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El próximo año será crucial para definir el rumbo de la nación sudamericana, azotada por más de dos décadas de convulsión política y una debacle económica que afecta la capacidad de la mayoría de satisfacer sus necesidades básicas y que ha impulsado a casi ocho millones de personas a dejar el país en busca de mejores condiciones de vida.

En el segundo semestre, Venezuela será escenario de una contienda electoral en la que los adversarios del gobierno, con renovados bríos y tras haber superado varias discrepancias, intentarán de la mano de la candidata María Corina Machado poner fin a casi un cuarto de siglo del proyecto socialista ideado por el fallecido presidente Hugo Chávez y continuado por su sucesor Nicolás Maduro.

“Tiene que haber un cambio, no podemos seguir así”, dijo a The Associated Press Adelina Alvarado, una comerciante de 52 años. “Los sueldos no alcanzan para comprar lo básico, los más jóvenes se van del país frustrados porque sienten que en el país nunca van alcanzar sus sueños”, añadió.

Los partidarios del gobierno, en tanto, señalan como culpable de la crisis a las sanciones económicas de Estados Unidos impuestas para forzar a Maduro a renunciar argumentando que fue reelecto en 2018 en unos comicios fraudulentos.

El salario mínimo se mantiene inamovible desde marzo de 2022, en 130 bolívares al mes. En ese entonces era equivalente a 30 dólares, aunque ahora es de apenas unos 3,66. En la práctica, el salario mínimo —que reciben millones de venezolanos— es insuficiente para comprar un litro de aceite de maíz al mes, por lo que es común que los trabajadores tengan dos o hasta tres empleos para aumentar sus ingresos.

A lo largo de 24 años de gobierno socialista, Venezuela ha estado sumida en una severa crisis signada por una alta inflación, bajos salarios y elevados precios que ahora se fijan de acuerdo con su costo en dólares.

La oposición confía en capitalizar ese descontento, pero antes debe sortear las numerosas trabas que le impone el gobierno.

Después de años de seguir una tumultuosa ruta que los alejó del voto popular en su desesperación por desalojar del poder a Maduro, en 2023 los principales partidos de oposición retomaron al unísono la vía electoral y organizaron unas elecciones primarias abiertas a todos los venezolanos para elegir a un candidato único que enfrentará al mandatario en 2024.

En esas primarias resultó ganadora Machado con un respaldo popular de 92,35%.

La exlegisladora de 56 años, una de las voces más críticas del gobierno desde que dio el salto a la política en 2010, volvió al sendero electoral después de promover por años fallidas estrategias como protestas masivas y el boicot de sucesivos comicios argumentando que no existían condiciones para elecciones libres y democráticas.

Machado —que en 2010 ganó con 83% de los votos su curul en la Asamblea Nacional unicameral y que luego fue despojada de su investidura parlamentaria por la mayoría oficialista— estuvo por años distanciada de los principales líderes opositores, a los que acusaba de haber fracasado en su política para separar a Maduro del cargo cuando tuvieron bajo su control el Legislativo entre 2015 y 2020.

El respaldo popular en las urnas la sitúa como la única adversaria de Maduro, quien fue elegido por primera vez en 2013 y el próximo año buscará su tercer mandato de seis años. Un enorme reto mientras la embestida del oficialismo contra ella se intensifica.

En junio, luego de la inscripción de Machado para las primarias del 22 de octubre, la Contraloría General, dominada por el gobierno, le impuso una inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos tras asegurar que había participado en una trama de corrupción orquestada por el líder opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino en 2019 cuando encabezaba la Asamblea Nacional. La Contraloría no presentó pruebas.

Machado, empero, no formó parte de la Asamblea Nacional presidida por Guaidó y se contaba entre sus más feroces críticos.

En Venezuela la inhabilitación política es una pena accesoria que se aplica cuando existe una sentencia judicial firme. Los críticos de Chávez y Maduro, entre ellos Machado, denuncian que la inhabilitación ha sido usada por años como un arma política.

Maduro y sus aliados también desacreditaron las primarias y acentuaron sus ataques después de que éstas excedieron las expectativas de participación. Más de 2,4 millones de venezolanos en el país y en el extranjero votaron, incluso en áreas alguna vez consideradas bastiones del partido gobernante.

Seguidamente el Tribunal Supremo de Justicia, integrado por exlegisladores y aliados del oficialismo, suspendió todo las primarias opositoras, incluido su resultado, alegando que pudieron haber violado la ley.

El fallo se produjo cinco días después de que la Fiscalía General, dirigida por un exlegislador oficialista, abrió una investigación a los organizadores de las primarias por los presuntos delitos de usurpación de funciones electorales, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

En un intento por arrojar un manto de dudas sobre las primarias y su legalidad los aliados de Maduro catalogaron de “farsa” las elecciones, cuestionaron la votación y señalaron que las cifras de participación fueron infladas.

El máximo tribunal también ratificó la prohibición impuesta a Machado para postularse a cargos públicos.

Por ello no pocos ven con desconfianza el acercamiento que tuvieron representantes del gobierno de Maduro y un sector de la oposición para revisar las inhabilitaciones en el marco de los diálogos que se reanudaron en Barbados bajo la mediación de Noruega.

El 1 de diciembre la representación diplomática noruega anunció un acuerdo que estableció que los afectados debían acudir personalmente al Tribunal Supremo de Justicia para presentar un recurso contra la inhabilitación.

Existe el riesgo de que una sentencia ratifique la inhabilitación de Machado y afecte su postulación, advirtieron expertos como el abogado y académico Juan Manuel Raffalli. A su vez, desde el punto de vista jurídico, al presentar un recurso contra la inhabilitación los afectados de algún modo estarían dando legitimidad a esa sanción.

Por ello en una reciente rueda de prensa Machado explicó que presentó un recurso en el que le dijo al tribunal que no está inhabilitada porque nunca fue notificada, “por lo tanto, ¿qué acto puede recurrirse si no existe?”.

En un plazo indeterminado el Tribunal se pronunciará sobre la admisión de la demanda. A excepción de las acciones judiciales promovidas por el oficialismo, el resto de las sentencias de esa corte suelen demorar meses, a veces años.

Como colofón la Fiscalía General ordenó la aprehensión de una docena de opositores, entre ellos tres miembros del comando de campaña de Machado, bajo acusaciones de traición a la patria por su supuesta participación en una trama para conspirar contra el reciente referendo para decidir el futuro de una amplia región de la vecina Guyana que Venezuela reclama como propia.

Pese al cúmulo de acciones para truncar su carrera política Machado ha dicho repetidamente que seguirá hasta el final. “Yo hoy estoy más que habilitada por la opinión pública”, aseveró.

Machado no tiene “la menor disposición a ceder su candidatura”, dijo a AP Daniel Varnagy, doctor en Ciencia Política y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. “Ella va a seguir en la contienda, va a seguir en la campaña”, además, “si vamos al texto pequeño o grande de la ley, realmente ella no está inhabilitada”.

Así las cosas si hay algo probable en 2024 es que “las tensiones van a aumentar” si no se resuelve el tema de la inhabilitación, comentó Varnagy.

“Me temo, pero no lo deseo, que va haber algún tipo de aumento de la conflictividad en las calles, lamentablemente”, añadió.

LOS ANGELES TIMES