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Cilia Flores y Diosdado Cabello harán “una revolución profunda y acelerada” del sistema de justicia por la que, entre otras medidas, pretenden solucionar el hacinamiento en las cárceles del país

Nicolás Maduro ha anunciado este lunes una reforma del Poder Judicial en Venezuela. En una sesión del Consejo de Estado, el presidente venezolano encargó a su esposa, Cilia Flores, y al número dos del chavismo, el diputado Diosdado Cabello, emprender una “revolución profunda y acelerada” del sistema judicial. “En Venezuela hace falta una revolución que estremezca, que sacuda, que transforme todo el sistema de justicia del país”, afirmó en un acto retransmitido por el canal estatal VTV. En los primeros 60 días, esta comisión deberá presentar propuestas para solucionar el hacinamiento en las cárceles del país, según explicó Maduro.

Cabello, que habitualmente hace acusaciones a opositores desde su programa de televisión que terminan en encarcelamientos arbitrarios, se comprometió a vaciar en un mes los calabozos policiales, cuyos detenidos casi igualan a la población que está en cárceles formales, en peores condiciones de reclusión —sin alimentación ni acceso a agua potable y servicios médicos— y mayor hacinamiento. En Venezuela, hay algo más de 37.000 presos en 52 prisiones, pero la capacidad es para 26.000. “Asumimos esta responsabilidad como un necesario estremecimiento del Poder Judicial. Ha mejorado sustancialmente, pero no lo necesario”, señaló Cabello tras su designación.

Una generación de perseguidos y exiliados

La medida es una nueva respuesta política del chavismo a dos de los golpes más duros que ha recibido en los últimos años. Las denuncias ante la Corte Penal Internacional, que ha acumulado evidencias en su examen preliminar de que en Venezuela se han cometido delitos de lesa humanidad; y los informes de la Alta Comisionada para Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre las graves violaciones de derechos humanos que se comenten en Venezuela. En su informe de julio de 2020, precisamente ha recogido la falta de independencia del sistema judicial, sometido al Poder Ejecutivo —al igual que la comisión que ahora lo reformará— “al punto de que los jueces no toman decisiones sin consultar sus fallos con los presidentes de los Circuitos Penales”.

Este martes, la Comisión Internacional de Juristas de América Latina presentó un informe sobre Venezuela en el que denuncia nuevamente la parcialidad del Poder Judicial desde su máximo estrado, controlado políticamente por el Partido Socialista Unido de Venezuela que operativamente dirige Cabello como vicepresidente. “Hoy, en Venezuela, el derecho a la justicia no está garantizado, en la medida en que no tenemos un sistema de jueces independientes e imparciales”, dijo el vicepresidente de la CIJ, Carlos Ayala Corao, durante la presentación del informe. “El deterioro de la independencia judicial repercute en la falta de rendición de cuentas de los funcionarios públicos y debilita la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos, lo que a su vez vulnera los derechos de las víctimas. Además, dado el control que ejercen los miembros del Gobierno sobre el Poder Judicial, los jueces no solo son incapaces de proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos y de la represión derivada de motivaciones políticas, sino que el Poder Judicial, en muchos casos, ha sido utilizado como herramienta de represión contra los disidentes”, se lee en el informe.

Aunque la Constitución establece que la carrera judicial debe hacerse a través de concursos de oposición públicos, en Venezuela más del 85% de los jueces ocupan cargos de carácter provisional, una de las principales causas de las fallas del Poder Judicial. Son designados o destituidos por el Supremo que, tras una primera reforma judicial impulsada durante los primeros años del Gobierno de Hugo Chávez, creció en su número de magistrados, lo que le aseguró una correlación de votos favorable.

La comisión nombrada por Maduro se ha conformado principalmente para resolver el problema del hacinamiento en los recintos de detención preventiva. “El problema del retardo procesal que provoca este hacinamiento no se resuelve trasladando unos presos de un lugar a otro. Es un problema que ocurre por muchas causas, porque los fiscales no presentan los escritos de acusación o por las constantes suspensiones de las audiencias”, explica Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia. “Nos preocupa que esto se haga con elementos contrarios a los derechos humanos y que estos cambios redunden en más represión y un cierre mayor de los espacios democráticos en Venezuela”.

Otras reformas

El abogado recuerda que este no es el único frente en el que el chavismo está aplicando reformas. En la Asamblea Nacional electa en diciembre pasado se está haciendo una reforma del Código Penal, de la que poco se conoce, pero que podría incorporar disposiciones de cuestionadas e inconstitucionales normas como la Ley contra el Odio, que sancionó en 2017 la Constituyente paralela convocada por Maduro para hacer contrapeso al Parlamento que tenía en contra.

El pasado febrero también se anunció una reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana que no ha tenido mayores resultados. Bachelet ha reiterado en varios de sus informes la necesidad de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de ese cuerpo de seguridad, al que se le atribuyen la mayor parte de 6.000 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2018 y 2019, según la misión de la expresidenta chilena. “Esto nos puede poner en un horizonte como el de Nicaragua hoy, que con el auxilio del Poder Judicial están metiendo presos a todos los precandidatos opositores, usando jueces, fiscales y policías para esto y también quitándole personalidad jurídica a los partidos de oposición”, advierte Daniels.
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