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El Senado aprueba en lo general la ley que regula el proceso de revocación de mandato propuesto por el presidente para que los mexicanos decidan si debe o no continuar en el cargo

Andrés Manuel López Obrador se propuso, desde el primer día que tomó posesión del cargo como presidente de México, continuar en campaña. No bastaba que por fin, después de más de 12 años luchando por la presidencia, hubiera obtenido una aplastante mayoría, más de 31 millones de votos en 2018. Y que el país lo hubiera elegido para gobernar seis años. A mitad de su sexenio, anunció, promovería una consulta para ratificar o revocar su mandato. Una herramienta inédita que exigió un cambio en la Constitución en 2019 y que requería una ley para regular su aplicación. Los senadores, a punto de finalizar el periodo legislativo, han aprobado este lunes a contrarreloj el dictamen en lo general que sienta las bases de lo que será un acontecimiento insólito en la historia política del país. Y, aunque todavía falta su aprobación total en el Congreso, la medida reabre de nuevo el debate sobre la polarización.

“¿Estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?”, es la pregunta propuesta a última hora por el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. El Senado ha aprobado el dictamen de ley este lunes en una sesión extraordinaria a menos de un mes de que finalice el periodo legislativo. Y aunque falta la discusión y votación de algunos puntos en el Pleno, la mayoría de la que dispone Morena con su aliado ultraconservador, Encuentro Social, puede resolver en los próximos días a favor de la propuesta del presidente.

La idea inicial consistió en una declaración de intenciones de López Obrador frente a sus antecesores en el cargo. El proyecto de la Cuarta Transformación se vería sometido a una revisión ciudadana a mitad de su mandato que forzaría a elegir de nuevo a un presidente ya electo o, por el contrario, a retirarlo de manera inminente del puesto y obligar al Congreso a elegir a un sustituto interino. Una herramienta que el presidente anunció como un acto inédito de rendición de cuentas y de democracia participativa. Tras un intenso debate político en 2019 y una reforma constitucional, se concretó que la medida debía regirse bajo los mismos criterios de una consulta popular, organizada desde la ciudadanía y no desde el Ejecutivo.

Y aunque lo establecido por la Constitución es que la consulta la organice la ciudadanía y convoque a un mínimo de firmas del 3% del censo electoral (unos 2,8 millones de personas) para solicitarla y que estas se encuentren distribuidas entre al menos 17 Estados, ha sido el presidente y miembros de Morena quienes han acelerado en los últimos días el proceso. López Obrador incluso puso una fecha: marzo de 2022. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, criticó en una entrevista a la cadena CNN el escaso avance de la ley que regulaba el proceso: “No hay ley, nadie sabe a ciencia cierta cómo se tendría que hacer, y eso es preocupante”, advertía a principios de agosto.

Hasta ahora, lo que manda la Carta Magna es que se requiere un mínimo del 40% de participación para que la consulta sea válida, es decir, alrededor de 37 millones de votos. Y una mayoría absoluta para evitar la revocación. Unas cifras de movilización difíciles de conseguir, según los opositores e incluso algunos morenistas, tras el batacazo de la última consulta del 1 de agosto para enjuiciar a los expresidentes, que contó con un raquítico 7%. Para evitar un proceso desastroso, los miembros de Morena han propuesto en el dictamen que el INE organice un enorme despliegue de casillas, equivalente al número de urnas que se instalaron en las elecciones presidenciales de 2018, más de 156.000. Un esfuerzo logístico de grandes dimensiones para un organismo con escasos recursos que obligará a una reestructuración del presupuesto de cara al año que viene.

En los últimos días, López Obrador ha convertido el asunto de la revocación de su mandato en un enfrentamiento abierto contra la oposición. Y se ha colocado de nuevo en el centro del ring electoral del que no ha salido desde hace casi dos décadas: él contra todos. En una conferencia de prensa de la semana pasada agitaba así a sus rivales: “Desde ahora convoco a mis adversarios, con todo y sus medios, así como se agruparon en la pasada elección, ahora de nuevo. Si pierdo, me voy”. En el debate en la Comisión Permanente del Senado este lunes, el excandidato a gobernador de Guerrero —acusado de violación y abuso sexual— Félix Salgado Macedonio provocaba también a la bancada opositora: “¡Alégrense! Deben aprobar esta propuesta sin regateo alguno. La pregunta es bastante clara y ustedes le tienen miedo a esa respuesta, les da pavor”.

“Desde que se presentó la iniciativa ha tenido un carácter político más que un fin de participación ciudadana. La intención del presidente es mantenerse activo y en campaña y poder beneficiar a su partido y consolidar la mayoría de nuevo. Desde el origen se planteó más como una ratificación de su mandato que como una revocación”, critica la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle. “Es lamentable porque estos mecanismos en el mundo se piensan como la posibilidad de ejercer el derecho a decidir en temas de la vida cotidiana, pero en todo caso es un mecanismo donde es la ciudadanía quien tiene la llave y no que se active desde el poder público con una estrategia político electoral, para seguir teniendo un manejo político de todos los temas que suceden en el país”, añade la diputada.

En un contexto político más enfrentado que nunca, en el propio espíritu de la consulta se obliga a dividir al país entre los que lo apoyan y quienes lo rechazan, no un proyecto en concreto, ni una medida específica, sino a él y la Cuarta Transformación. “Yo creo que este presidente fue electo para cumplir, que cumpla sus años de Gobierno y rinda cuentas. Por algo fue electo”, insiste Tagle.

La polarización de la vida pública del país, que el presidente ha escalado durante sus casi tres años de Gobierno a todas las esferas, incluidas las del poder judicial, legislativo, el órgano electoral, medios de comunicación y sociedad civil, muestra ahora una nueva afrenta, según la oposición: la de dividir a la ciudadanía. “Esta consulta te obliga a ponerte de un lado. Si bien hay personas que han optado por no estar ni de un lado ni del otro, deberán hacerlo. Y no estamos para dividir más al país. En un momento de desafíos económicos enormes debido a la crisis sanitaria y a la falta de decisiones administrativas, deberá atender otros problemas de mayor calado como para encima envolver al país en otro proceso polarizante. No veo nada de ciudadano en algo así”, añade Tagle.

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