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Por Claudia Espinoza I.

El silencio que encubre la violencia política hacia las mujeres se va rompiendo más lento de lo que quisieran las víctimas que renuncian o denuncian cuando les quieren arrebatar sus cargos, ante lo cual la justicia patriarcal es totalmente ciega.

Dina Chuquimia, vocal del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) reveló que en la gestión 2021, “el Órgano Electoral Plurinacional atendió 185 casos de renuncia de autoridades políticas electas, de los cuales 30 casos fueron derivados al Ministerio Público como denuncias por acoso y violencia política, y los otros 155 casos han sido renuncias voluntarias”.

Desde la organización social Juana Azurduy, Epifania Zenteno, como ejecutiva nacional opina que “donde más se escucha sobre la violencia política es de parte de las autoridades electas. Cuando la titular es mujer y el suplente es varón, éste siempre está cuestionando, buscando un montón de excusas para hacer renunciar. También cuando una autoridad mujer denuncia el poder político actúa sobre jueces y fiscales. Hoy vivimos colonizados, donde prima la violencia”.

Ante esta cruda realidad que afecta directamente el avance en los derechos de las mujeres de manera subrepticia, el TSE propondrá en la próxima Cumbre Nacional contra el Acoso y la Violencia Política una ley para implementar un Código de Ética de aplicación obligatoria en las instituciones públicas, particularmente en las Asambleas Legislativas departamentales y Concejos Municipales, donde se presenta la mayor cantidad de casos.

El más reciente fue conocido hace poco, cuando tres concejalas de la ciudad de La Paz fueron ultrajadas porque realizaban una huelga de hambre en protesta por el aumento de la tasa de recojo de basura y la contratación de un crédito externo que el Alcalde Iván Arias pretendía concretar.

La vicepresidente del Concejo de La Paz, Eliana Paco Paredes, denunció la agresión entre lágrimas, lo que la concejala Roxana Pérez Castillo refrendó declarando que funcionarios ediles les impidieron ingresar a un salón donde les propinaron patadas, puñetes, pellizcos e insultos. Ellas anunciaron un juicio para dar con los responsables.

Desde la Defensoría del Pueblo, Nadia Cruz, manifestó: “se hizo la verificación de este hecho y se tomó testimonio de las víctimas, quienes ratificaron que fueron agredidas por funcionarios ediles, contra los que anunciaron la denuncia respectiva… Conforme a la Ley 243, Ley contra el Acoso y la Violencia Política, este suceso se constituye en vulneración a los derechos de las mujeres representantes elegidas por el pueblo”.

Hace unos meses dos subalcaldesas de los macrodistritos Mallasa y Centro, Sheyla Dávalos Flores y Jaqueline Chavarría Torrez, fueron destituidas por Arias tras denunciar acoso político, laboral y sexual. Pese a que ellas denunciaron a la instancia de Transparencia de la Alcaldía los casos no fueron investigados.

En Bolivia la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política está vigente desde el 2012, sin embargo, no se aplica adecuadamente por lo que casos denunciados, principalmente en territorios regionales, quedan en la impunidad. Incluso el asesinato de la concejala Juana Quispe, cometido ese mismo año, aún no fue esclarecido.

Este tipo de violencia permanece en silencio la mayoría de las veces, por lo que los foros y plataformas que se construyen con la sociedad civil contribuyen a develar aristas que se desconocen estando lejos de los espacios de poder. Por todo ello, los partidos políticos tienen un llamado de alerta para democratizar y despatriarcalizar las filas internas de sus militancias.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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