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El mandatario nicaragüense se postula por octava vez a la presidencia en un contexto marcado por las graves violaciones a los derechos humanos y la persecución contra toda expresión disidente

El partido gobernante de Nicaragua, el Frente Sandinista, ha inscrito a Daniel Ortega y Rosario Murillo como candidatos para concurrir el próximo siete de noviembre a unas elecciones generales en las que los principales contrincantes opositores han sido apresados por orden de la pareja presidencial. Después de ser ratificados de forma virtual por el “Congreso Sandinista Nacional Heroico Pancasán” en una votación unánime -similar a la de los congresos de Cuba y de Corea del Norte- con cánticos “al grito de guerra”, la fórmula fue oficializada ante un Poder Electoral también controlado por el régimen.
Es la octava vez que Ortega se postula a la presidencia en sus 37 años de carrera política y su cuarta vez consecutiva en un contexto marcado por las graves violaciones a los derechos humanos y la persecución total de su régimen contra toda expresión disidente. Antes de oficializar su candidatura -que reafirma de hecho la reelección indefinida- Ortega ordenó entre los meses de abril y junio la detención de 31 líderes opositores. Entre ellos destacan los siete precandidatos presidenciales con más arrastre para hacer contrapeso al mandatario y a su esposa, quien este lunes fue sancionada junto a otros siete altos funcionarios de Gobierno por la Unión Europea (UE). Entre los penalizados, figura el hijo de la pareja, Juan Carlos Ortega Murillo, por su condición de director de uno de los principales canales de televisión del país y líder del Movimiento Sandinista 4 de mayo.

Algunos sectores opositores han denunciado que los Ortega-Murillo han configurado una “elección a su medida” al sacar de la contienda a figuras como Cristiana Chamorro (la precandidata que más simpatías genera según las encuestas), el politólogo Félix Maradiaga, el campesino Medardo Mairena y Juan Sebastián Chamorro, entre otros. La comunidad internacional ha condenado duramente el cierre de la salida electoral y, precisamente, las sanciones impuestas por la UE fueron motivadas por el deterioro de los últimos meses. “El uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la inhabilitación arbitraria de los partidos de la oposición son contrarios a los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense”, sostuvo Europa.

Sin embargo, en el discurso de aceptación de la nominación, Ortega insistió en su radicalización y azuzó un discurso nacionalista que condena “la injerencia” de las potencias del “Yanqui [EE UU] y europeos”.

“Es normal que en las familias discrepemos, pero que en la familia salga alguien a buscar al yanqui y al europeo para que vengan a agredir, a poner el hierro, el yugo a su familia en su tierra… ese, desde ese momento, deja de ser nicaragüense y se convierte en vendepatria”, dijo Ortega en referencia a los opositores presos, a quienes la Fiscalía acusa por el supuesto delito de “traición a la patria” y “lavado de dinero” con el que “el imperio financió el terrorismo en Nicaragua”, una referencia a las protestas sociales de 2018. “Esos no merecen respeto alguno. Es un traidor a su familia, un traidor a la patria”, insistió.

La inscripción de candidatos tenía como fecha tope este dos de agosto, de acuerdo al calendario electoral impuesto por los Ortega-Murillo. Aparte de la inscripción de la fórmula presidencial sandinista junto a sus diputados (la mayoría repiten), al Poder Electoral llegaron otros pequeños partidos políticos a registrar a sus aspirantes. Se trata de media docena de pequeñas agrupaciones sin mayor peso, y que orbitan en torno al régimen, razón por la cual son tildadas de “colaboracionistas”.

La inscripción que más polémica causó fue la de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL). Después que Ortega apresara a sus rivales más populares, este partido decidió concurrir a unos comicios que carecen de garantías de competitividad y transparencia, según organismos electorales independientes. ACxL inscribió como candidatos presidenciales a uno de los antiguos jefes de la contrarrevolución —la guerrilla financiada por Washington para derrocar al Gobierno sandinista en los ochenta—, Oscar Sobalvarro, y a la ex miss Nicaragua Berenice Quezada, una outsider política de 27 años y sin recorrido alguno en estas lides.

Una buena parte de la oposición criticó a ACxL por decidir una fórmula presidencial de manera unilateral, dejando al margen a socios como la Alianza Cívica. Algo que se materializó con la renuncia de varios integrantes de la formación política. ACxL cuenta con el aval jurídico para participar en los comicios, aunque es visto con recelo por una parte de la oposición, dada su persistencia en seguir en un proceso electoral que es considerado viciado, tanto en Nicaragua como en el exterior. Sin embargo, este partido insiste en la teoría de que la gente votará por ellos por el hartazgo hacia el gobierno Ortega-Murillo.

“Después de las detenciones arbitrarias contra 30 opositores en los últimos dos meses, incluido mi esposo Félix Maradiaga, el proceso electoral debería ser desconocido y deslegitimado porque no cumple con ninguna garantía. ¿De qué elecciones estamos hablando? ¿De qué candidatos estamos hablando? Se debe condenar y rechazar absolutamente este proceso electoral”, dijo Berta Valle, esposa de uno de los opositores presos. En la misma línea opinó Victoria Cárdenas, esposa del economista y opositor encarcelado Juan Sebastián Chamorro: “los precandidatos que habían acordado correr sin dividir el voto están desaparecidos, exiliados o bloqueados… entonces no podemos hablar de elecciones cuando la oposición está secuestrada”.

EL PAÍS