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Los sectores políticos de la oposición crítica al Gobierno de Peña denunciaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Embajada de la Unión Europea (UE), Embajada de los Estados Unidos de América y ante el cuerpo diplomático acreditado en el Paraguay el sistemático deterioro de la democracia en el Paraguay por medio de los cambios de las reglas electorales.

“Expresamos nuestra profunda preocupación ante el progresivo y sistemático deterioro de la democracia representativa y pluralista en la República del Paraguay, un proceso que amenaza los fundamentos del Estado de Derecho y los derechos políticos de la ciudadanía”, señala.

Afirma que este retroceso, impulsado por el oficialismo “cartista” y acompañado por sus aliados, se ha identificado con la aprobación de leyes electorales restrictivas y paquetes de reformas que limitan gravemente la participación ciudadana y el pluralismo político, siguiendo un patrón autoritario, similar al observado en otros países de la región, que han retrocedido gravemente.

Hacen un relato de que en diciembre del año pasado, el Congreso, dominado por el cartismo, por medio de la Ley 7449/24 se derogó de la “ley de inscripción automática”, impidiendo que aproximadamente 580.000 ciudadanos paraguayos, en su mayoría jóvenes y de sectores vulnerables, formen parte del registro electoral, desde el 1 de enero de 2025, como estaba previsto.

En la denuncia señalan que “esta acción constituyó un ataque directo al derecho al voto y a la representatividad democrática, excluyendo a un segmento significativo de la de la población de la participación política, sobre todo personas de la tercera edad o compatriotas viviendo en el extranjero”.

También mencionan que en el abril de 2025, los mismos actores que impulsaron la ley anterior, concretaron en la Cámara de Senadores la mutilación de la Ley 3212/2007 “de concertaciones” eliminando la posibilidad de utilizar el padrón nacional para la conformación de alianzas electorales, pese a que, en su momento, el Tribunal Superior de Justicia Electoral se pronunció a favor de su utilización.

Según los opositores, esta normativa restringe la capacidad de, los partidos de oposición para organizarse y competir en igualdad de condiciones, consolidando el control del Partido Colorado sobre el sistema electoral. Lamentan que el problema no acabe allí, ya que un nuevo paquete de modificaciones electorales está siendo impulsado por el cartismo donde “las reformas están destinadas a profundizar el control del partido oficialista sobre los procesos electorales, socavando aún más la transparencia, la competitividad, la legitimidad de los comicios, generando de facto las condiciones para un gobierno de partido único”, indica.

Mencionan que este conjunto de medidas, refleja una estrategia deliberada para debilitar las instituciones democráticas, restringir los derechos políticos y perturbar el poder de una élite política, en clara violación de los principios establecidos en nuestra misma Constitución Nacional, la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos internacionales.

Alertan que Paraguay se encamina al autoritarismo

Mencionan que con los retrocesos citados, el Paraguay “se encamina peligrosamente hacia un modelo de autoritarismo”, similar a países donde las elecciones se han convertido en herramientas para legitimar regímenes antidemocráticos. “Por todos estos motivos hacemos un llamado urgente a la comunidad de internacional para que se interiorice de esas denuncias”. Asimismo, les piden:

Condene las acciones que atentan contra la democracia en Paraguay, incluyendo las leyes electorales restrictivas y toda reforma que limite la participación electoral.
Exija al gobierno paraguayo su compromiso de no acompañar iniciativas legislativas que vulneren los derechos políticos de los conciudadanos, garantizando elecciones libres, justas y transparentes.

Active los mecanismos de monitoreo previstos en los tratados internacionales, como la Carta Democrática Interamericana, para prevenir un mayor deterioro democrático.
Brinden todo el apoyo a los actores democráticos en Paraguay que resisten estos avances autoritarios, enfrentando desinformación, persecución y violencia política, como fue el caso de la inconstitucional expulsión de la senadora Kattya González (independiente).

Indican que más allá de la propaganda, el deterioro de la situación democrática en Paraguay representa una amenaza para la estabilidad democrática de la región, “por lo que instamos a los organismos internacionales a actuar con celeridad y firmeza para evitar que el país se sume a la lista de democracias desmanteladas en América Latina”, señala la última parte de la denuncia.

Fue firmada por 10 senadores Eduardo Nakayama (independiente), Ever Villalba, Celeste Amarilla y Lider Amarilla del PLRA. Asimismo, el senador Ignacio Iramain (independiente), Rubén Velázquez y José Oviedo de Yo Creo, Esperanza Martínez (FG), Rafael Filizzola (PDP) y Yolanda Paredes (CN).

También firmada por 26 diputadas y diputados: Rocío Vallejo (PPQ), Miguel Martínez (PLRA), Pastor Vera Berjarano (PLRA), Billy Vaesken (PLRA), Dalia Estigarribia (PLRA), Diosnel Aguilera (PLRA), Arnaldo Valdez (PLRA), Alejo Ríos (PLRA), Freddy Franco (PLRA), Carlos María López (PLRA), Rodrigo Blanco (PLRA), Roya Torres (PLRA), Antonio Buzarquis (PLRA), Cleto Giménez (PLRA), Carlos Pereira (PLRA), María Constancia de Benítez (PLRA).

Asimismo, Pedro Gómez (PLRA), Marcelo Salinas (PLRA), Emilio Pavón (PLRA), Walter García (Yo Creo), Leidy Galeano (Yo Creo), Guillermo Rodríguez (Yo Creo), Johanna Ortega (País Solidario), Alexandra Zena (Cruzada Nacional), Rubén Rubín (AEN) y Raúl Benítez (AEN).

También los 4 presidentes de partidos de la oposición: Hugo Fleitas (Partido Liberal Radical Auténtico), Stephan Rasmussen (Partido Patria Querida), Nilda Cuevas (Partido Revolucionario Febrerista), Pedro Almada (Partido Frente Amplio).

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