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El cargo, que no existe en la Constitución del país, supone un nuevo avance del matrimonio presidencial sobre el orden democrático

Sentada a su diestra, Rosario Murillo se sonrojó levemente y agregó un ademán halagüeño cuando el presidente Daniel Ortega, su esposo, la nombró “copresidenta” de Nicaragua el pasado lunes. El nombramiento es de facto porque no lo contempla ni la Constitución que el caudillo sandinista reformó en 2014 para quedarse indefinidamente en el poder. Fue un acto público y teletransmitido, uno de los pocos que la pareja presidencial ha protagonizado durante una campaña electoral sin competencia, que finalizará sin mayores aspavientos tres días antes del 7 de noviembre, fecha en la que se realizarán comicios generales sin garantías y cargados de cuestionamientos sobre su legitimidad.

Ortega presidió un acto de entrega de autobuses rusos en medio del desencanto mayoritario provocado por la liquidación de las elecciones, la represión y el encarcelamiento de sus críticos, según la última encuesta de CID-Gallup. Al mandatario lo acompañaba uno de los escasísimos aliados internacionales que le quedan, Rusia, a través del embajador en Managua, Alexander Khokhólikov, y otros enviados moscovitas que se apoyaban de una traductora para entender la loa de Ortega a su mujer y vicepresidenta en funciones.

“Aquí [en Nicaragua] tenemos dos presidentes porque respetamos el principio de 50-50, o sea aquí tenemos una copresidencia con la compañera Rosario”, proclamó Ortega, haciendo referencia al “modelo de equidad de género” en los cargos públicos, que le ha servido para justificar el posicionamiento de Murillo en la primera línea de la sucesión constitucional, así como su omnímoda preponderancia en el gobierno y el partido sandinista.

“Todos los días se está comunicando con nuestro pueblo, dando a conocer todo lo que se está haciendo en beneficio de las familias nicaragüenses, sin hacer diferencias políticas, sin hacer diferencias ideológicas allí van las obras multiplicándose todos los días en nuestro país”, remarcó Ortega a sus foráneos invitados, y enfatizó el nombramiento tocando el hombro de Murillo. No es la primera vez que su esposo y presidente le concede un rango tan elevado.

En la campaña electoral de 2016, cuando Ortega no había encarcelado como ahora a todos sus adversarios, él inscribió como su fórmula presidencial a Murillo, pasando por encima de la vieja guardia sandinista, que mostró un rechazo tácito a la vicepresidencia “de la mujer del comandante” por encontronazos y diferencias con ella. La primera dama oficializaba así su ascenso a la primera línea de mando del Ejecutivo, luego de ejercer informalmente una especie de rango de “superministra” desde 2007, cuando Ortega regresó a la presidencia, un cargo que se labró con constancia y cuyo génesis de influencia muchos críticos ubican en el encubrimiento del abuso sexual que denunció su hija, Zoilamérica, a manos de su pareja.

El nombramiento de copresidenta adquiere notoriedad en un contexto en el que la pareja presidencial ha cerrado por completo el espacio democrático, y ha confeccionado una elección a su medida, que consolida una “dictadura familiar y un régimen de partido único”, en el que la disidencia se paga con prisión. Opositores perseguidos han catalogado los comicios como “una farsa” cuyo resultado es la “ilegitimidad”. Además, ven en este nombramiento varias providencias políticas que Ortega toma.

“Son varias lecturas. El primero es que este nombramiento tiene la intención de consolidar la dictadura familiar, pero también revela el temor que Ortega tiene de su propia desaparición por edad o afectaciones en su salud”, plantea a EL PAÍS Óscar René Vargas, analista político y disidente sandinista. “Está preparando el escenario político para que Murillo pueda sucederlo sin fractura y sin protesta al interior del orteguismo, porque ha habido demasiada manifestación de que ella no goza del apoyo de la base del orteguismo. Es como reforzar la sucesión. Aunque ya la garantizó al nombrarla vicepresidenta, ahora trata de que la base social que lo escucha acepte que Murillo es la sucesora”.

Fuentes de la vieja guardia sandinista, que por temor piden no ser identificadas, coincidieron en que Murillo siempre ha tenido aspiraciones presidenciales. Sin embargo, las protestas de 2018, que fueron reprimidas con brutalidad por policías y paramilitares, resquebrajaron el panorama de sucesión deseado por la primera dama. En especial porque los principales aliados del Gobierno, como el sector privado, la iglesia y hasta el mismo Estados Unidos, rompieron con la administración sandinista. La respuesta oficial fue más represión y persecución, agravando la crisis sociopolítica que, según analistas, pudo haberse superado con una elección libre y competitiva.

Murillo ha sido sancionada en tres ocasiones y señalada por la comunidad internacional por cometer graves violaciones a los derechos humanos, de ser responsable del desmantelamiento de las instituciones democráticas y de actos de corrupción. Todo ello se ha conjugado para “entorpecer su sueño presidencial”, insisten las fuentes sandinistas.

“Ortega también está tratando de darle este beneplácito a Murillo, porque no puedo ofrecerle ser la candidata a la presidencia. Ella aspiraba a la candidatura este año… y entonces Ortega sale con la solución salomónica de nombrarla copresidenta, sin tener la capacidad legal para que sea efectivo”, remarca Vargas.

“Co-dictadora”

A partir de la crisis de 2018, la idea de que Murillo solo se ocupaba de la parte administrativa del Gobierno, mientras que Ortega de las grandes decisiones políticas, sobre todo ante el gran capital y las fuerzas armadas, quedó obsoleta. Por ejemplo, unos correos electrónicos filtrados de Murillo expusieron que ella lideró la respuesta a las protestas contra Ortega. Fue la autora de la frase “vamos con todo”, la orden que dio a la policía y al aparataje sandinista para usar la violencia contra los manifestantes. Es por eso que el exdiputado Enrique Sáenz, exiliado en Costa Rica, prefiere llamarla “codictadora” y no copresidenta.

“Considerando que esta pantomima electoral aparentemente nadie le atribuye resultados válidos, seguir llamando presidente a Ortega sería un reconocimiento implícito. De ahí que me inclinaría más por ‘codictadora’. Pienso que su sueño (presidencial) no está truncado y sus aspiraciones siguen tan vivas como siempre. Mientras Ortega tenga vida ella no tendrá oportunidad. El problema es que sin Ortega, también su oportunidad sería muy reducida”, valora Sáenz.

Haydée Castillo, cientista social, analista política y también perseguida por el régimen Ortega-Murillo, no solo cree que la “copresidencia” sella “un sistema dictatorial dinástico mezclado con nepotismo”, sino que demuestra que el círculo de confianza de la pareja presidencial es cada día más cerrado.

“Ellos están llenándose cada vez de mayor desconfianza al ver que su proyecto está totalmente fracasado y que probablemente en estos tiempos solo se sostiene por la represión, por el terrorismo de Estado, por el papel de las fuerzas de seguridad con su represión. Pero están clarísimos de que cada día su legitimidad interna y externa es más decadente”, enfatizó Castillo. Mientras, el mediodía de este jueves, la copresidenta Murillo declaró vívidamente en su alocución diaria: “Aquí estamos, siempre, siempre dignos, siempre, siempre libres, siempre trabajando para consolidar la paz y el bien”.

EL PAÍS