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Luis Alberto Heber tuvo que presentarse ante una comisión del Senado, donde aseguró que los chats son «una mentira». Mientras tanto, el Frente Amplio anunció la creación de un grupo de seguimiento a la investigación judicial.

La aparición de una serie de chats en los que el exjefe de la seguridad del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, ofrece a un empresario argentino contactos en Inteligencia y el uso de un programa oficial para intervenir celulares provocó un terremoto político en el vecino país. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, tuvo que dar explicaciones ante una comisión del Senado, mientras dirigentes del opositor Frente Amplio hablaron de un “escándalo sin precedentes”.

Alejandro Astesiano estuvo a cargo de la custodia del mandatario uruguayo hasta hace un par de meses, cuando fue detenido acusado de formar parte de una organización que fraguaba documentación para otorgar pasaportes a ciudadanos rusos.

Antes de su detención borró toda la información de su celular, pero la Policía Científica logró recuperar el ciento por ciento del contenido, inclusive varios intercambios que había tenido por WhatsApp, que se encuentran a disposición de la Fiscalía y algunos de los cuales trascendieron en estos días en la prensa local.

Según dio a conocer La Diaria, en una serie de conversaciones de septiembre pasado figura un empresario agropecuario argentino, que produce trigo y soja en la Argentina, Paraguay y Uruguay, al que Astesiano le dio información, supuestamente obtenida a través del sistema El Guardián, que utiliza el Gobierno para ordenar escuchas telefónicas, así como de sus contactos en Inteligencia. De acuerdo con el medio, el empresario quería confirmar si algún vehículo «furtivo» participaba sin autorización en descargas de trigo y soja de su propiedad.

Explicaciones de un ministro
Por su parte, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, compareció el lunes ante la Comisión de Seguridad del Senado y aseguró que es «una mentira» que el exjefe de seguridad presidencial haya podido acceder a El Guardián.

«Sólo puede intervenirse un teléfono cuando lo realizan los operadores telefónicos, y ellos no hacen la interceptación de la llamada si no es con orden judicial, y para que haya orden judicial tiene que haber un pedido de un fiscal, y para que haya un pedido de un fiscal tiene que haber una investigación policial que amerite interceptar ese teléfono. O sea, que es prácticamente imposible que alguien ajeno a la Policía, a la Fiscalía o al Poder Judicial pueda intervenir desde El Guardián”, sostuvo Heber ante la prensa.

El ministro aseguró que no hay otro sistema oficial que no sea El Guardián y que este «está debidamente auditado». «Cada tres meses tiene que auditarse por parte de la Suprema Corte de Justicia”, aseguró, en declaraciones recogidas por el diario El País.

Ante la consulta de la prensa de cómo se explica lo que decía Astesiano en sus chats, el ministro respondió: «No puedo explicar una mentira. Una mentira es una mentira, no tiene explicación”.

La investigación judicial
La fiscal del caso, Gabriela Fossati, había aclarado la semana pasada que no está comprobado que el excustodio haya tenido acceso al sistema. «El hecho de que alguien haga alarde de que puede hacer tal cosa no quiere decir que efectivamente lo haya hecho”, indicó en un comunicado.

De todas formas, la Fiscalía citó para la próxima semana al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario Rodrigo Ferrés, así como a otros funcionarios como testigos después de que en las conversaciones de Astesiano éste sugiriera que tenía acceso al sistema de escuchas, así como a las cámaras del Ministerio del Interior.

De las conversaciones también surge que el excustodio oficial tuvo contacto en julio con alguien supuestamente cercano al sindicalista y empresario argentino Marcelo Balcedo, que fue detenido en 2018 en Uruguay por una condena de evasión fiscal y lavado, que le pide que interceda para lograr una reunión con Lacalle Pou.

“Dale, movete que hay mucha guita”, le dice este hombre a Astesiano. Balcedo cumple actualmente prisión domiciliaria en el este de Uruguay y en mayo inició un juicio por 22 millones de dólares contra el Estado uruguayo, al que acusa de haber frustrado un negocio millonario.

La posición del Frente Amplio

El Frente Amplio (FA) anunció anoche la creación de un grupo de seguimiento a la investigación de Astesiano. «El FA tiene que dar un seguimiento porque posiblemente en el futuro tenga que haber acciones parlamentarias más de fondo», dijo el presidente de la coalición opositora, Fernando Pereira. «No nos precipitamos, no queremos generar un tema de fácil solución, creemos que hubo actos de corrupción graves en el gobierno al lado del presidente y nadie se lo advirtió. Fallaron todos los mecanismos de prevención», aseguró.

Por su parte, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que es considerado uno de los posibles candidatos del FA para las próximas elecciones presidenciales de 2024, habló hoy de un «escándalo sin precedentes». Escribió en Twitter: «Dije que con lo de Astesiano no habían cuidado a la Presidencia. Es mucho peor. La Presidencia hoy aparece involucrada en un escándalo sin precedentes. Más allá de lo que dictamine la Justicia, hay una responsabilidad política que se tiene que asumir. Por el bien de la República».

Lacalle Pou defendió la actuación y aseguró que se está colaborando en la investigación: «El Gobierno no tiene cola de paja. Estamos tranquilos con lo que hicimos. Me puedo equivocar, pero hacer las cosas mal, afuera de la ley, no. Me parece que en este tema hay que ir hasta el hueso”.

Astesiano es uno de los cinco imputados por falsificación de documentos para que ciudadanos rusos obtuvieran el pasaporte uruguayo. Además de él, están implicados en el caso dos ciudadanos rusos, un escribano y su esposa, acusados de formar una red ilícita. A su vez, hay dos jerarcas policiales que están indagados por el caso, uno con cargo «jerárquico» y otro con un cargo «muy jerárquico», según la fiscal.

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