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El régimen copresidencial da un paso más hacia el control total de la información con una ley de telecomunicaciones que somete la red al espionaje estatal y hace del ente regulador un brazo de vigilancia

Daniel Ortega y Rosario Murillo han ampliado hasta internet la censura que su régimen copresidencial impone. Así queda cercado también el último reducto para la libertad de expresión y prensa que quedaba en Nicaragua para las voces disidentes. Con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, la Administración bicéfala no sólo impone un cambio técnico en cómo se organizan las redes, las antenas o internet en el país centroamericano, sino que consolida un esquema de censura total en el último espacio que existía para expresar disenso.

De acuerdo con grupos opositores, que la han bautizado como “ley mordaza”, uno de los aspectos más alarmante es el poder total que se le otorga al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR). A la cabeza de este organismo está Nahima Díaz Flores, hija del jefe de la Policía Nacional, el comisionado Francisco Díaz, y cuñada de uno de los hijos de la pareja presidencial. Según la normativa número 1223, entre muchas amplias prerrogativas, el ente regulador podrá exigir datos estadísticos y georreferenciados a operadores y proveedores audiovisuales.

Los proveedores deberán estar alineados con la Policía –el principal brazo represivo de la pareja copresidencial– y los servicios de inteligencia, lo cual consolida un sistema de vigilancia digital capaz de reconstruir quién se comunica con quién, desde dónde, con qué frecuencia y a qué horas. Alexa Zamora, autora del informe Ley de telecomunicaciones convergentes y su impacto en el ejercicio de los derechos humanos, es una de las expertas más citadas en estos días por los medios de comunicación nicaragüenses. Ella advierte de que la “Ley de Telecomunicaciones Convergentes, en conjunto con las reformas a la Ley de Ciberdelitos y la adhesión al Convenio de Ciberdelincuencia de las Naciones Unidas, puede establecer un marco legal que facilite la restricción de la libertad de expresión y otros derechos digitales en Nicaragua”.

“Aunque la regulación de las telecomunicaciones y la lucha contra el ciberdelito son objetivos legítimos, es fundamental que estas leyes se implementen con respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, lo cual en un contexto como el de Nicaragua claramente no se cumple”, alerta la experta.

Entramado de vigilancia

Esta nueva normativa, aprobada la semana pasada, se suma a otras leyes punitivas impulsadas por el régimen sandinista después de 2018, el año de las protestas sociales, las cuales han sido usadas para acallar toda voz crítica, en especial la del periodismo que –pese a la persecución y el exilio sistemático– aún resiste y usa como principal herramienta internet y las redes sociales.

Esas leyes son la de Ciberdelitos, con las que la pareja presidencial decide qué es una noticia falsa y puede imponer hasta ocho años de prisión. Y la Ley de Agentes Extranjeros, que criminaliza la cooperación internacional y la de “traición a la patria”, que incluye pérdida de la nacionalidad y confiscación de bienes. Previo a la entrada de la Telecomunicaciones Convergentes, el régimen sandinista ya había empezado a asediar la red con el bloqueo de dominios .com.ni de medios independientes, la presión a compañías de televisión por cable para sacar canales críticos de la parrilla, y las amenazas de TELCOR contra radios y televisoras locales, sin incluir la prisión política y el acoso que ha provocado que más de 250 periodistas estén en el exilio.

Una ley que se vende como moderna

A juzgar por lo que dice el oficialismo, la ley 1223 surge como una necesidad de modernizar todo el marco de telecomunicaciones: telefonía fija y móvil, internet, televisión por cable, servicios de streaming, uso del espectro radioeléctrico, satélites y hasta ciertas plataformas digitales. Sin embargo, en los artículos 1 y 3, la ley esconde la daga: no solo regula los servicios públicos de telecomunicaciones, sino también los servicios de comunicaciones audiovisuales, el uso del espectro radioeléctrico, los recursos de numeración, las señales satelitales que aterrizan en el país y a cualquier persona o empresa que importe equipos de telecomunicaciones.

TELCOR, la misma institución que financia y organiza granjas de troles afines al Gobierno y que fueron clausuradas por Meta, es la que manda y decide todo. “Dicho de forma sencilla: si hasta ahora el régimen controlaba sobre todo el contenido —cerrando medios, bloqueando webs, intimidando a periodistas—, con la Ley 1223 aspira a controlar también las tuberías por donde viaja la información. No sólo qué se dice, sino por dónde se dice, con qué calidad, quién lo facilita, en qué condiciones y a quién le rinde cuentas”, advierte el periodista Néstor Arce, director del medio de Divergentes y uno de los mayores conocedores de temas tecnológicos.

“Donde la ley muestra con más claridad su macabro objetivo de control es en el bloque dedicado al suministro de información, la supervisión y la fiscalización. El artículo 110 obliga a los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones y a los proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales a entregar ‘toda la información que le sea requerida’, incluyendo información estadística y georreferenciada, de forma periódica o a partir de requerimientos específicos de Telcor”, explica Arce.

Los expertos señalan que el impacto de vigilancia será notable en flancos como identificar redes de personas, sin leer un solo mensaje, ya que Telcor, al pedir todas las conexiones de una usuaria, y cruzarla con el aparataje de vigilancia e inteligencia recientemente denunciado por el Grupo de Expertos de Naciones Unidas, puede reconstruir un mapa de relaciones de alguien o un mapa geográfico de movimientos y patrones de actividad de opositores o quienes considere sospechosos.

Asimismo, podrán rastrear reuniones territoriales de opositores y cartografiar el consumo de información independiente. “Supongamos ahora un medio exiliado que emite un noticiero por YouTube y que, todos los días a las ocho de la tarde, recibe un pico de visitas desde Nicaragua. Desde el punto de vista de la red, es un grupo de dispositivos que se conectan, a la misma hora, a un mismo dominio o servidor”, ejemplifica Arce en su artículo. “Pero si Telcor tiene acceso a datos estadísticos agregados, puede saber en qué zonas del país se concentra la audiencia de ese medio. Si cruza esa información con datos socioeconómicos o con registros del Consejo Supremo Electoral, puede perfilar qué tipo de población está consumiendo contenido crítico. En un escenario más intrusivo, podría incluso elaborar listas de teléfonos que acceden de forma reiterada a dominios ‘incómodos’ para, después, bloquear selectivamente esos sitios en ciertas regiones o dirigir campañas de propaganda específicas contra esos públicos”.

Ante la entrada en vigor de esta ley de Telecomunicaciones Convergentes, la paranoia de los nicaragüenses se triplica y los obliga no sólo a callar, sino a tomar muy en serio el uso de herramientas como VPN y otro tipo de precauciones digitales. De eso es lo que se habla, subrepticiamente, en las redes sociales y grupos cerrados de mensajería.

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