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La Cámara de Diputados ha aprobado este miércoles la llamada Ley Ingrid, una reforma del Código Penal Federal que busca castigar la distribución de imágenes de una víctima con hasta con 10 años de prisión tanto a funcionarios públicos como a ciudadanos que difundan, fotografíen, copien, publiquen imágenes, videos, audio, documentos o evidencia de una investigación penal o información relacionada con una víctima. El dictamen fue aprobado por una mayoría de todos los partidos presentes, con 470 votos a favor. Ahora deberá pasar al Senado para su votación.

La decisión de la Cámara baja de cambiar el artículo 225 del Código Penal Federal llega antes que la propia resolución del feminicidio de Ingrid Escamilla, la mujer que da nombre a la reforma, asesinada a manos del que era su pareja en 2020. Las fotografías de su cuerpo descuartizado fueron filtradas por la policía de Ciudad de México y publicadas en la portada de varios medios, entre ellos, Metro de Grupo Reforma y La Prensa. Dos años después de aquello, la investigación sigue sin avanzar, atascada en las entrañas de la Fiscalía local.

El caso Escamilla puso el foco en la difusión de imágenes de víctimas y en los esfuerzos por prohibir la revictimización de las mujeres asesinadas y sus familias. También puso a la sociedad frente al espejo del morbo y el consumo desmedido de una extrema violencia con la que cada día desayunan millones de personas. La difusión de las imágenes generó tal indignación que hubo encendidas protestas frente a algunos de los periódicos que utilizaron la imagen de la mujer.

Este cambio reciente en la legislación federal, ya había sido aprobado el año pasado en algunos Estados del país, como Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Colima. El resto de entidades tienen un lapso de 180 días para hacer las modificaciones pertinentes que empaten con la ley federal. La reforma aprobada sanciona la filtración de información de las víctimas, una práctica muy extendida entre policías y funcionarios públicos. En la fundamentación del dictamen, Felipe Fernando Macías, presidente de la Comisión de Justicia recalcó que la reforma tiene como objetivo que aquellos funcionarios como peritos, policías e investigadores tengan prohibida la “difusión, comercialización de imágenes, videos, material, cualquier información relacionada con un hecho delictivo, con las condiciones de la víctima o cualquier ámbito relacionado con el proceso penal”.

Laura Imelda Pérez Segura, la diputada del partido Morena que ha presentado la iniciativa, ha señalado que la Ley Ingrid busca acabar con la revictimización y la violencia institucional que sufren las mujeres en México. Las sanciones que plantea la reforma serán mayores en un 33% si la difusión tiene que ver con contenido de mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad. Pérez Segura ha agregado que difundir este material contribuye al aumento de este tipo de delitos contra las mujeres, con más de un 95% de impunidad. “Es indispensable marcar un antes y un después [del caso de Ingrid Escamilla]. Que se tipifiquen y castiguen esas conductas que tiene la intención de causar perjuicio, especialmente contra mujeres víctimas de feminicidio”, ha dicho la diputada.

La medida busca garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sin embargo, el rezago de la justicia y la impunidad que nace de las investigaciones de los delitos siguen lastrando la violencia machista en México. Cada día son asesinadas 10 mujeres en el país y la cifra lejos de reducirse, crece cada año. Más de 3.000 mujeres fueron asesinadas en 2021. De esos homicidios, alrededor de un tercio fueron clasificados como feminicidios. El caso de Ingrid Escamilla, por ejemplo, todavía no ha llegado a la etapa de juicio oral contra su asesino y las audiencias se han retrasado por la pandemia. La Fiscalía local investigó en su momento a seis agentes tras la filtración de las imágenes y procesó por ello a uno de los primeros policías que llegó a la escena del crimen: fue apartado de su cargo y acusado por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, un delito penado con hasta tres años de cárcel.

El País