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El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, decidió este 1 de abril cesar y destituir a seis generales por encubrir la declaración del exmilitar José Nino Gavazzo, autor de la desaparición y muerte en el año 1973 del guerrillero tupamaro Roberto Gomensoro; hecho que llegó a confesar ante un Tribunal de Honor Militar, tras el fin de la dictadura cívico-militar en el país (1973-1985).

Precisamente, los generales suspendidos habían formado parte de dicho tribunal, pero nunca llegaron a informar de las palabras ni de la responsabilidad de Gavazzo. Entre ellos, como altos rangos, estaban el recién nombrado comandante en jefe del Ejército, José González (desde el 18 de marzo), y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún (desde el 1 de febrero), a los que Vázquez ha decidido “pasar a retiro obligatorio”.

Asimismo, la Presidencia uruguaya solicitó a la Cámara de Senadores “promover” los “retiros” de los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo, bajo el amparo de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

Años después se publicaron las actas del Tribunal de Honor

Fue el diario El Observador (de Montevideo) el que divulgó parte de las actas del Tribunal de Honor, poniendo sobre la agenda del presidente Vázquez este acto del Ejército. Entre las planas se podía leer la confesión de Gavazzo, quien describía que había detenido, torturado y tirado él “solo” al río Negro el cadáver de Gomensoro: “Yo lo cargué al vehículo, yo manejé al vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote y lo tiré del bote. Yo solo”, expresó entonces el militar confeso.

Luego de leer estas líneas de manera pública, el mandatario uruguayo pidió “con carácter urgente” al Ministerio de Defensa los antecedentes de actuaciones del Tribunal, el cual “de inmediato elevó el expediente”, que fue remitido a la Fiscalía, que no tenía conocimiento del mismo.

Por ahora, la Fiscalía ya se ha decidido a investigar esta posible omisión de confesión que, para el fiscal de Corte Jorge Díaz, consultado por EFE, “todo indica que ahí debió efectuarse una denuncia. Hay una cadena de mando y en definitiva quien debe poner en conocimiento de la Justicia es el superior”.

“Según surge de las declaraciones vertidas por indagados en el fuero mencionado, existen hechos confesados, entre ellos por José Nino Gavazzo Pereira, que constituyen delitos, advirtiéndose, sin embargo, que el Tribunal de Honor y el Tribunal de Honor de Alzada, omitieron de forma deliberada cumplir con el mandato disciplinado en el artículo 77 del Decreto 55/985″, explica el Gobierno.

Más grave si cabe, cuando el Tribunal ya había juzgado antes a otros exmilitares culpables de delitos vinculados a la privación de libertad y el abandono de dos niños, en concreto a Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas y Luis Maurente.

Desenterrando los crímenes de la dictadura uruguaya

En este contexto es que el anterior comandante en jefe del Ejército, Manini Ríos, fue sustituido por González. Ya que, en lugar de investigar estas violaciones de derechos humanos durante la dictadura, el general había hecho “graves cuestionamientos al Poder Judicial”, en vez de perseguirlos. Lo que supone una “grave omisión”, a ojos de Presidencia, que “conociendo o debiendo conocer la consecuencia de la presunción de un delito, omite dar curso a la denuncia pertinente”.

Los precandidatos a las elecciones del partido de izquierda Frente Amplio se decantaron más por apoyar Tabaré Vázquez. Lo mismo que los familiares afectados, organizados en ‘Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Uruguay’.

“Los integrantes del Tribunal no encuentran que estos crímenes lesionen el honor de las Fuerzas Armadas, así como tampoco entienden pertinente remitir estas declaraciones a la Justicia, siendo esa su obligación. Esto pone de manifiesto cuál es la concepción del honor que tienen hoy los mandos militares y la doctrina que los motiva”, declaró este 1 de abril el movimiento, que cree que el próximo jefe de los militares debe ser interrogado, para conocer “su posición sobre el periodo de Terrorismo de Estado”, y “se le debe exigir una condena expresa” sobre lo ocurrido.

Con EFE y medios nacionales