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Por Camila Carrasco
Coautor Renata López

Las mujeres hemos sufrido históricamente brechas en el mundo laboral, las cuales a pesar de los avances se han profundizado durante la pandemia. Por ello, uno de los grandes desafíos para la recuperación social y económica es atender los derechos laborales de las mujeres y que el Estado se haga cargo de garantizar que podamos generar nuestros propios ingresos, alcanzar la autonomía y contar con oportunidades de empleo con condiciones laborales seguras.

Las brechas que sufren muchas mujeres, en Chile y en el resto de América Latina, son desafíos que se deben asumir, no sólo en una esfera general, sino que deben atenderse también a nivel subnacional. Por ello, hace falta, no sólo detenerse en la realidad chilena en general, sino que se debe abordar el problema de manera descentralizada y con una perspectiva territorial.

En primer lugar, hay que señalar que la desigualdad en la participación laboral femenina es producto de la división sexual del trabajo. Tradicionalmente las mujeres han realizado el trabajo de reproducción y de cuidados (sin remuneración), de servicios y comercio, mientras que en áreas como la industria, agricultura y mercados financieros la fuerza de trabajo se compone, mayoritariamente, por hombres. En el 2010, en Chile los hombres alcanzaban una participación laboral promedio de 74,2%, mientras que las mujeres llegaban al 46,8%, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2021).

Durante la última década las mujeres aumentaron progresivamente su participación en el trabajo remunerado. Entre noviembre de 2019 y diciembre de 2020 la participación laboral femenina alcanzó su valor máximo de 53,3%. Pero este incremento se vio afectado por la crisis sanitaria y económica producida por el Covid-19, de tal manera que para el trimestre abril-junio de 2020 la participación de las mujeres se redujo al 41,2%, mientras que los hombres llegaron al 62,7%. Si bien entre noviembre y diciembre de 2020, avanzada la pandemia, la participación femenina aumentó al 45,3%, queda claro que hubo un retroceso comparado con el escenario previo a la crisis sanitaria.

Casi la tercera parte de las mujeres mencionaron como razón principal para no participar en el mercado laboral la situación familiar permanente, es decir, la necesidad del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados (INE, 2021). El impacto económico y laboral sobre las mujeres es importante debido a que muchos hogares son encabezados por mujeres, por lo que rápidamente se agotan los ahorros y crece el endeudamiento de estas familias, según concluye el Banco Central de Chile (2021).

Pero más allá de la pandemia, uno de los grandes retos en la desigual participación laboral entre hombres y mujeres es la conciliación de la vida laboral y familiar. Por lo tanto, las políticas de reactivación laboral, con foco en las mujeres, deben ir de la mano con la institucionalización de un sistema de cuidados que permita poner término a las brechas que provienen de cuestiones estructurales. Por ejemplo, las labores de cuidado han sido históricamente una responsabilidad exclusiva de las mujeres, lo que se traduce en jornadas laborales extremas en el caso de las mujeres que además tienen trabajos remunerados.

Sin embargo, la realidad de las mujeres es heterogénea. Las brechas de género varían en la medida que otros factores profundizan dicha desigualdad. En el caso de La Araucanía, —la región más pobre de Chile y donde se vive hace años un profundo conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche— existe una crisis multidimensional con un 17,4% de pobreza y un 5,9% de pobreza extrema que la ubica entre las regiones más desfavorecidas a nivel nacional.

La encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN, 2020) indica que en esta región un 61,5% de las mujeres se encontraban inactivas laboralmente y un 32% de ellas señalaron que la razón principal para no estar buscando trabajo son los quehaceres del hogar y el cuidado de terceros. Un informe realizado por el Observatorio Laboral de La Araucanía (2021) indica que la participación laboral femenina previa a la pandemia llegaba a un 48% y que, debido a la situación sanitaria, en los últimos trimestres de 2020 esta se redujo al 36%. Además, desde que comenzó la crisis, en la región se han perdido 42.000 puestos de trabajo para las mujeres y sólo se han recuperado 19.000.

En Chile existen políticas de inserción laboral para mujeres a cargo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género como, por ejemplo, los programas “Mujeres jefas de Hogar en La Araucanía”, “4 a 7” o “Mujer Emprende y Buenas Prácticas Laborales”. A pesar de que estas políticas pueden contribuir a asumir los desafíos de reactivación económica y laboral, ciertamente no son suficientes. Ante el nuevo contexto de pandemia se requiere, además, rediseñar las políticas, revisar sus instrumentos y distribución de recursos con perspectiva regional, como también, es importante que desde el Estado se reconozcan las labores de cuidado y del trabajo doméstico. Se necesitan además tomar decisiones que contemplen las diferencias regionales y que atiendan sus desigualdades específicas.

La situación laboral de las mujeres tuvo un gran retroceso por la pandemia y el impacto fue mayor para las mujeres con dificultades estructurales que no pueden alcanzar la autonomía económica y un desarrollo laboral pleno. Por ello, el avance hacia una corresponsabilidad efectiva, el fin de los estereotipos de género y la seguridad laboral y protección social de quienes realizan labores de cuidados son un paso urgente.

Camila Carrasco
Centro de Políticas Públicas, Universidad Católica de Temuco. Administradora Pública de la Universidad de Santiago de Chile y magíster en investigación en Políticas Públicas FLACSO, sede Ecuador.

Renata López Martínez es pasante del Centro de Políticas Públicas, Universidad Católica de Temuco. Estudiante de Trabajo Social, Universidad Católica de Temuco.

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