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Los beneficiados por la legislación fueron acusados, imputados y hasta sentenciados por delitos de lesa humanidad cometidos durante de un conflicto armado interno que dejó 70 mil muertos y 20 mil desaparecidos.

El Congreso peruano aprobó una ley de impunidad para los represores. Controlado por bancadas de derecha y extrema derecha, con el fujimorismo como la principal fuerza de esa coalición, el Congreso, aliado del gobierno de Dina Boluarte, ha aprobado una ley de amnistía para militares, policías y miembros de las autodefensas civiles responsables por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno que en los años 80 y 90 dejó cerca de 70 mil muertos y 20 mil desaparecidos. Fue aprobada con 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones.

Esta ley de amnistía y los discursos escuchados en su defensa han sido como un retroceso a la negra década de los años 90 de la dictadura de Alberto Fujimori, quien en 1995 dio una amnistía para los violadores de los derechos humanos, la que luego, en 2001, fue anulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La amnistía aprobada ahora por el fujimorismo y sus aliados favorece a los represores sentenciados y a los que están siendo procesados por matanzas de comunidades campesinas, secuestros, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales, y otros crímenes cometidos extensivamente en el marco del conflicto armado interno que entre 1980 y 2000 dejó cerca de 70 mil muertos y 20 mil desaparecidos. Se indica que la amnistía es para los mayores de 70 años, lo que incluye a la gran mayoría de los responsables por los graves crímenes cometidos hace más tres décadas.

Impunidad

Esta amnistía dejará en la impunidad más de 750 casos de violaciones a los derechos humanos. Se beneficiarán los represores sentenciados en 156 casos -que llegaron a juicio y a una sentencia luego de largos años y muchas trabas-, que saldrán libres con esta ley, y se cortarán más de 600 procesos judiciales en marcha.

Con el discurso negacionista que impone la derecha -al estilo de la vicepresidenta argentina Victoria Villarruel- que busca reescribir la historia convirtiendo a los represores en supuestos “héroes de la lucha contra el terrorismo”, los promotores de esta amnistía defienden la impunidad diciendo que los graves crímenes que se cometieron no fueron violaciones a los derechos humanos sino “acciones de guerra contra el terrorismo” -afirmación que niega la realidad de que la gran mayoría de las víctimas fueron civiles desarmados, campesinos especialmente, y en muchos casos niños-, y señalan que las demandas de justicia de las víctimas y los procesos judiciales a los represores son “una persecución”.

Organismos derechos humanos y familiares de las víctimas han denunciado que esta ley implica una “impunidad inaceptable” que le niega el acceso a la justicia a miles de víctimas y la han calificado como “un retroceso sin precedentes” en los avances logrados en el país en la búsqueda de justicia. Han recordado que esta amnistía va en contra del derecho internacional que prohíbe otorgar amnistías a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, y han anunciado que recurrirán a las instancias judiciales internas e internacionales para anular esta amnistía.

Derecho internacional

“Condenamos esta amnistía que es una impunidad contraria al derecho internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se expresó en contra de las amnistías para graves violaciones a los derechos humanos. Los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados. Esta amnistía golpea la memoria y la dignidad de los pueblos, de hombres, mujeres, niños y niñas que sufrieron atrocidades. En América Latina hoy el Perú lidera la adopción de medidas legales que allanan la impunidad y conducen a políticas de olvido, esto es altamente dañino para la democracia. No se trata, como se dice, de una amnistía para quienes lucharon contra el terrorismo, porque las víctimas son civiles, comunidades campesinas, estudiantes, ciudadanos, incluso niños y niñas. No se puede justificar, y mucho menos aceptar, las violaciones a los derechos humanos”, señaló Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

El abogado Caros Rivera, del Instituto de Defensa Legal, precisó que promulgada la amnistía en cada caso los sentenciados y procesados tendrán que pedir a un juez la aplicación de esta ley y que los jueces tienen la facultad de no aplicarla por considerar que viola los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos. “Esa es la batalla judicial en sede interna que vamos a dar”, anunció. Recordó que hace un año, en un primer paso para la impunidad, el Congreso aprobó una ley que declaraba, contra el derecho internacional, la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del año 2002, y que en muchos casos los jueces se han negado a aplicar esa ley. “Luego de la derrota que han tenido para acogerse a la ley de prescripción, el balance ha sido ir al Plan B, que es la ley de amnistía. Corresponde una respuesta de los jueces penales, tengo el convencimiento que el sistema de justicia difícilmente va a negar lo que ha venido escribiendo desde hace dos décadas, declarando que las leyes de amnistía en casos de derechos humanos son inválidas, hay un conjunto de pronunciamientos consolidados en la jurisprudencia peruana en ese sentido”, declaró Rivera.

En esa línea, la abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), recordó que luego que Fujimori dio la amnistía de 1995 una jueza se negó a aplicarla, y señaló que “ahora hay muchos jueces comprometidos, que están señalado que antes que la ley están las obligaciones internacionales del Estado. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional y jurisprudencia de la Corte Suprema de que no proceden las layes de amnistía en casos de derechos humanos”. Informó que en paralelo recurrirán a instancias internacionales para evitar la aplicación de esta amnistía. “Ya hemos informado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esta ley, y vamos a informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las Naciones Unidas sobre este avance de impunidad que está desarrollando el Estado peruano”.

Teófila Ochoa era una niña cuando en 1985 una patrulla militar asesinó a 69 personas, incluidos más de veinte niños, en la comunidad campesina de Accomarca, en la andina región de Ayacucho. Fue una de las pocas sobrevivientes. Quedó huérfana. El jefe de esa patrulla, Telmo Hurtado, que actuó cumpliendo órdenes superiores, es el único militar preso por esa masacre, fue condenado en 2016 a 25 años. Esta amnistía le permitiría salir libre. “Esta ley que libera a los asesinos de muchos crímenes nos duele. Han matado, han quemado, a nuestros seres queridos, y hoy quieren que los asesinos sean libres, no podemos permitirlo. Mi pueblo está llorando. Muchos pueblos están sufriendo este duro golpe que nos han dado. Dónde está la justicia peruana”, dijo, entre lágrimas, Teófila Ochoa. Esta es una de las muchas matanzas de campesinos, y otros graves crímenes, que quedarían impunes con esta amnistía.

La amnistía a los represores tendrá que ser ratificada en una segunda votación en el Congreso y luego promulgada por la presidenta Boluarte, quien carga su propia historia de violaciones a los derechos humanos con la muerte por disparos de las fuerzas de seguridad de medio de centenar de manifestantes contra su gobierno. Horas después que el Congreso aprobó la amnistía, el Ejecutivo anunció la formación de una comisión para estudiar el retiro del Perú del sistema interamericano de derechos humanos, lo que apunta a consagrar la impunidad. El anuncio lo hizo el jefe del gabinete ministerial, Eduardo Arana, durante su presentación en el Congreso para pedir un voto de confianza, que la derecha le otorgó.

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