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Los principales partidos de la oposición exigieron este lunes (7) al Gobierno la destitución de los responsables militares y policiales que tomaron parte en el operativo contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el que fallecieron dos niñas de 11 años que estaban con esa guerrilla.

Las formaciones, agrupadas bajo la Mesa de Presidentes de Partidos de Oposición, denunciaron esas muertes y el proceder de la Fiscalía después de que las menores fueron abatidas el miércoles en dos choques entre el EPP y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), compuesta por militares y policías.

«Tienen que ser removidos de sus cargos estos militares y policías que actuaron, no es posible que ellos sigan al frente», declaró en rueda de prensa Miguel Abdón Saguier, dirigente del Partido Liberal, el mayor de la oposición.

Asimismo, el exsenador dijo que ambas murieron en un «episodio cubierto con una manta de oscuridad tratando de encubrir la forma de actuar de la fuerza represiva».

En el mismo acto, Carlos Filizzola, presidente del Frente Guasu, la mayor formación de izquierda, calificó de asesinato esas dos muertes y criticó el que el presidente del país, Mario Abdo Benítez, visitara el campamento guerrillero que se halló tras los enfrentamientos.

Denunció además que ambas fueron enterradas en una fosa común de un cementerio municipal ese mismo día y sin ser identificadas, una celeridad que la Fiscalía justificó ante el protocolo contra la COVID-19.

«Han asesinado a dos menores con la presencia en ese lugar del presidente de la República, la Fiscalía también han quemado evidencia, las han enterrado en menos de dos horas tratando de ocultar lo que habían hecho. Vamos a exigir que esto se aclare totalmente no vamos a dejar como otros múltiples casos», dijo Filizzola.

DESARTICULACIÓN DE LA FTC

Esas formaciones instaron a la derogación de la normativa por la que fue creada la FTC al considerar que la Constitución prohíbe la participación de los militares en tareas de seguridad interna.

«Sin embargo es la Fuerza Armada la que está liderando esta tarea. Es decir, estamos volviendo a la doctrina de la seguridad nacional que se instauró en muchos Estados de América Latina y que sustentó en la violación más cruel de los derechos humanos», declaró Saguier.

TRATADO DE MINNESOTA

El dirigente liberal se refirió lo manifestado este domingo por Jan Jarab, representante en Suramérica de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que solicitó al Gobierno una investigación imparcial.

Jarab apeló a la importancia de tener presente el Protocolo de Minnesota, sobre el Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.

Al respecto, Saguier señaló que «el terrorismo no tiene códigos éticos, pero un Estado de derecho sí».

«Creemos que la Fiscalía, en su investigación, se ha alejado del protocolo de Minessota como lo ha dicho el alto comisionado de las Naciones Unidas», dijo.

Jarab había además señalado que la investigación debe indagar en las responsabilidades directas en el incidente y todo el nivel jerárquico involucrado en la operación, así como en la posible alteración del lugar de los hechos.

Unas expresiones a las que respondió la Cancillería paraguaya calificándolas de «irresponsables».

EJECUTIVO RESPONDERÁ ANTE EL CONGRESO

La comparecencia de los partidos opositores se dio poco después de que el Ejecutivo solicitara al Congreso celebrar una sesión reservada en la que ofrecer a los detalles de cuestionado operativo en el que murieron las dos niñas.

El ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, explicó a los medios que con la sesión legislativa se busca «transparentar todo el procedimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta, considerando que como institución no tenemos nada que esconder».

El viernes pasado el Gobierno argentino pidió una investigación y confirmó que las menores tenían 11 años y nacionalidad argentina.

Estas edades fueron ratificadas por la Fiscalía paraguaya el sábado, tras un segundo análisis forense.

El Gobierno afirma que las niñas nacieron en Paraguay y que crecieron en Argentina, desde donde salieron en noviembre pasado para visitar a sus padres en el campamento guerrillero, según señaló el sábado uno de los fiscales del caso.

Y sostiene que las niñas tomaron parte en los enfrentamientos y responsabiliza de sus muertes al EPP por reclutar en sus filas a menores.

EFE