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El presidente chileno cambia de estrategia tras años de críticas al estado de excepción decretado en La Araucanía por Piñera

El presidente chileno, Gabriel Boric, ha debido cambiar de planes. Pese a que el 11 de marzo debutó en La Moneda con el firme propósito de desmilitarizar La Araucanía y las regiones vecinas, donde se libra un conflicto complejo por las tierras ancestrales del pueblo mapuche, la escalada de violencia en la zona lo ha hecho virar y decretar un estado de emergencia “acotado”, según anunció la noche del lunes la ministra del Interior, Izkia Siches.

Lo hace empujado por la ola de atentados que erosionan su respaldo ciudadano y por las peticiones incesantes tanto de la población como de gremios como los camioneros o los trabajadores forestales por el reforzamiento de la seguridad con ayuda de las Fuerzas Armadas. La decisión de Boric, no compartida por la parte izquierda de su conglomerado, sobre todo por el Partido Comunista, ha dejado en evidencia las complejidades políticas que enfrenta el mandatario de 36 años para llevar adelante su agenda de Gobierno.

Tanto el presidente como la generación política que llegó a La Moneda hace dos meses fueron críticos desde la oposición ante la estrategia de decretar estados de excepción constitucional en La Araucanía y zonas aledañas, donde el conflicto por las tierras ancestrales se ha complejizado en los últimos años con delitos como el robo de madera y el narcotráfico.

El derechista Sebastián Piñera, su antecesor en el cargo, decidió establecer la militarización en octubre de 2020, lo que fue renovado consecutivamente con la autorización del Parlamento. Pero el presidente Boric, al llegar al poder, apostó por una nueva estrategia basada sobre todo en el diálogo político. Los consecutivos hechos de violencia, sin embargo, hicieron insostenible la apuesta de la nueva Administración de izquierda. La propia ministra Siches, en un hecho inédito en democracia, fue recibida con un atentado en la comunidad mapuche Temucuicui, en su primer viaje a la zona como líder del orden y de la seguridad. Pese a ello, el 26 de marzo comenzó la desescalada de la ocupación militar.

Los habitantes de La Araucanía y las regiones vecinas observan a diario la quema de camiones, cortes de rutas y disparos con armas de guerra, en una zona de Chile donde el Estado parece sin presencia. El pasado 22 de abril, de madrugada, un camionero de 35 años fue herido grave mientras conducía en la principal ruta chilena, lo que motivó que su gremio comenzara una ola de protestas en demanda por mayor seguridad en las vías, incluídos cortes de las carreteras. En la localidad de Tirúa, en la región del Biobío, un retén de Carabineros fue atacado en diversas ocasiones en los últimos días.

El viernes, por ejemplo, un grupo de 50 encapuchados que portaban cerca de 500 cartuchos de armas llegaron a “rescatar” a dos personas detenidas en ese lugar. Fue un ataque que se adjudicó, posteriormente, el grupo Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), que declaró: “Dejamos en claro al Gobierno que no habrá ninguna agresión sin respuesta”. El mapuche Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una organización de fines de los años noventa que valida la violencia como método para sus objetivos políticos, hizo un llamamiento a una “resistencia armada por la autonomía del territorio”.

Boric buscó en las últimas semanas que el Congreso aprobara una especie de estado de excepción intermedio, una nueva fórmula jurídica que permitía a las Fuerzas Armadas resguardar los caminos, sin necesidad de recurrir a la declaración de un estado de excepción constitucional. El objetivo era establecer en la actual Constitución un “estado de protección y resguardo constitucional” principalmente en rutas y carreteras, con mayor control de la autoridad civil. Pero parte de su propia coalición le dio vuelta la espalda y el Gobierno de Boric no tuvo los votos en el Congreso para llevar la iniciativa adelante, porque en su sector existe una gran resistencia a la utilización de militares en la zona. Fue la razón por la que, finalmente, el Ejecutivo chileno tuvo que decidir el decreto de un estado de emergencia tradicional, aunque acotado. En la práctica, se trata de una norma que regirá para la región de La Araucanía y dos provincias de la región del Biobío que buscará restablecer el libre tránsito, pero que impedirá que las Fuerzas Armadas controlen a personas y el acompañamiento a policías en el cumplimiento de órdenes judiciales.

En el decreto del Gobierno, se relata que se ha observado un aumento de los actos violentos en las rutas y “cortes extendidos de las carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito, alteran el orden público y obstaculizan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas”. La medida fue decretada por 15 días y la Administración de Boric puede prorrogarla por un período similar sin consultar al Congreso.

La decisión de Boric ha sido resentida desde su misma fuerza política. El abogado mapuche Salvador Millaleo, que lo ayudó en la campaña y fue asesor en las primeras semanas de Gobierno, para después renunciar por diferencias con Siches, escribió: “Luchamos por una solución política y ahora tendremos un nuevo estado de excepción constitucional. Necesitamos otra forma de ver y hacer las cosas. Construir la plurinacionalidad requiere de mayor convicción”, aseguró el constitucionalista mapuche a través de las redes sociales. Algunos de los ministros, como la líder de la cartera de Desarrollo Social, Jeannette Vega –encargada del tema indígena–, argumentó públicamente en los días previos sobre las razones para no militarizar nuevamente La Araucanía y las zonas de conflicto.

El lunes, poco antes de que el Gobierno comunicara la decisión, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, en la misma línea afirmó: “No nos parece que sea el momento de que se inmiscuyan las Fuerzas Armadas en este conflicto”. Boric, sin embargo, se inclinó por la mano dura que han empujado determinados sectores del socialismo, que no formaban parte de su coalición original.

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