoreñas y salvadoreños. En el país se ha establecido un régimen político autoritario, anti-democrático e inconstitucional, encabezado Nayib Bukele, su grupo familiar y sus allegados más cercanos, que encabezan el partido político denominados Nuevas Ideas.

Bukele, presentándose como político millenial y entonando un frenético discurso de odio, logró en menos de 3 años echar al traste con los avances democráticos y sociales logrados por El Salvador, con la materialización de los Acuerdos de Paz de Enero de 1992, firmados en la Ciudad de México. En efecto, tras el fin de la guerra civil, que cobró no menos de 70 mil vidas, el pueblo salvadoreño hizo enormes esfuerzos, venciendo múltiples dificultades, por construir y consolidar gradualmente un sistema político cada vez más democrático.

Se dejó atrás la oscura época del militarismo represivo, que anuló por décadas los derechos humanos y las libertades cívicas, persiguió, asesinó, encarceló, desapareció, torturó y exilió a decenas de miles de personas. No es ninguna casualidad que la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, titulara a su Informe sobre décadas de atrocidades cometidas desde el Estado, “De la locura a la esperanza”, emblematizando así, por un lado, los horrores de la dictadura militar, y, por el otro, el prometedor camino que se abría para El Salvador con el inicio de una era de libertades democráticas y de respeto a la persona humana.

Con la llegada al Gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, a partir de 2009, se profundizó un modelo político que apostó a la activa participación ciudadana y a establecer instituciones fuertes e independientes, capaces de promover y garantizar los derechos humanos a todos y todas. El Gobierno se concentró en aplicar políticas públicas enfocadas a superación de la pobreza y las desigualdades de todo tipo, a crear redes de protección social para los más desfavorecidos, haciendo del ejercicio del poder público un proceso transparente y abierto, incompatible con cualquier tipo de corrupción.

Tras la llegada al Gobierno de Bukele y su grupo el país cayó de nuevo en el autoritarismo del pasado, esta vez con una fuerte orientación populista, con claros rasgos neofascistas. Bukele, que se presentó a las elecciones como el ícono de la “anti-política”, prometiendo soluciones fáciles e instantáneas a viejos y complejos problemas, sedujo con su mensaje de supuesta renovación a un significativo sector de la ciudadanía salvadoreña.

Pero una vez instalado en el poder se dedicó de inmediato a desmantelar el orden democrático y constitucional. No tardó demasiado en quitarse la máscara de político renovador y digital y emprendió la destrucción de los avances democráticos y sociales forjados por históricas luchas populares. Hoy en El Salvador se han desmonta las instituciones democráticas, bajo el empuje de la visión dictatorial de Bukele, quien abiertamente reclama que necesita concentrar en sus manos todo el poder del Estado. Conceptos como pesos y contrapesos, independencia de poderes, imparcialidad del sistema de justicia, respeto a los derechos humanos, no existen dentro de su mente dictatorial.

Desde la Presidencia de la República Bukele ha instalado un discurso de odio y satanización hacia cualquier ciudadano, asociación civil, movimiento social u organización gremial o política que le adverse. Así la sociedad ha visto alarmada como el mismo Bukele promete “quemar vivos a los políticos”, o “mandar a fusilar a los jueces y magistrados”, o calificar de “malditos” a todos aquellos que le critican su conducta abiertamente autoritaria y violatoria de las leyes. En sus arrebatos dictatoriales no vaciló en ordenar el asalto militar en Marzo 2020 a un Congreso que no controlaba, y afirmar que Dios le estaba dirigiendo.

En sus desvaríos autoritarios se promueve un peculiar revisionismo histórico y se esfuerza por descalificar la lucha de décadas del pueblo salvadoreño por conquistar la democracia y el respeto a los derechos humanos, calificando a esa lucha y a los históricos Acuerdos de Paz como una “farsa”. Desde su impresentable mesianismo, la historia de El Salvador apenas está comenzando con su llegada al Gobierno.

