Legisladores de la oposición presentan una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el presidente Santiago Peña
Paraguay
La denuncia presentada por un grupo de parlamentarios opositores refiere un incremento patrimonial del 1.603%, supuestos vínculos con empresas beneficiadas con fondos públicos y el testimonio de la exfuncionaria de Mburuvucha Róga, Luz Candado, sobre supuestos sobres con dinero en efectivo en la residencia presidencial.
El documento, firmado por las diputadas Johanna Ortega, Leidy Paola Galeano Chávez, y los diputados Raúl Benítez y Adrián Darío Vaesken, junto a los senadores Rafael Filizzola, Rubén Velázquez, Esperanza Martínez e Ignacio Iramain, cuestiona la evolución del patrimonio neto de Peña entre 2014 y 2023.
Los legisladores, representados por los abogados Felino Amarilla y Kattya González , argumentan que el incremento observado viola la Ley 1.160/97, la Ley 2.523/04 y el artículo 29 del Código Penal.
El texto refiere que, en abril de 2014, al asumir como director del Banco Central del Paraguay, Peña declaró un patrimonio neto de Gs. 914.728.047, compuesto por ahorros modestos (alrededor de Gs. 51.750.000 en cuentas bancarias), un crédito por cobrar de Gs. 420.000.000 a la empresa Optima SRL, un inmueble baldío en Asunción valuado en Gs. 725.000.000, un vehículo Toyota Hilux 2006 (Gs. 108.000.000) y bienes muebles por Gs. 170.000.000, menos deudas por Gs. 561.021.953.
Para enero de 2015, como ministro de Hacienda, el patrimonio neto subió ligeramente a Gs. 1.007.330.943, con variaciones menores como la adquisición de un Toyota Corolla usado 2009 y una reducción parcial de deudas.
En junio de 2017, al dejar el cargo, se mantuvo en Gs. 1.007.330.943, con un ajuste posterior a Gs. 1.351.955.763 tras pagar parte de una hipoteca con la Caja de Jubilados y Pensionados Bancarios.
El salto más grande -refiere la denuncia- ocurrió en agosto de 2023, 15 días después de asumir la Presidencia: el patrimonio neto alcanzó Gs. 23.024.303.342, un crecimiento del 1.603% en seis años (de Gs. 1.351.955.763 en 2017 a la cifra actual), equivalente a un aumento de Gs. 21.672.347.579.
Los denunciantes afirman que este incremento no se justifica con los ingresos públicos o privados declarados de Peña, quien entre 2017 y 2023 se desempeñó como director titular del Banco Basa en el sector privado.
La denuncia detalla que, para 2023, Peña declaró depósitos por Gs. 190.583.016 en cuentas del Banco Basa y Financiera Ueno Holding SAECA, créditos por cobrar de Gs. 641.596.000 y tres inmuebles (incluyendo una vivienda de 800 m² en Santísima Trinidad y otra en San Bernardino de 5.012 m²) valuados en Gs. 6.569.378.800. Además, un vehículo Toyota Fortuner 2021 (Gs. 350.000.000) y bienes muebles elevados a Gs. 350.000.000.
El foco principal recae en activos financieros por Gs. 14.749.000.000, invertidos en acciones, bonos y certificados de depósitos (CDAs) en entidades como Real Viviendas EAS, Ueno Holding SAECA, Estelar SAE, Interfisa Banco, Itti SAECA, Mercoeste SAE, Cecon SAE, Pyfblo1v5130, Banco Basa, Financiera Finexpar, Financiera Paraguayo Japonesa, Financiera FIC, Financiera Ueno y Banco Continental.
Los legisladores señalan que muchas de estas firmas han fortalecido vínculos con el Estado durante el gobierno de Peña, lo que podría configurar un supuesto tráfico de influencias. Hicieron énfasis en la participación de Peña en Credicentro (ahora Ueno Holding), donde adquirió 1.500 acciones preferidas Clase K en 2019 por Gs. 1.500.000.000. La denuncia vincula esta empresa a una fusión en 2020 con Pasfin y LCR, ligada a Carlos Andrés Oleñik Memmel –preso por lavado de dinero en la operación «Pavo Real» relacionada con el narcotraficante Jarvis Pavão–. Otros accionistas incluyen a allegados al presidente como Roberto Moreno Rodríguez (asesor jurídico), Juan Carlos López Moreira y Francisco Peña Palacios (familiar). En 2021, el Grupo Vázquez se consolidó como mayoritario, y en 2025 absorbió Ueno Holding, donde Peña mantuvo acciones hasta abril.
«Resulta sospechoso que el mayor aumento patrimonial ocurra justo antes de su asunción como presidente, sin verificación por la Contraloría General de la República», afirman los denunciantes, citando una respuesta oficial de la entidad que desestimó un examen de congruencia pese a reconocer la anomalía.
Los congresistas exigen al Ministerio Público individualizar coautores, requerir informes a la Bolsa de Valores y firmas como MF Economía o Investor para rastrear la revalorización de activos, y verificar la correspondencia entre ingresos y bienes.
NODAL
