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Sorprende que la derecha chilena y latinoamericana, e incluso algunos medios europeos, tachen de “comunistas” algunas de las medidas planteadas por el nuevo gobierno en Chile. En salud, por ejemplo, esta visión dista mucho de la realidad

En el año 2017, Sebastián Piñera y su campaña presidencial impulsaron el uso de la expresión Chilezuela para instar a la población a votar por su candidatura. La premisa era que, si la izquierda ganaba, Chile se precipitaría hacia una catástrofe similar a la que lleva años consumiendo a Venezuela. Este miedo a la “izquierda radical” cobró fuerza durante el estallido social de 2018, las posteriores elecciones a la Convención Constitucional y otra vez durante las elecciones presidenciales del año pasado, que se saldaron con la victoria de Gabriel Boric.

Desde el pasado 11 de marzo, Boric es oficialmente el presidente de la República y se dispone a implementar un programa que genera miedo y nerviosismo entre la derecha chilena. Para cualquiera de nosotras en Europa, sin embargo, estas medidas serían vistas como una hoja de ruta moderada para alcanzar derechos básicos de un Estado de bienestar.

Un ejemplo claro es el programa de salud. Sus propuestas se centran en la creación de un Servicio Nacional de Salud que garantice una cobertura universal e igualitaria de todos los chilenos y chilenas con los seguros privados como opción adicional. También en la prevención –por ejemplo, la limitación de publicidad de tabaco y alimentos ultraprocesados–, y en mejoras en el sistema sanitario, como la digitalización de los archivos clínicos o el refuerzo de los derechos laborales de profesionales sanitarios, o un aumento de recursos en Salud Mental.

Cabe preguntarse cómo es que la derecha chilena y latinoamericana, e incluso diferentes medios europeos, tachan este tipo de medidas de “comunistas”. Existe la impresión de que para poder financiar este sistema de salud, entre otras cosas, se van a llevar a cabo expropiaciones de terrenos, nacionalización de empresas, intervenciones de bancos y otros fenómenos vistos en Venezuela, por ejemplo. Pero esta visión catastrofista dista mucho de las verdaderas propuestas de este gobierno.

Chile es considerado un país de ingresos altos, con un PIB por habitante parecido al de Polonia o Hungría, y miembro de la OCDE, el club de las naciones más ricas del mundo. Es natural que una nación con ingresos de país europeo, aspire a servicios de país europeo. Este sentimiento tuvo que ver en el estallido social de 2018 y ha impulsado en gran medida la candidatura de Boric.

Ahora bien, Chile presenta la desigualdad más alta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un 65% mayor que el promedio de los países de ingresos altos. Lo que esto implica es que el país existe la riqueza necesaria para crear una sociedad más igualitaria, pero la financiación requerida para mejorar prestaciones sociales como la salud solo puede salir de allí donde está el dinero. Y el dinero en Chile vive en dos o tres barrios de la capital, aquellos donde arrasó el rechazo a la nueva constitución, y más tarde el candidato ultraderechista José Antonio Kast.

Un vistazo rápido al programa de Boric basta para vislumbrar una nación donde las personas de los estratos más pobres tengan acceso a una salud, una educación y unas oportunidades que igualen a las de la élite
Para aumentar la recaudación del Estado y, de paso, comenzar a reducir la enorme desigualdad del país andino, una de las medidas que propone el programa de Boric es un impuesto a los superricos de un 2,5% sobre todo patrimonio superior a cinco millones de dólares. No resulta excesivo teniendo en cuenta que en España, por ejemplo, el impuesto al patrimonio comienza a partir de los 700.000 euros, y según la comunidad autónoma, puede llegar hasta al 3,5%. Difícil discutir esta medida en un país donde la mitad de la población vive con menos de 500 euros al mes, pero con un coste de vida parecido al de España. Sin embargo, la máquina de propaganda de la derecha chilena no ha tardado en sembrar el miedo a Chilezuela, una debacle comunista que llevará al país a la ruina, donde la gente pobre dejará de morir en listas de espera para cirugías y la gente rica tendrá menos efectivo para segundas residencias este año.

El neoliberalismo imperante tras la caída de la dictadura, y la constitución de 1980, producto de esta, truncaron en Chile lo que debería haber sido una transición hacia un Estado de bienestar que garantizara derechos básicos a los más vulnerables de la sociedad. Un vistazo rápido al programa de Boric basta para vislumbrar el final de esa transición: una nación donde las personas de los estratos más pobres tengan acceso a una salud, una educación y unas oportunidades que igualen a las de la élite. Garantizar una cobertura universal de salud, de calidad y que no provoque dificultades financieras a la población, es un paso adelante en materia de igualdad y derechos, no una medida populista. La desinformación y la generación de miedo son reacciones irresponsables y con claros motivos económicos que buscan mantener un status quo que la sociedad chilena ya sentenció hace tres años. Bajo el mando de Boric, Chile no será Venezuela, pero tiene la oportunidad de ser de los chilenos.

EL PAÍS