La pasada contienda electoral de Febrero 2021, para elegir diputados y gobiernos municipales, fue el más claro ejemplo del rompimiento de las reglas del juego democrático. En esa competencia electoral la oposición fue perseguida y amordazada, militantes del FMLN fueron asesinados por matones al servicio del régimen, los partidos opositores no tuvieron ningún acceso al financiamiento estatal para realizar sus campañas y divulgar sus ofertas electorales. Al mismo tiempo Bukele volcó todo el aparato estatal, presupuestos incluidos, a hacer campaña a favor del oficialismo.

Bukele y sus adeptos cercanos sienten aversión por los principios que sustentan una sociedad y un Estado democráticos y modernos. Cuando apenas pudo tener control del Congreso, Bukele ordenó destituir, el mismo día de la instalación de la nueva legislatura, y rompiendo descaradamente con la Constitución de la República, a los magistrados de una Sala de la Corte Suprema de Justicia que, aunque de manera tímida, moderaba los excesos y abusos autoritarios del régimen. En apenas 2 horas el Congreso de Bukele, sin mediar proceso alguno y bajo la peregrina acusación de “entorpecer la gestión del Presidente de la República”(sic), procedió a desmontar la Sala Constitucional y a montar otra a gusto del Presidente, con abogados incondicionales a Bukele, que ni siquiera cumplían con los requisitos exigidos por la Constitución para ser miembros de la Corte Suprema de Justicia.

En el mismo acto, destituyeron al Fiscal General de la República, un oscuro personaje de la misma ultra-derecha que, atrapado entre sus vacilaciones de servir a Bukele o someterse a las orientaciones de la Embajada de los Estados Unidos, no terminaba de gozar de la confianza absoluta del gobernante, desenfrenado en su carrera de abusos de autoridad y corrupción.

De esta manera, en apenas una noche, Bukele perpetró un Golpe de Estado contra la República y desmanteló el así llamado Estado Constitucional de Derecho. Eliminó cualquier contrapeso a sus excesos dictatoriales y destruyó la frágil institucionalidad del Estado salvadoreño, dejando a los ciudadanos en la total indefensión, sin ninguna garantía para sus derechos. La situación se ha deteriorado tanto que el más alto representante de la Iglesia Católica salvadoreña, Cardenal Gregorio Rosa Chávez, ha señalado que El Salvador vive un verdadero terremoto político, que acabó con la separación e independencia de poderes y dejó a los ciudadanos sin instituciones ni funcionarios en los cuales confiar.

Habiéndose asegurado el control pleno del sistema judicial de inmediato Bukele ordenó una nueva embestida represiva contra dirigentes y ex funcionarios de los gobiernos del FMLN. Bajo acusaciones prefabricadas y utilizando de manera facciosa el sistema judicial, Bukele se ha propuesto debilitar a la izquierda y a cualquier organización social o política que lo cuestione, infundiendo terror en la ciudadanía, además de mantener una masiva campaña de desprestigio contra los 2 Gobiernos que la izquierda encabezó entre los años 2009 y 2019.

Es así como hoy están encarcelados distintos líderes del FMLN, sometidos a inhumanas y degradantes condiciones de detención, mientras decenas se ven sometidos a procesos arbitrarios y manifiestamente injustos, que les anulan sus derechos constitucionales a la libertad, la seguridad, la justicia y la dignidad. El exilio de dirigentes políticos y sociales, se volvió una nota cotidiana dentro de la actual realidad de El Salvador. 2 ex Presidentes de la República, un ex Presidente del Congreso, y numerosos ex Miembros de los Gabinetes de Gobierno de ese entonces han tenido que buscar asilo político en el extranjero.

