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La decisión, advertida por la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay, generó un amplio rechazo. Ahora los textos de primer año del secundario aluden a: «suspensión y avasallamiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos».

El gobierno de Uruguay eliminó el término «terrorismo de Estado» de las escuelas del país para hablar de la última dictadura cívico-militar. La medida desató una ola de repudios por el avance del discurso negacionista y la queja de los gremios docentes. En 2022 había ocurrido algo similar, pero el Ejecutivo de Luis Lacalle Pou dio marcha atrás.

La medida fue anunciada días atrás y salió a la luz cuando la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay (APHU) denunció que en el nuevo programa de estudios para Primer año de Educación Media Superior se eliminaba el concepto «terrorismo de Estado» para hablar sobre las detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones por parte de las fuerzas estatales.

«No es un cambio inocente»

En lugar de eso el gobierno de derecha de Lacalle Pou, que asumió bajo el paraguas del Partido Blanco, propone hablar en un tono liviano de la «suspensión y avasallamiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos» para hablar de los 12 años de dictadura (entre 1973 y 1985), donde desaparecieron 197 personas y miles debieron exiliarse.

Ante este cambio drástico en los programas educativos, los docentes informaron que «no es inocente», sino que busca profundizar el discurso negacionista en el país. De hecho, desde la APHU recordaron que en 2022 se dio la misma discusión con cambios en el programa de Historia de Noveno Año de Educación Básica Integrada, hasta que las autoridades dieron marcha atrás.

«Tal como lo hizo en 2022, la Comisión Directiva entiende fundamental denunciar estas modificaciones en los nuevos programas de historia, que configuran intervenciones de carácter político e ideológico», dijo la organización docente. En un duro comunicado la APHU expresó su condena a estas decisiones «que una vez más afectan el abordaje del pasado reciente, alejando los contenidos de los programas de la producción historiográfica nacional e internacional, y que, en última instancia, lesionan la condición laica y científica de la enseñanza de la historia».

Los docentes también criticaron la introducción en el programa de un contenido con el nombre «los movimientos guerrilleros y las violaciones a los derechos humanos», alegando que la afirmación «carece de fundamentos, dado que desconoce innumerable normativa legal y bibliografía».

A diferencia de 2022, en esta ocasión la medida se concretó sin que el profesorado de historia se enterara. Si bien los docentes indicaron que el nuevo concepto aparecía en una versión preliminar aprobada en noviembre, luego había sido eliminado del programa definitivo, que días antes del inicio de las clases fue oficializado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Autoridades uruguayas negaron que la medida busque «ocultar el terrorismo de Estado», sino que apunta a que se proteja el derecho a la verdad. Juan Gabito, representante del Consejo Directivo de ANEP por parte del Partido Nacional, dijo en declaraciones al Canal 12 que el objetivo es que el terrorismo de Estado se inscriba «en una realidad social, política e histórica más amplia», y argumentó que la propuesta de los docentes era «parcial e incompleta».

«Volcar la narrativa de la historia»

El profesor e historiador Carlos Demasi manifestó al medio La diaria su acuerdo con el comunicado de la APHU. Según Demasi el gobierno de Lacalle Pou parece adoptar «una visión negacionista» que «intenta amortiguar lo que para la sociedad uruguaya representó la dictadura y todo ese período de terrorismo de Estado». En ese sentido explicó que la versión final del programa de historia sigue una línea argumental que «era clásica en la dictadura», ya que responsabiliza de las violaciones de los derechos humanos de esos años a las acciones de la guerrilla previas al golpe.

Demasi coincidió con la APHU en que «ninguna de las convenciones sobre derechos humanos plantea que un particular pueda violar los derechos humanos, salvo que ejerza las condiciones de poder estatal». El historiador recordó que el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en Uruguay «nunca violó los derechos humanos», aunque sí «cometieron delitos que están previstos en el Código Penal», y remarcó: «El hecho de equiparar los delitos en el Código Penal que el Estado debe castigar y que además fueron castigados duramente durante la dictadura con violaciones de derechos humanos es un intento de volcar la narrativa de la historia».

Los dichos de Demasi a la diaria y otros medios provocaron la reacción del abogado y diputado del Partido Colorado Ope Pasquet. «Supongo que el profesor Demasi se expresó mal y no quiso decir lo que dijo. El delito de homicidio suprime el derecho a la vida de la víctima, que es obviamente un derecho humano fundamental», expresó Pasquet y agregó: «Los delitos cometidos por los agentes del Estado son más graves y merecen mayores penas, sin duda. Pero delitos como el homicidio o la violación también lesionan los derechos humanos, aunque hayan sido cometidos por particulares».

El senador frenteamplista y docente Sebastián Sabini también reaccionó a la noticia. «Años diciendo que en las aulas se adoctrina, insultando a docentes y subestimando estudiantes, para intentar imponer una mirada sesgada y contra toda la evidencia histórica», se quejó sobre el actual gobierno a través de un tuit. «Uruguay sufrió el terrorismo de Estado, aunque los negacionistas quieran ocultarlo», agregó Sabini.

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