El Salvador es escenario de la edición centroamericana de lo que en el Sur del continente americano se ha denominado como lawfare, guerra judicial, o judicialización de la política, enfilada contra connotados líderes políticos de corte progresista. Esta perversa estrategia cumple con el objetivo de anular y eventualmente encarcelar, mediante acusaciones penales infundadas, a destacados líderes, todo ello acompañado por el uso intensivo de medios de comunicación para difamar a las víctimas, y pasar a continuación a la persecución penal abierta.

De esta persecución política orquestada por Bukele no escapan periodistas, intelectuales, activistas por los derechos humanos, dirigentes gremiales empresariales, líderes religiosos y jueces honestos. Hasta sus mismos disidentes, que empiezan a tomar distancia de la arremetida antidemocrática de quien hasta ayer era su líder, han empezado a experimentar las consecuencias de cuestionarlo, así sea en privado.

Siguiendo el libreto que han seguido otros dictadores en la historia salvadoreña, Bukele ordenó recientemente a sus abogados, usurpadores de la Sala Constitucional, que le habilitaran la reelección inmediata, muy a pesar de que la Constitución de El Salvador prohíbe la misma en varios de sus artículos, considerados en la doctrina como “cláusulas pétreas”. Un Tribunal Supremo Electoral, sometido a Bukele, inmediatamente anunció que estaba listo a cumplir con esa insólita violación a la Constitución y que inscribiría a Bukele como candidato en el momento que lo solicite.

En la misma embestida contra las instituciones constitucionales, Bukele ordenó a su Congreso que destituyera a la tercera parte de los jueces y magistrados del sistema judicial salvadoreño, para terminar de tomarse con sus adeptos el Poder Judicial de la nación. El régimen mantiene al mismo tiempo un ataque abierto y ruidoso contra las organizaciones no gubernamentales y líderes sociales que cuestionan la descarada conducta inconstitucional y corrupta del mismo. Abiertamente amenaza a las ONG´s con aprobar legislación que les impida recibir financiamiento para su trabajo de educación cívica, defensa de los derechos humanos y apoyo a las comunidades más pobres.

Existen otras evidencias de la grotesca deriva autoritaria que vive hoy El Salvador. Se han anulado, en los hechos, la legislación y las instituciones que garantizaban el libre acceso ciudadano a la información pública. Decenas de miles de empleados estatales han sido despedidos de sus puestos, sin argumento alguno. Se han aprobado leyes para blindar la corrupción del régimen con una coraza de impunidad. Extremadamente preocupante es el acelerado proceso de militarización del país, donde se duplica el tamaño de las fuerzas armadas, y se recorta simultáneamente el gasto en educación y en salud. Al igual que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional Civil, creada tras los Acuerdos de Paz, se ha convertido en un brazo represivo del régimen, violando su doctrina de apoliticidad y de respeto a los derechos humanos.

Las erráticas decisiones de Bukele han llevado al país a un callejón sin salida en materia de finanzas públicas. El país ha superado cualquier límite de endeudamiento externo, acercándose a un 100% la relación Deuda/PIB. En septiembre de 2021 entró en vigor la ley, ordenada por Bukele, que convierte a la economía salvadoreña en un conejillo de Indias para la criptodivisa denominada Bitcoin y, de paso, transforma al país en una potencial plataforma para lavar dineros ilícitos. Esta decisión inconsulta, sospechosa  e insensata del régimen, que es rechazada por la mayoría aplastante de la población, busca a toda costa meter al país al juego de la especulación financiera ligada a las criptomonedas, y ha disparado a niveles sin precedentes el riesgo-país de El Salvador en los mercados financieros internacionales, superando a países como Argentina, y ha echado por la borda los intentos del régimen de obtener un urgente paquete de apoyo financiero del FMI. Se cierne en el horizonte un probable default de la deuda salvadoreña para finales del año 2022.

La suma de abusos y atropellos al pueblo y sus derechos, desató desde finales del año 2021 las mayores movilizaciones de protesta del presente siglo. El rechazo de la ciudadanía a la imposición Bitcoin, más las deterioradas condiciones de la economía familiar, han sólo aumentado el ánimo de protesta de significativos sectores sociales, de distintas orientaciones políticas.

Un elemento imprescindible de abordar es la situación de la seguridad ciudadana. El régimen, de acuerdo a fundamentadas investigaciones de periodistas independientes y de expertos en la materia, logró tempranamente alcanzar acuerdos o pactos secretos con las agrupaciones criminales y sus cabecillas, muchos de ellos en prisión, y que en las últimas décadas mantienen bajo feroz ataque a la sociedad salvadoreña. Tales acuerdos, a cambio de aceptar el control criminal de extensas zonas urbanas y semi-rurales y concesiones de diverso tipo a las pandillas, le facilitaron a Bukele ofrecer a la opinión pública una falsa imagen de disminución de los asesinatos, presentado como el éxito de un inexistente Plan de Control Territorial. Mientras tanto, se multiplicaron las cifras de personas desaparecidas y crecieron las extorsiones a hogares, comunidades y empresas de todo tamaño.

Los pactos con diversos grupos criminales funcionaron con relativa estabilidad hasta hace algunas semanas. No obstante, una escalada de asesinatos contra civiles en el mes de Marzo indicaría que tales pactos podrían haberse roto, o al menos complicado severamente. El régimen recurrió a decretar el Estado de Excepción, suspendiendo derechos y garantías constitucionales y desatando masivas redadas en los barrios y comunidades populares, capturando a más de 15 mil personas, en su gran mayoría personas sin ninguna vinculación a actividades delictivas, en las primeras semanas. Todo ello en medio de un furibundo discurso gubernamental, encabezado por el mismo Bukele, que legitima la negación de los derechos humanos y glorifica el populismo punitivo. Este Estado de Excepción se prorrogó por 30 días más en la última semana de Abril, en medio de masivas denuncias de capturas masivas de ciudadanos inocentes y prácticas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, por parte de autoridades policiales, militares y penitenciarias.

Mientras tanto, Bukele acusa a la comunidad internacional de conspirar contra su gobierno, por mostrar ésta un distanciamiento de su régimen y en ocasiones una abierta censura a sus prácticas antidemocráticas. El Secretario General de Naciones Unidas, así como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y varios de los Relatores Especiales del sistema de protección universal se han pronunciado sin ambages. En igual sentido se han manifestado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y algunos gobiernos, además de varias organizaciones internacionales enfocadas a la protección de los derechos humanos y la democracia.

En este momento dramático que vive El Salvador, cuando se ha instalado en los hechos un régimen dictatorial, con rasgos típicamente fascistas, que niega la Constitución y las libertades y derechos democráticos, el pueblo salvadoreño reclama la solidaridad internacional a fin de enfrentar y finalmente derrotar la embestida autoritaria. La regresión anti-democrática, matizada por escandalosos y ya cotidianos hechos de corrupción, encabezada por Bukele y su entorno, es hoy en día la más grande amenaza sobre la sociedad salvadoreña, con repercusiones negativas hacia toda la región. El descalabro democrático, social y económico que experimenta El Salvador está generando olas impresionantes de personas que buscan migrar, ante las amenazas a su seguridad y la falta de oportunidades.

En estas circunstancias el mundo debe conocer la verdad de lo que sucede en El Salvador. Su pueblo no se merece volver a un pasado oscuro y aterrador. Demasiadas vidas costó en décadas pasadas derrotar a una dictadura feroz e inhumana, para volver a caer en el escenario de un régimen que pisotea impunemente las libertades ciudadanas y niega los derechos esenciales a las personas. Es vital contar, como en el pasado, con la solidaridad y acompañamiento de las personas, medios de comunicación, intelectuales, movimientos sociales y organizaciones políticas, así como de los gobiernos democráticos de América Latina y de todo el mundo.

Comité del FMLN en el exilio

ALIANZA PROGRESISTA